La PGR crea una coordinación para perseguir delitos de trata de personas
La Procuraduría General de la República (PGR) tendrá una instancia responsable de investigar y perseguir los delitos de trata de personas cuando sean cometidos por la delincuencia organizada.
El acuerdo para la creación de la Coordinación General para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas fue publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación.
Al frente de la instancia habrá un coordinador general, cuya responsabilidad será recibir denuncias por los delitos de trata de personas cometidos por miembros de la delincuencia organizada y ordenar la detención de probables responsables de estos crímenes, se señala en el acuerdo.
El coordinador también tiene la responsabilidad de establecer mecanismos de urgencia para auxiliar a las víctimas del delito, señala.
Los delitos de trata incluyen utilizar a personas para realizar trabajos forzados, prostitución u otras formas de explotación sexual, matrimonios forzados, esclavitud y servidumbre, así como turismo sexual infantil, pornografía infantil, explotación de la mendicidad ajena, venta de personas o tráfico de órganos, tejidos o sus componentes y adopciones ilegales.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha señalado que la trata de personas es uno de los delitos más lucrativos del mundo, sólo detrás del tráfico de drogas y de armas, según la agencia de la ONU.
El 13 de junio, el presidente Felipe Calderón firmó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que obliga a la Federación, estados y municipios a coordinarse para prevenir este delito.
De acuerdo con la ley, quien cometa estos delitos tendrá una pena de 20 a 40 años de cárcel y de 2,000 a 20,000 días de multa. La ley también ordena la reparación del daño a las víctimas de manera integral, y de forma proporcional a la gravedad de lo causado, por lo que obliga a las autoridades a establecer un fondo de protección y asistencia a las víctimas.
Con la aprobación de la ley también se incorporó el delito de feminicidio en el Código Penal Federal , y se estableció una pena de 40 a 60 años de prisión a quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
El 20 de junio el Reporte de Tráfico de Personas 2012 , elaborado por el Departamento de Estado de EU concluyó que pese a que el gobierno de México ha hecho esfuerzos considerables para combatir este tipo de delitos, aún no es suficiente dada la magnitud del problema.
En el informe el gobierno estadounidense hizo varias recomendaciones al gobierno de México , entre ellas, seguir investigando y castigar a quienes cometan este delito, esforzarse más por detener a los funcionarios cómplices, y colaborar con las organizaciones de la sociedad civil para asegurarse de que las víctimas de tráfico reciben una atención adecuada.
La nueva instancia será una dependencia de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que a su vez pertenece a la PGR.
