'Crear' culpables, una consecuencia de la tortura en México

Tras días de recibir golpes, asfixias y descargas eléctricas, 25 agentes sospechosos de crímenes fueron liberados por falta de pruebas
En México ha aumentado la tortura
| Otra fuente: CNNMéxico

Rolando Saldaña dice que los golpes que le propinaron en la cabeza y las descargas eléctricas que le daban en el cuerpo provocaron que perdiera gran parte de la vista, así como su capacidad para mantener conversaciones largas.

Hasta el 27 de marzo de 2009 trabajaba como policía municipal en Tijuana, Baja California, pero sus 33 años de servicio fueron interrumpidos cuando militares lo detuvieron por tener presuntos vínculos con el crimen organizado.

Ese mismo día fue trasladado al cuartel del 28 batallón de infantería de Tijuana, de acuerdo con la documentación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Silvia Vázquez Camacho, abogada del caso. Según registraron, ahí comenzaron las torturas que duraron tres días.

Tanto la CNDH como organizaciones de la sociedad civil han dado seguimiento y documentado casos de tortura que, de acuerdo con sus informes, han aumentado durante el mandato de Felipe Calderón. 

El organismo autónomo recibió 110 denuncias por maltrato en 2007, y en 2011, 4,732; mientras que las denuncias específicas por tortura pasaron de cuatro a 42 en el mismo periodo.

El episodio que más recuerda Rolando y que narra cuando se le piden detalles, es cuando se negó a declararse culpable por los cargos que le imputaban: delincuencia organizada y fomento al narcotráfico.

Lo sentaron en una silla, le amarraron los brazos a las coderas, las piernas a las patas y el cuerpo al respaldo. También le cubrieron la cara con cinta adhesiva.

“Ahí fue cuando el señor me empezó a dar toques eléctricos con una chicarra que usan para los animales, con eso me empezó a dar toques eléctricos, posteriormente ahí me insultó, me dijo que no era un juego”, recuerda.

Después fue trasladado a un baño, donde lo asfixiaron con una bolsa de plástico que le cubría toda la cabeza.

“Mira chaconcito, acuérdate de una cosa, todavía te quedan 39 días, así de que vete preparando todavía, prepárate porque en la noche vengo por ti”, recuerda que le decía un militar.

Entre el 21 y el 27 de marzo de ese año detuvieron a otros 24 agentes como parte de un programa de “limpieza” al interior de la policía municipal de Tijuana, encabezada por Julián Leyzaola.

Leyzaola es actualmente secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, aunque agencias estadounidenses como el FBI y la Patrulla Fronteriza, y la Procuraduría de Justicia del estado de California también lo reconocieron en septiembre de 2010 por haber bajado los índices de criminalidad en Tijuana.

Amnistía Internacional (AI), organización internacional de defensa de derechos humanos, expresó “preocupación” por estos métodos.

Tras días de golpes, amenazas, descargas eléctricas e intentos de asfixia, los 25 policías fueron trasladados a un penal de alta seguridad en Nayarit. Un año y medio después, 13 de los 25 fueron liberados por falta de pruebas. El resto recibió su orden de libertad el pasado 4 de octubre.

Solo tres de los acusados recuperaron su trabajo como policías municipales. Los demás encontraron otra forma de ganarse la vida: manejar taxis, en el comercio informal o como empleados.

Rolando lamenta que por su detención, su hijo no pudo terminar su carrera universitaria.

“Nos detuvieron como parte de la lucha contra el narcotráfico y para llenar estadísticas”, acusa.

La CNDH emitió en 2001 una recomendación por la detención de los agentes sin que existieran órdenes de aprehensión, por violaciones del debido proceso y por las torturas a los que fueron sometidos.

“Ellos no tuvieron acceso a sus abogados dentro el cuartel, ellos no pudieron ampararse, no pudieron hacer válidos ninguno de los recursos a los cuales tú tienes derecho como detenido”, explica Silvia Vázquez Camacho, abogada del caso.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el gobierno municipal de Tijuana aceptaron la recomendación de la CNDH, pero al realizar procesos internos de investigación, concluyeron que no existen culpables.

Vázquez Camacho informó que denunciarán al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exigirán la reparación de los daños.

Respecto a las quejas por tortura en contra de la Policía Federal y el Ejército, el organismo autónomo recibió 89 entre el 2006 y 31 de mayo del 2012.

Amnistía Internacional señala en su informe de 2012 sobre tortura en México que los números de la CNDH podrían subestimar la realidad.

“La CNDH tiene el mandato de actuar en casos donde oficiales federales están implicados en abusos, por lo que sus cifras no necesariamente incluyen quejas de torturas y maltratos cometidos por oficiales estatales o municipales”, explica la organización.

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El informe agrega que la impunidad contra la tortura es uno de los principales problemas de México, ya que según la Procuraduría General de la República (PGR), de 58 averiguaciones previas que se abrieron entre 2008 y 2011 por este delito, solo cuatro resultaron en acusaciones directas, ninguna en sentencia.

CNNMéxico solicitó la postura sobre este caso a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero hasta la publicación de esta nota no había recibido respuesta.

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