Autoridades indagan a funcionarios del gobierno de Mario Marín en Puebla
Al menos cinco funcionarios de la administración de Mario Marín Torres (2005-2011), exgobernador de Puebla, enfrentan procedimientos de administración de determinación de responsabilidades.
El motivo es porque no comprobaron en qué gastaron millones de pesos del erario público durante su último año de gestión, por lo que podrían recibir sanciones administrativas como inhabilitación en cargos públicos, sanciones económicas y pena corporal.
La irregularidad mayor, que “es la más alta en la historia de Puebla” , según el presidente de la Comisión Inspectora en el congreso local, Mario Riestra Piña, es la encontrada al extitular de Salud, Alfredo Arango García, por un monto de 8,464 millones 383,000 pesos.
El 12 de enero, el exfuncionario ingresó al Centro de Reinserción Social de San Miguel, ubicado en la ciudad de Puebla, al cumplirse una orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito por más de 54 millones de pesos, marcado por la ley como grave y sin derecho a obtener la libertad bajo caución.
Según lo establecido por la ley, Arango García podría alcanzar hasta 11 años de cárcel por ese delito .
Al proceso actual que lo mantiene preso, se podrían sumar más años, si así lo determina el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), “porque es una cantidad que no ha podido comprobar. Las 225 irregularidades que se le detectó nunca nadie antes, algún secretario lo había registrado, es la más alta en la historia de Puebla”, aseguró Riestra Piña a CNNMéxico.
De esa cantidad, 6,658 millones 675,000 pesos corresponden a daño patrimonial, y 1,000 millones 805,000 pesos a deficiencias administrativas, determinó la comisión que le revisó la última cuenta pública.
Según explicó Mario Riestra, Arango García “evidenció” compras “infladas” (sobrecostos) en medicamentos y maquinaria hospitalaria durante 2010, además que entregó adjudicaciones directas por montos de más de un millón de pesos violentando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, que establece licitación obligatoria a partir de dicha cantidad.
“No entregó convocatorias que comprueben que licitó varias compras que se hicieron, faltaron documentos que justifiquen en qué se gastó todo ese dinero”, aseguró el diputado.
Ahora, lo que prosigue, explicó, es que el OFS tendrá algunos meses para determinar si la sanción contra el exfuncionario amerita una multa económica, inhabilitación o una pena corporal. El dictamen se le hará llegar en esta misma semana.
“Eso lo tiene que determinar el OFS. Por nuestra parte, pasaremos el reporte a la Contraloría del estado y a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que también inicien las investigaciones correspondientes. El monto es muy alto, y es complicado que el exfuncionario pueda defenderse”, dijo.
Las otras irregularidades
En la misma situación está quien fuera titular del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), Rodolfo Chávez Carretero, quien no ha podido comprobar 493 millones de pesos.
Del monto total, 367 millones son por daño patrimonial y 125 millones por deficiencia administrativa, cifras que se desprenden de un expediente de 616 observaciones en las que destacan obras incompletas ejecutadas en su gestión, según el Congreso local.
Blas Villegas Lara, extitular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) también tiene observaciones en contra por deficiencias administrativas por 2 millones 426,000 pesos y daño patrimonial por un millón 298,000 pesos, que dan un total de 3 millones 724,000, pero dentro del periodo del 1 de enero al 28 de julio de 2009.
También se suma Alfonso Abascal Serrano, extitular del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP), quien durante el periodo 2010, presuntamente causó daño patrimonial por 572,000 pesos y deficiencias administrativas por 14 millones.
La semana pasada, la Comisión Inspectora del Congreso del estado de Puebla también encontró una serie de irregularidades en el manejo de los recursos públicos por parte del extitular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), Ricardo Villa Issa, durante el periodo 2010.
Según las observaciones, no ha podido probar en qué se gastó 26 millones 890,000 pesos. En el dictamen determinó que Villa Issa cometió un daño patrimonial por un millón 890,000 pesos, y 25 millones por deficiencias administrativas.
Las órdenes de aprehensión
La Procuraduría General de Justicia confirmó que existen órdenes de aprehensión contra otros servidores públicos durante la gestión de Marín Torres por el delito de fraude.
Ellos son: el exsecretario de Obra Pública, Javier García Ramírez, —quien ya es buscado por la Interpol—; el exsubdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del ISSSTEP, Rodrigo Lazcano Fernández; el extitular del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), Eduardo Macip Zúñiga, y el exjefe del Departamento de Logística de la SCT, —hoy solo Secretaría de Transportes—, Juan Manuel Alcántara.
En el caso de García Ramírez, el 8 de febrero, la Interpol publicó la ficha roja del exsecretario acusado por el delito de fraude en este estado, por lo que ahora es buscado en cerca de 190 países que forman parte del organismo internacional de policía criminal.
Al inicio de la administración del actual gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, el procurador, Víctor Carrancá Bourget confirmó que no existe ninguna investigación contra el exmandatario Mario Marín Torres .
