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El padre Solalinde regresa al "albergue más seguro del mundo" en Oaxaca

El sacerdote que promueve el respeto a los derechos de los migrantes en México retoma sus labores cotidianas con vigilancia personal
mié 25 julio 2012 06:09 AM

Son las 2 de la mañana y el sonido del tren que se acerca despierta a todos en el albergue. El equipo de colaboradores y voluntarios prepara café y pan, otros encienden las computadoras y preparan los archivos de registro. En las vías ubicadas metros adelante, a un costado del albergue, el sacerdote Alejandro Solalinde espera que el tren se detenga.

“Bienvenidos a Ixtepec, bajen con cuidado, acá está el albergue para que descansen y coman algo”, les dice a los migrantes que brincan desde el techo de los vagones, en donde viajaron por 12 horas, desde la ciudad de Arriaga, Chiapas hasta el vecino estado de Oaxaca.

Guiados por el sacerdote católico, al menos una tercera parte de los migrantes que llegaron, se dirigen al albergue. En la entrada, un trasnochado policía estatal vestido de civil -moreno, delgado, de ademanes discretos- revisa que no lleven armas.

Luego entran y se forman en espera que un equipo de voluntarios llene una base de datos en donde se anota su nombre, origen, destino, estado de salud; se les toma una fotografía y si lo desean, otorgan el contacto de algún familiar. Esta información es confidencial, solo se mostrará si algún día, familiares llegan a buscarlos.

Es incuantificable el número de migrantes que no llega a su destino, ni vuelve a comunicarse. Ninguna autoridad tiene ese dato en sus informes.

Alejandro Solalinde entra y sale de las oficinas, de la cocina, del comedor. Ayuda en servir alimentos, lavar trastes, llevar a los migrantes a los dormitorios.  Dos policías dependientes de la Procuraduría General de la República  (PGR), asignados para la custodia personal del sacerdote, lo siguen de un lugar a otro, se tensan cada que se le acerca a algún migrante u otra persona, lo que sucede todo el tiempo, Solalinde es presto a los abrazos.

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Los policías federales afianzan su cangurera, una pequeña bolsa colocada al frente de sus cuerpos, donde guardan sus armas. Sus camisas de lino resaltan entre la sencillez de la indumentaria que prevalece entre los que se encuentran en el albergue, tanto voluntarios como de migrantes.  Lo único que los homologa a todos es el sudor de las ropas, producto de la alta temperatura, que en este lugar sobrepasa los 40 grados en verano.

Cuando las tareas de recibimiento terminan, el albergue vuelve a quedar en silencio unas horas más, hasta que la luz del sol los despierta y empiezan las actividades cotidianas: asearse, comer, recibir o dar consultas médicas, pláticas, orientación. Los migrantes entran y salen del albergue de manera libre.

Aún con la claridad, es difícil notar las cámaras de seguridad colocadas en lugares estratégicos dentro de las instalaciones. Tampoco es muy evidente la presencia de los dos policías locales que vigilan las entradas sur y norte en el interior del inmueble.

El equipo de seguridad y la vigilancia policiaca es reciente. Se instaló luego que  en mayo, el sacerdote recibió una quinta amenaza de muerte  y tuvo que salir del país. El 11 de julio regresó, y para entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado a su favor medidas cautelares para que el Estado mexicano garantizara su seguridad.

Solalinde comenta que decidió irse temporalmente, a solicitud de varios de sus compañeros, laicos y religiosos, integrantes de la Pastoral de la Movilidad Humana, dependiente de la Iglesia Católica. “Cuando me fui les dije que era solo por dos meses, en tanto se enfriaban las cosas, y la PGR avanzaba en las investigaciones (derivadas de las amenazas de muerte). Estuve un mes en Europa, siempre pendiente del albergue; y el segundo mes la pasé en un retiro espiritual. Tenía los nervios destrozados”, comenta.

Las medidas cautelares que se dictaminaron para su regreso, abarcan al albergue, al personal que ahí trabaja o colabora, a los migrantes y al sacerdote Alejandro Solalinde. Lo que al momento se han implementado son el reforzamiento de la iluminación y la barda perimetral del albergue, la colocación de cámaras de seguridad, el retiro de maleza de los alrededores, y la vigilancia policiaca directa.

La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navi Pillaly, mandó un equipo de peritos en seguridad por parte de la ONU. Ellos hicieron un evaluación y dieron a conocer un diagnóstico para mejorar el resguardo, también desarrollaron un protocolo para el equipo que protege al sacerdote.

Los cambios son imperceptibles. Los migrantes que permanecen albergados –algunos unas horas, otros un par de días, y algunos, por enfermedad y otras circunstancias, un tiempo mayor- no se muestran incómodos.

“El que nada debe, nada teme”, señala Wilbert, originario de Guatemala. “Yo sé que los policías acá en el albergue están por la seguridad, que puede entrar la migración, pero no nos detienen porque este es nuestro refugio”.

Un grupo de hondureños que se entretiene jugando cartas bajo un árbol, invita a uno de los policías estatales a integrarse al juego. Él sonríe y niega con la cabeza; mantiene la mirada en la entrada sur del lugar, la que este día le tocó vigilar. En el lado norte su compañero hace lo mismo. Si bien el paso es libre, su mirada preparada nota cuando alguna persona fuera de lo “normal” se introduce. De inmediato pregunta el motivo y toma datos.

La delincuencia organizada en el camino de los migrantes

El sacerdote Alejandro Solalinde inició en 2006 las actividades de ayuda a migrantes que llegan en tren a la ciudad de Ixtepec, para continuar su camino rumbo a la frontera norte de México.

En 2007 fundó el  albergue llamado Hermanos en el Camino , y desde entonces en el lugar han sufrido dos atentados, y él en lo personal cinco amenazas de muerte. De todos estos casos, el sacerdote ha hecho denuncias públicas, y formales ante las procuradurías de justicia estatal y federal.

“Uno de los que nos traen en la mira son los del narcotráfico, quienes se han metido en el camino de los migrantes para extorsionarlos, secuestrarlos, traficar y abusar de ellos. Tuve que intervenir”, señala el sacerdote, para explicar el motivo de las amenazas.

“Estamos en medidas cautelares porque nuestra vida peligra. El albergue, mis colaboradores y yo tenemos que seguir con estas medidas de protección. Entiendo que si no hubiera seguridad se meterían los maras, los zetas y quien fuera. Eso no lo podríamos controlar si no es con las autoridades competentes”, señala el sacerdote.

Reconoce que al inicio de estas medidas de seguridad, algunos policías, acostumbrados a “criminalizar a los migrantes, se sentían incómodos”. “Hicimos un trabajo de sensibilización y ya entraron en otra fase de comprensión y convivencia. Yo trato de que ellos entiendan que tienen que compaginar la libertad y los derechos humanos de los migrantes, con el albergue y la seguridad. Aún cuando estamos en peligro, en riesgo, con medidas cautelares por las amenazas de muerte, este albergue es el más seguro del país”, valora Solalinde.

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