Diferencias entre Ejecutivo y Legislativo frenan Ley General de Víctimas

Los desacuerdos entre la Secretaría de Gobernación y el Congreso mexicano han frenado la públicación de la norma
| Otra fuente: CNNMéxico
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) -

La controversia en torno a la Ley General de Víctimas, que prevé dar compensaciones económicas hasta por 900,000 pesos a las víctimas del delito y la violencia en México, continúa sin resolverse.

Esta ley fue aprobada desde el pasado 30 de abril por el Congreso y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) estaba prevista para el 30 de junio, pero esto no ha sucedido por un desacuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El Secretario de Gobernación, Alejando Poiré, insiste en no publicar el dictamen hasta que no se hayan discutido las observaciones que se le hizo el Ejecutivo, en tanto, la comisión permanente del Congreso rechazó las observaciones y ordenó la publicación de esta ley, surgida a partir de las demandas de organizaciones de atención de víctimas de la violencia, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Los legisladores argumentaron que las observaciones fueron emitidas fuera de los tiempos legales, ya que el límite era el 9 de junio.

Este martes, Poiré hizo un llamado a los legisladores trabajar en la aprobación, aunque ninguna de las partes ha anunciado cuándo podrían iniciarse estos trabajos.

Los integrantes del Movimiento por la Paz expresaron su rechazo a la postura del Ejecutivo, que ha insistido en no publicar la ley hasta que se valoren sus observaciones.

"El presidente Calderón con su actitud, con su manera de despreciar y rebajar a las víctimas y de no aprobar y no publicar la Ley como lo mandata la Constitución, pues no nos está ayudando al proceso", dijo Javier Sicilia, uno de los líderes del Movimiento, en entrevista con CNNMéxico.

"Sí le pedimos que reaccione, porque esto afecta profundamente un trabajo que estamos haciendo por la dignidad, por la paz, por la justicia de este país", señaló.

Poiré ha rechazado que las observaciones hechas por el Ejecutivo tengan la intención de retrasar la publicación, sino tener una ley más eficiente.

"Lo importante es tener una buena ley”, dijo. “Lo importante es impedir que con la publicación de la ley hagamos sufrir más a las víctimas del delito".

Por su parte, Leonel Godoy, coordinador de los perredistas en la comisión permanente, señaló que el Ejecutivo federal incurrió en desacato al no publicar la Ley de Víctimas.

“Ellos (el Poder Ejecutivo) han anunciado la posible decisión que están valorando si promueven una controversia constitucional, están en su derecho, pero por lo pronto es una obligación constitucional publicar esta ley, es una nueva disposición que tiene la Constitución para hacer prevalecer las decisiones del Congreso en materia de elaboración de leyes”, dijo a representantes de medios de comunicación.

¿Qué cambios pide el Ejecutivo?

El primer cambio que propone el Ejecutivo es respecto a las autoridades responsables de la protección de las víctimas, explicó el pasado 4 de julio Rubén Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

“Pensamos que el mecanismo conforme al cual los tres órdenes de gobierno deban atender a las víctimas, debe ser elevado a rango constitucional", con lo que buscan evitar que alguna autoridad, de cualquier nivel de gobierno, pueda "escaparse de su responsabilidad en materia de atención a víctimas”.

Para Eliana García, del Movimiento por la Paz, este tipo de especificaciones son innecesarias, pues tras la reforma en materia de derechos humanos, la Constitución marca que el Estado mexicano, en todos sus niveles, es el encargado de reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

“La Ley General de Víctimas establece que las víctimas del delito se van a atender de acuerdo con lo que dice el apartado C del artículo 20 de la constitución”, agregó.

La segunda especificación hecha por el Ejecutivo señala que falta especificar mecanismos que garanticen que las víctimas sean protegidas y que el delincuente se haga cargo de pagar los daños que haya cometido.

Y finalmente, en referencia a la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (Províctima) -creada por decreto presidencial en octubre del 2011-, proponen que “se aproveche el presupuesto, se aproveche el tiempo de aprendizaje y la especialización que esta institución ha desarrollado”, pues en menos de un año, dice, ha atendido a más de 7,000 víctimas.

Províctima ofrece atención médica y psicológica a las víctimas, además de asesoría jurídica gratuita  en los casos que se requiera.

Propone Ejecutivo negociar

Si bien tanto los legisladores como los funcionarios del gobierno federal han manifestado la necesidad de dejar resuelta la controversia por la Ley General de Víctimas antes de que termine la 61 legislatura, aún no hay un anuncio oficial respecto a cómo y cuándo se instalarán las mesas de negociación.

En conferencia de prensa realizada el 17 de julio, Poiré informó que instalará una mesa de trabajo con legisladores para procurar que la Ley se apruebe en la próxima sesión de la comisión permanente y no tenga que esperar a la nueva legislatura.

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Dado que esta es la primera vez que en México se presenta este tipo de alegatos entre ambos poderes federales, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que no existen mecanismos para poder destrabar legalmente estas situaciones.

“Quien tiene en este momento el deber moral, ético y legal de poder desarrollar el asunto en beneficio de las víctimas de la nación y de la sociedad civil sería una comisión encabezada por el Secretario de Gobernación y por el presidente del Senado”, dijo.

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