La falta de acuerdos frena la discusión de la reforma sobre secretarías

Por segundo día consecutivo, comisiones del Senado no lograron acabar el dictamen que debe votar el pleno, por diferencias entre partidos
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico

La falta de acuerdos entre los principales partidos políticos en el Senado mexicano detuvo por segundo día consecutivo la discusión de la iniciativa del presidente electo, Enrique Peña Nieto, que busca reformar la organización del gobierno federal para desaparecer algunas secretarías y transformar otras dependencias. 

A fin de que los legisladores debatieran y votaran la propuesta, la Mesa Directiva de la Cámara alta citó a sesión del pleno a las 10:00 horas (local) de este miércoles. 

El encuentro, sin embargo, comenzó hasta después de las 18:30 horas y duró menos de 10 minutos porque el dictamen de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aún no ha sido terminado en comisiones, informó Ernesto Cordero, presidente del Senado.

Las comisiones responsables —de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera— han realizado sesiones a puerta cerrada desde el martes, incluso de madrugada, pero no han llegado a consensos sobre cómo quedará el documento que llegará al pleno. 

Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) dijeron a periodistas por separado que sus bancadas quieren establecer límites a las atribuciones que la reforma quiere otorgar a la Secretaría de Gobernación (Segob), la más importante del gabinete presidencial. 

La propuesta de Peña Nieto, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), plantea que la Segob absorba las funciones de la actual Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mientras la de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tomaría las de la Función Pública (SFP). Según la iniciativa, tanto la SSP como la SPF dejarían de existir. 

“No se trata de oponernos a que el gobierno de Peña desarrolle el modelo de seguridad pública que quiera. (…) Pero no podemos dejar de cumplir nuestro deber como legisladores de imponer límites y condiciones a un modelo que no solamente concentra actividades de la seguridad interior, sino que fusiona competencias de distinta naturaleza: la interlocución con la actividad policiaca”, dijo el panista Javier Corral, integrante de la Comisión de Gobernación. 

El perredista Armando Ríos Piter, del mismo órgano, coincidió en la necesidad de  establecer “controles” a las posibles nuevas facultades de la Segob. 

“Frente a (la) preocupación de que se instalara una policía política, el PRD fijó que eran necesarios controles democráticos”, señaló Ríos Piter en su cuenta de Twitter.

El PAN y el PRD concuerdan en que, por ejemplo, algunos funcionarios de la Segob deban ser ratificados por el Senado, no únicamente nombrados por el presidente.

El PRI buscaba que la reforma quedara aprobada en ambas cámaras del Congreso antes del 1 de diciembre, cuando Peña Nieto asumirá la presidencia para el periodo 2012-2018.

La iniciativa fue avalada la semana pasada por la Cámara de Diputados y, el martes, el líder de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, dijo en conferencia de prensa que su bancada estaba haciendo su “mejor esfuerzo” para que el documento recibiera el visto bueno del Senado lo antes posible.

La Mesa Directiva citó a una nueva sesión este jueves, pero el retraso en la dictaminación de la reforma dificulta que esta quede lista antes del 1 de diciembre. Si los senadores modifican el texto, por ley este debe regresar a la Cámara baja para otra revisión. 

Los diputados tuvieron sesión este miércoles y no prevén volver a hacerlo sino hasta el sábado, para la ceremonia en la que Peña Nieto recibirá la banda presidencial. 

El presidente electo, exgobernador del Estado de México, afirma que su propuesta para reorganizar el gobierno haría más eficaz la actuación de las autoridades federales. Además de desaparecer la SSP y la SFP, Peña Nieto plantea transformar la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en una Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dar más facultades a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y crear una Comisión Nacional Anticorrupción.

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