A un año de la tragedia en el Casino Royale no hay sentenciados

Un día después del incendio en el casino Royale, el presidente Felipe Calderón calificó el hecho como "uno de los actos de barbarie más terribles de los que se tenga memoria" y decretó tres días de luto nacional. En el ataque, perpetrado por integrantes del grupo criminal Los Zetas, murieron 52 personas. Este 25 de agosto se cumple el primer año de ese incidente, pero aún no hay plazo para dictar sentencia a las 18 personas detenidas y señaladas como responsables. Según las investigaciones de las autoridades, la agresión a la casa de apuestas fue motivada porque los dueños se negaban a pagar una cuota a Los Zetas por permitirles operar. Ese día, los criminales rociaron gasolina al establecimiento y le prendieron fuego. Actualmente, 17 de los 18 sospechosos por el incendio en el Royale son procesados por homicidio calificado o agrupación delictuosa. La indagatoria está en manos de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, después de que la Procuraduría General de la República (PGR) se involucró con un peritaje alterno y determinó que no hubo responsabilidad penal de parte de ninguna autoridad estatal o municipal. Según ambas dependencias, el siniestro no se habría evitado aún si el establecimiento hubiera cumplido de manera cabal —y no parcial como sucedió— con las medidas de seguridad en materia de protección civil. Actualmente hay 18 responsables identificados, de los cuales uno sigue libre; 11 están siendo procesados en Nuevo León, y seis están a disposición de autoridades federales por presuntamente haber cometido también delitos del fuero federal. El dueño del Casino Royale Hace cuatro meses, representantes legales de las 52 víctimas se entrevistaron con un agente del ministerio público. El funcionario creía que el dueño del casino Royale estaba detenido, cuando en realidad lleva un año prófugo, dijo a CNNMéxico Samara Pérez, vocera de las familias. "Cuando le preguntamos por el paradero de Raúl Rocha Cantú, dueño del casino, primero no supo contestar y luego agregó que creía que ya estaba detenido", dijo Samara, quien perdió a su hijo de 19 años en el incendio. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) busca al propietario del casino por el delito de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, pues el día de la tragedia los bomberos descubrieron en el interior del local un rifle de asalto calibre AR15. La única declaración que rindió Rocha Cantú se realizó ante funcionarios de la PGR en Miami, Florida, en septiembre del 2011. Actualmente se desconoce su paradero. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, dijo el pasado 21 de agosto que las indagatorias para localizarlo corresponden a las autoridades federales. "Son investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, nosotros hemos estado atentos para darle seguimiento, sin embargo ellos llevan la investigación con sigilo", dijo el funcionario en aquel momento. "Nosotros hemos actuado en lo que nos corresponde, en la captura en los que perpetraron este lamentable crimen, cobarde crimen, algunos de ellos capturados como ustedes saben por la Agencia Estatal de Investigaciones". Después de la tragedia, las autoridades estatales informaron que Raúl Rocha operó el casino Royale con permisos falsos y en violación de reglamentos municipales, ya que carecía de autorización para el uso de suelo como centro de apuestas. Los familiares de las 52 víctimas se han manifestado cada mes en el lugar donde ocurrió el incendio, el cual permanece prácticamente sin cambios tras el ataque. Este mes, publicaron en Youtube una serie de videos con el mensaje: Voltea a ver, en el que hacen un llamado a la sociedad en México a no olvidar el ataque y a exigir a las procuradurías Estatal y General de la República que lleven una sola investigación sobre el caso. Los funcionarios Con base en los peritajes de la PGR, se concluyó que funcionarios estatales o municipales no tenían responsabilidad penal en el siniestro, pero la sociedad civil actuó en su contra. El exalcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal Bretón, denunció después de la tragedia que el casino violó "las reglas de desarrollo urbano al ampliar sus instalaciones sin tener un permiso municipal" y que había diversas irregularidades en la operación de otras casas de apuestas. Larrazabal ordenó la clausura del casino Red, pero en respuesta, los dueños de ese negocio denunciaron que eran extorsionados por autoridades locales. Luego se difundió en medios de comunicación un video donde aparecía Jonás Larrazabal, hermano del alcalde, recibiendo dinero al interior del casino. Tras la denuncia, Jonás explicó que recibió dinero porque vendía quesos a ese casino. El 25 de octubre fue puesto bajo arraigo, pero para mediados de noviembre fue liberado y exonerado por la justicia estatal, cuando los dueños del casino Red se desistieron de la acusación. El caso provocó que ciudadanos de Monterrey y representantes de partidos políticos exigieran la renuncia del alcalde y que el Partido Acción Nacional (PAN), al cual pertenece, lo invitara a pedir licencia para apoyar las investigaciones. Larrazabal no solo se mantuvo en el cargo, sino que fue postulado en marzo para una diputación federal plurinominal con el PAN, puesto que asumirá el próximo 1 de septiembre y que le dará fuero para los próximos tres años. El gobernador estatal, Rodrigo Medina, también se enfrentó a diversas protestas que exigían su renuncia por su presunta responsabilidad en el aumento de la violencia en la entidad. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) estatal y nacional lo apoyaron, sin embargo, analistas consideran que la derrota en la entidad del candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, se debió a que hubo un voto de castigo contra la gestión de Medina, que estará en el poder hasta el 2015. Los señalamientos también fueron hacia autoridades anteriores. El expresidente municipal de Monterrey, Alberto Madero Quiroga, fue quien permitió durante su gobierno (2006-2009) la apertura del Casino Royale. El exalcalde no ha declarado ante las autoridades sobre las irregularidades en las que operaba la casa de apuestas y el permiso que entregó para su funcionamiento, pese a que dos de los dueños, José Francisco y Ramón Madero Dávila, son sus familiares. Los casinos Una de las principales promesas de las autoridades locales y federales fue revisar y reformar el marco legal de operación de casinos. La Secretaría de Gobernación (Segob) inspeccionó varios negocios y clausuró dos, pero un año después del incendio, en Monterrey han surgido nuevas casas de apuesta, sin que se haya modificado la legislación. Según el último reporte de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas en México, en el primer cuatrimestre del año, 600,000 personas asistieron a los casinos del país, pero para mejorar la afluencia, los empresarios solicitan trabajar en el marco legal, según el presidente de esa asociación, Miguel Ángel Ochoa Sánchez. La Ley Federal de Juegos y Sorteos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1947 y no ha tenido ninguna reforma. Sólo otorga prisión de tres meses a tres años y multas de 500 a 10,000 pesos a quienes efectúen juegos con apuestas sin permisos de la Segob. A un año de la peor tragedia tras un ataque contra civiles, todavía hay pendientes para cerrar el caso y determinar si las autoridades cumplieron con sus promesas para hacer justicia y evitar irregularidades en las casas de apuestas del país. Juan Cedillo y Tania L. Montalvo contribuyeron a este reporte

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