México pidió a EU no vulnerar soberanía por demanda contra Zedillo

El embajador Sarukhan solicitó la inmunidad para Zedillo previendo que el proceso en contra el expresidente afectaría la relación bilateral
El gobierno de EU concede inmunidad a Zedillo
| Otra fuente: CNNMéxico

El gobierno federal realizó la petición de inmunidad para Ernesto Zedillo bajo el argumento de que seguir con el proceso en contra del expresidente vulneraría la soberanía de México y afectaría la relación bilateral con Estados Unidos.

“(…) deseo manifestar el rechazo de mi Gobierno a cualquier proceso interno que vulnere la soberanía de México, al ejercer jurisdicción para conocer de supuestos actos ocurridos en territorio nacional en los que presuntamente intervino el presidente de la república en su capacidad oficial”, cita el documento enviado por el embajador Arturo Sarukhan, el 4 de noviembre pasado a la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Y continua, “un proceso como el que se pretende sustanciar en contra del ex Presidente de México afectaría la relación bilateral entre México y Estados Unidos, al desestimar la actuación de diversas autoridades nacionales en respuesta a los acontecimientos ocurridos en la localidad de Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997”.

La solicitud de inmunidad fue en respuesta de una demanda interpuesta por 10 personas, entre sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997, cuando un grupo de 100 hombres armados irrumpió en la comunidad de Acteal, en la zona conocida como Los Altos de Chiapas, y asesinó a 45 indígenas tzotziles, entre los que había hombres, mujeres y 15 niños.

Según la carta del embajador Sarukhan, en ese entonces, el gobierno en turno —a cargo de Ernesto Zedillo, que fue presidente de México de 1994 al 2000—, “condenó enérgicamente, (la masacre) abocándose de inmediato a la investigación y presentación de los responsables”.

El 7 de septiembre pasado, el gobierno de Estados Unidos otorgó la inmunidad y argumentó que “las acciones señaladas en la queja están basadas en las acciones del expresidente Zedillo como presidente de México, por lo que involucran el ejercicio de sus poderes en el cargo”.

La demanda fue presentada el 16 de septiembre de 2011 ante una corte federal de Connecticut y señala que la masacre en Acteal fue resultado de un presunto plan encabezado por Zedillo, denominado Chiapas 94.

Según el documento, el gobierno federal buscaba acabar con el movimiento insurgente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que surgió en 1994, por lo que Zedillo habría conspirado con el entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, para presuntamente encubrir el papel del exmandatario antes y después del crimen.

La demanda contra el exmandatario se basó en leyes de Estados Unidos y algunos tratados internacionales como el Alien Tort Claims Act (Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros) y el Torture Victim Protection Act (Estatuto de Protección a Víctimas de Tortura).

Desde que se presentó la demanda, Ernesto Zedillo dijo a CNN que la acusación en su contra era “falsa y una calumnia”. Tras la decisión del gobierno estadounidense de darle inmunidad, reiteró esa declaración para el Yale Daily News.

Sobre el caso Acteal, la versión oficial es que la masacre estuvo motivada por una disputa de tierras entre comunidades de origen tzotzil. Sin embrago, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que asesora legalmente a la comunidad desde 1997, asegura que esta estuvo motivada por la simpatía y el apoyo de los habitantes de Acteal por el EZLN, una de cuyas principales zonas de influencia es la región de Los Altos.

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La Cancillería mexicana dio a conocer la carta de Sarukhan después de que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenara a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hacer pública la misiva.

El IFAI determinó que una vez que Estados Unidos otorgó inmunidad a Zedillo, no había motivo para mantener en carácter de reservado por 12 años, la misiva a Hillary Clinton, según lo establecido por la Cancillería para no violar el principio de correspondencia entre diplomáticos.

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