El Ejecutivo lleva ante la Suprema Corte controversia por Ley de Víctimas
El debate entre el gobierno federal y los legisladores por la publicación de la Ley General de Víctimas fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Ejecutivo presentó una demanda de controversia constitucional para que la Corte determine si las observaciones enviadas al Legislativo sobre esta legislación se presentaron a tiempo, informó este viernes la Secretaría de Gobernación (Segob).
La controversia incluye el "acto por el que se devuelven las observaciones formuladas" por el gobierno, según el comunicado de la dependencia.
El pasado 1 de junio, el Ejecutivo recibió el decreto de la Ley General de Víctimas por parte del Congreso y lo regresó 30 días después con comentarios, "atendiendo lo que establece el artículo 72 de la Constitución", de acuerdo con la Segob.
Sin embargo, los legisladores argumentan que las observaciones fueron emitidas después de la fecha límite, el 9 de junio, y que el decreto debía publicarse el 19 del mismo mes.
La Ley General de Víctimas obliga al Estado a dar asistencia y protección a las víctimas a través de diversas medidas. Por ejemplo, contempla compensaciones de hasta 900,000 pesos y la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con facultades para que sus resoluciones sean obligadas para las autoridades federales.
Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, ha pedido al Congreso discutir las observaciones antes de promulgar la ley.
Entre los cambios propuestos por el Ejecutivo está que se eleve a rango constitucional la obligación de los tres niveles de gobierno a proteger a las personas víctimas del delito.
Líderes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que promovió el documento , han expresado su rechazo a la postura del Ejecutivo.
En diciembre de 2011, el poeta Javier Sicilia pidió a los diputados crear una ley para las víctimas de la violencia en México.
“Hay que legislarlas ya, dada la cantidad de víctimas que hay en el país que no han tenido justicia, porque el 98% de los delitos quedan impunes", dijo en aquella ocasión.
De cuerdo con cifras del gobierno mexicano, alrededor de 47,500 personas han muerto en hechos violentos, entre fines de 2006 y principios de 2012.