El Congreso ordena la publicación de la Ley de Víctimas sin cambios
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad regresar las observaciones que el Ejecutivo federal hizo al decreto de la Ley General de Víctimas , debido a que estas se hicieron en forma extemporánea, reportó la agencia Notimex.
Los legisladores respaldaron además la postura del presidente del Senado de la República, José González Morfín, quien el 29 de junio ordenó la publicación inmediata de esta legislación, ya promulgada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El presidente Calderón propuso modificaciones al proyecto con la finalidad de mejorarlo y dar certeza sobre a quién tiene la responsabilidad de atender a las víctimas.
Entre las propuestas se contemplaba elevar a rango constitucional la responsabilidad que cada nivel de gobierno tiene en el tema, desde los municipios hasta la federación.
Sin embargo, el acuerdo aprobado determinó devolver “las observaciones al titular del poder Ejecutivo Federal en virtud de que fueron enviadas a esta Comisión Permanente de manera extemporánea”.
En el salón de plenos se encontraba el poeta y dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, quien al conocer los resolutivos de la Permanente, resaltó que se trató de un “gran acto republicano”, agregó Notimex.
Con la mano en el pecho agradeció a los diputados y senadores por esta decisión de apoyar el ordenamiento de la publicación inmediata de la Ley General de Víctimas, posteriormente se acercó y estrechó la mano a José González Morfín.
Los legisladores que integran la Comisión Permanente plantearon lo establecido en la Constitución, que indica que el Presidente de la República tuvo 30 días para hacer dichas observaciones desde abril cuando fue aprobada esta legislación.
Sin embargo, no lo hizo en tiempo y forma, ni tampoco en los 10 días posteriores a este primer periodo, la ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y en cambio, el pasado 3 de julio el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, regresó al Congreso de la Unión este decreto con observaciones fuera de tiempo.
La ley obliga al Estado a dar asistencia y protección a las víctimas , a través del establecimiento de mecanismos, acciones y medidas para las distintas acciones de gobierno. Entre ellas, contempla el pago de hasta 500 veces el salario mínimo mensual como reparación de daños.
El dinero del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral provendrá de diversas fuentes, entre ellas una partida contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para esto se dispondrá de recursos obtenidos por fianzas, multas y bienes decomisados al crimen organizado.
La ley también plantea la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual será el máximo encargado de tomar decisiones en la materia y sus resoluciones serán obligadas para las autoridades federales.
Las instituciones creadas por la ley realizarán algunas funciones de las que actualmente se encuentra a cargo la Procuraduría Social de Atención de las Víctimas del Delito (Províctima), creada en octubre de 2011 por decreto presidencial.
La ley busca combatir la doble victimización que ocurre con las víctimas de la violencia en México , que sufren violaciones en las instancias de seguridad y procuración de justicia después de padecer los crímenes de la delincuencia organizada.
Más de 47,500 personas han muerto en México en relación con el crimen organizado desde diciembre del 2006, según cifras de la Procuraduría General de la República (PGR). Ese año, el gobierno federal inició su estrategia de combate al crimen organizado.
