Organizaciones cuestionan resoluciones de asesinatos de periodistas

Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas criticaron las conclusiones de la justicia de Veracruz
Un periodista más es hallado muerto en Veracruz
| Otra fuente: CNNMéxico

Grupos defensores de la libertad de expresión cuestionaron el anuncio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE), en el que dan por resueltos los asesinatos de cinco periodistas en el estado.

El representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Mike O´Connor, advirtió un "patrón" para criminalizar a las víctimas en la información ofrecida por la Procuraduría de Veracruz.

El titular de la PGJE, Amadeo Flores Espinoza, dio una rueda de prensa en la que culpa al cártel de Jalisco Nueva Generación y al grupo delictivo Los Zetas de la muerte de cuatro periodistas y una publicista de un periódico de Veracruz.

La Procuraduría de Veracruz también informó que, según declaraciones obtenidas por los inculpados, tres de las víctimas habrían estado involucradas en otros asesinatos de periodistas.

"Estos reporteros a su vez habrían sido los causantes de la muerte de otros periodistas, asesinados por la organización delictiva autodenominada Los Zetas”, informó el procurador, supuestamente basándose en declaraciones de las personas detenidas.

"Es un patrón muy común en México de que el gobierno le echa la culpa al periodista y lo hace culpable de su propia muerte", señaló Mike O´Connor en entrevista con CNNMéxico.

La organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, emitió un documento donde advierte que las autoridades de Veracruz "intentan sorprender a la opinión pública" al dar por esclarecidos los crímenes de periodistas.

La Procuraduría de Veracruz relacionó la detención de Isaías Flores Pineda, El Cronos, con la muerte de Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdoba, Esteban Rodríguez Rodríguez e Irasema Becerra, hallados muertos y desmembrados en un canal de aguas negras en Boca del Río, Veracruz, el 3 de mayo.

Esa dependencia señaló como una de sus pistas el supuesto hallazgo de documentos de Irasema Becerra en poder de Juan Carlos Hernández Pulido, La Bertha, detenido por la Secretaría de Marina (Semar).

Ese hecho fue recalcado por el representante de CPJ: "las credenciales no son prueba de nada, no se sabe cómo llegaron a sus manos. No son una prueba de que él la mató", señaló.

El gobierno de Veracruz también culpó a Los Zetas del crimen de Víctor Manuel Báez Chino, asesinado en Xalapa, capital de Veracruz, el 14 de junio.

La PGJE culpó de ese homicidio ocurrido en junio a dos personas muertas: Juan del Ángel Torres y Daniel Reynoso Hernández, presuntos zetas abatidos el 19 de junio por las fuerzas armadas en un enfrentamiento suscitado en Xalapa.

Ambos, según la Procuraduría, fueron reconocidos por testigos del secuestro del reportero.

"Sorprende particularmente el apremio de la actual administración estatal para convertir el resultado de una operación realizada hace una semana por efectivos de la Marina, y no por agentes ministeriales, en prueba incontrovertible de responsabilidad penal", señaló Artículo 19.

Mike O´Connor subrayó que las pruebas obtenidas por la Procuraduría de Veracruz "son muy débiles y no sabemos cómo las obtuvieron. Nada más tenemos las palabras, pero no hay nada de certeza en esas supuestas palabras. Son pruebas de segunda mano".

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Por último, Artículo 19 también señaló la actuación de la Procuraduría de Veracruz sobre el caso de la periodista del semanario Proceso, Regina Martínez asesinada dentro de su casa en Xalapa el 28 de abril. Medios de comunicación locales y uno de la Ciudad de México han dado por hecho que la reportera fue asesinada por motivos pasionales y han sugerido que el asesino es un periodista.

"Instituciones de Procuración de Justicia de Veracruz han permitido filtraciones irresponsables a la prensa sobre el crimen de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, y han contribuido con su silencio al crecimiento de rumores que propiciaron la salida temporal o definitiva de varios periodistas del estado, a quienes se les informa extraoficialmente que su vida está en riesgo", señaló Artículo 19.

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