El exgobernador de Chiapas retira sus quejas ante Derechos Humanos
El exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, exonerado luego de pasar 17 meses en prisión, anunció que se desiste de todas las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra autoridades del gobierno de estatal.
El 13 de noviembre fue notificado por las autoridades judiciales que le fueron retirados todos los cargos de los 11 procesos penales, y le dictaminaron la libertad absolutoria , explicó este jueves a través de un comunicado.
En su pronunciamiento, Pablo Salazar anunció que se desiste “de todas las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos ”, luego de que durante su reclusión, solicitó a la medidas cautelares a la CNDH, para su protección en la zona donde estaba internado, y a su familia afuera del penal. Señaló que temía por su seguridad ya que estaba siendo hostigado por autoridades estatales.
A esta demanda ante la CNDH se sumó una comisión de Senadores de la República, quienes pidieron a la Comisión iniciar una queja de oficio con el objeto de que se preserven los derechos humanos del exgobernador, y se verificara que su juicio fuera llevado con transparencia.
“Agradezco a la Comisión su puntual y profesional acompañamiento durante todo el tiempo que permanecí privado de mi libertad. Asimismo, agradezco a las instituciones y personas que fueron solidarias conmigo durante mis 526 días de reclusión. Con este comunicado, doy por concluida esta página en la vida de Chiapas”, refiere en el comunicado.
El exgobernador detalló que junto con él fueron exonerados sus 54 excolaboradores —integrantes de su gabinete mientras estuvo en el cargo de gobernador— a los que también se les involucró en diversos delitos. Varios de ellos se encontraban detenidos, y otros exiliados.
Pablo Salazar fue detenido el 7 de junio de 2011 en el aeropuerto de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, desde donde f ue trasladado a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, y remitido al penal El Amate , acusado de los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa.
Las acusaciones fueron por la compra de un seguro de vida por 104 millones de pesos que supuestamente el exgobernador compró con recursos del erario para él y 54 de sus colaboradores meses antes de terminar su mandato.
Derivado de este proceso judicial, se aprehendió y consignó a siete ex funcionarios públicos y se giró orden de aprensión contra 47 más. El pasado 1 de noviembre un juez federal les concedió un amparo y todos fueron exonerados.
El 1 de diciembre de 2011, seis meses después de su detención, la Procuraduría de Justicia le imputó nuevos cargos, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de su labor como consultor de la empresa Álvarez Puga & Asociados, que provee el servicio de outsourcing.
En septiembre pasado la Procuraduría se desistió de estos delitos, y le devolvió las propiedades que le había asegurado. Ello derivado de una resolución al amparo interpuesto por el exgobernador. El juez dijo que no encontró elementos para considerar que fue adquirido con recursos de procedencia ilícita y ordenó su devolución.
Quedaron pendientes de finiquitar cuatro procesos penales por el delito de homicidio doloso (comisión por omisión), que también le iniciaron a los pocos meses de su detención, derivado de la muerte de recién nacidos ocurrida entre diciembre de 2002 y enero de 2003, en el Hospital General de la ciudad de Comitán.
El argumento judicial en su contra fue que el exmandatario no destinó recursos para proveer de equipo, medicinas y material a dicha clínica, donde en un periodo de dos meses murieron 35 recién nacidos cuyos padres provienen de zonas con un alto índice de marginación.
En este proceso uno de los testigos de cargo fue el ex Procurador de Justicia de Chiapas, Mariano Herrán Salvatti, quien permaneció tres años en prisión acusado de diversos delitos, y fue exonerado el 13 de septiembre de este año.
Sobre estos delitos, el poder judicial de la federación le concedió un amparo el pasado 13 de noviembre, donde declara improcedentes las acusaciones en su contra. Con ello el ex gobernador de Chiapas finiquitó los procesos penales y fue declarado en libertad absolutoria.
En todo momento luego de su detención, el exgobernador se consideró preso político del actual gobernador Juan Sabines Guerrero . Pablo Salazar dijo en varias ocasiones que la detención de él y sus ex colaboradores fueron por el “encono personal” del gobernador Juan Sabines.
Al actual gobernador, quien termina su mandato el próximo 8 de diciembre, también lo acusó de implementar una campaña de desprestigio en su contra a través de los medios de comunicación, y su posterior detención.
Durante su proceso el exgobernador se declaró inocente de todos los cargos, dijo que los testigos en su contra eran falsos, y anunció: “De esta crisis saldré o exonerado o al panteón”.