Valentina Rosendo, en espera de justicia por tortura desde hace 10 años

El caso fue analizado por tribunales internacionales, pero los militares responsables de los crímenes cometidos en 2002 continúan libres
Valentina Rosendo Cantú  Valentina Rosendo Cantú
| Otra fuente: CNNMéxico

Valentina Rosendo lleva más de 10 años esperando que se castigue a los militares que la golpearon y violaron frente a su hija, que entonces tenía dos meses de nacida. Dice que cada vez que ve a un uniformado de verde, en su mente se repiten las escenas de lo sucedido el 16 de febrero de 2002.

Vale – como le llaman de cariño –, tenía 17 años cuando un grupo de ocho militares se acercaron para interrogarla sobre unos “encapuchados” mientras lavaba ropa en un río. Le enseñaron una foto y le leyeron una lista con 11 nombres que ella no había escuchado hasta ese día. Ni siquiera entendía bien el español. Luego, la golpearon y abusaron de ella sexualmente.

Inicialmente, los habitantes de Barranca de Bejuco, en la zona de la montaña de Guerrero, apoyaron a Valentina en su denuncia en contra los militares.  Dos años después, las cosas cambiaron y tuvo que abandonar su comunidad.

“El presidente municipal de mi región fue a decir que si yo seguía con la denuncia diciendo que los militares me habían agredido, la comunidad no iba a recibir apoyo para el centro de salud, la escuela o el apoyo para el mejoramiento del camino y desde entonces la comunidad decidió rechazarme”, relata Valentina en entrevista telefónica.

“No soporté la humillación por parte de la comunidad y también hubieron muchos militares y eso me obligó a salir de la comunidad”, agrega.

Valentina tomó a su hija, empacó la poca ropa que tenía y acompañada de su marido, viajó a su nuevo destino que prefiere no revelar, por cuestiones de seguridad. Su pareja se mantuvo con ella durante dos años, pero decidió partir hacia Estados Unidos, tras episodios de violencia física y maltratos contra ella.

Ahora Valentina divide su tiempo entre el cuidado de su hija y el cuidado de adultos mayores, actividad por la que obtiene sus ingresos.

Lejos de darse por vencida, luego de que su expediente fuera archivado en 2004 por parte de un juzgado militar, Valentina – auxiliada por la organización de defensa de derechos humanos Tlachinollan – interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que aceptó investigar el caso en 2008. Después de un año, la CIDH pasó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que el 1 de octubre de 2010 dictó una sentencia en contra del Estado mexicano.

Para Amnistía Internacional (AI), organización internacional de defensa de derechos humanos, su caso es un ejemplo de la impunidad que persiste ante la tortura y la violación de derechos humanos.

Si bien en diciembre de 2011 el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) ofreció una disculpa pública por los abusos cometidos y se le dio una indemnización, a la fecha nadie ha sido acusado, pese a que Valentina tiene plenamente identificados a sus agresores, pues eran militares que hacían rondines en la comunidad. Además, recuerda el número de batallón que estaba bordado en los uniformes.

“Se está trabajando en todos los elementos para el cumplimiento de esta sentencia, hay algunos de estos elementos que requieren también de la participación del fuero común, del gobierno del Estado, estamos trabajando de manera sistemática”, explicó Poiré en conferencia de prensa a finales de septiembre.

El abogado de Valentina, Santiago Aguirre, considera que el retraso no tiene que ver con las autoridades estatales, pues el caso está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que los elementos del Ejército son funcionarios federales, no estatales.

Valentina espera que algún día los culpables sean detenidos y enjuiciados. 

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“La indemnización eso ya está, es lo que al gobierno se le hizo muy fácil, se trata del dinero y eso es lo primero que cumplió, la disculpa pública también, que fue hace un año y lo que falta es la investigación que es la que más me interesa”, dice.

CNNMéxico contactó a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los avances del caso, pero hasta la publicación de esta nota no ha recibido respuesta.

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