Guerrero analiza juicio político a exfuncionarios por el caso Ayotzinapa

A un año de la muerte de tres personas en una manifestación, el Congreso de Guerrero debate si toma medidas contra exfuncionarios implicados
Ayotzinapa
Ayotzinapa  Ayotzinapa  (Foto: )
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Autor: Laura Reyes | Otra fuente: CNNMéxico

A un año de la muerte de tres personas durante una manifestación en Guerrero, en el sur de México, el Congreso estatal inició el proceso para definir si entabla o no un juicio político contra dos exfuncionarios estatales implicados en los hechos.

Compañeros y familiares de dos de las víctimas, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, acudieron este lunes a una audiencia ante el Congreso local para dar su testimonio de lo ocurrido, como recomendó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Además de los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011 murió un empleado de una gasolinera a raíz de los disparos de policías estatales y federales que intentaban controlar una protesta en la Autopista del Sol.

La CNDH señaló al respecto que las autoridades incurrieron en un uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes, en tanto el Congreso local abrió una investigación contra varios exfuncionarios. Dos de ellos, el exprocurador Alberto López Rosas y el extitular de Seguridad Pública local, Ramón Almonte Borja, podrían encarar un juicio político. 

En su encuentro con los diputados locales, los compañeros y familiares de los estudiantes muertos expusieron los antecedentes de su movimiento e indicaron que el motivo de la protesta de hace un año fue el incremento de la matrícula escolar y exigir más recursos.

También relataron los hechos a fin de que los legisladores puedan reconstruir lo ocurrido.

El abogado de los normalistas, Vidulfo Rosales Sierra, dijo a CNNMéxico que las declaraciones de sus representados prueban que las autoridades cometieron violaciones a los derechos humanos de los manifestantes. 

“Los testimonios indicaron contundentemente el modo en que elementos de la Policía Ministerial del estado se presentaron en el lugar de los hechos portando armas largas y explicaron cómo torturaron a varios estudiantes en su infructuoso intento de incriminarlos para generar una versión distorsionada de lo acontecido”, señaló.

Los normalistas esperan que el Congreso local finque responsabilidades contra López Rosas y Almonte Borja.

El exprocurador compareció ante los diputados locales la semana pasada, a puerta cerrada, y entregó documentos para su defensa.

Jorge Salazar Marchán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guerrero, dijo que se necesita una nueva investigación del desalojo de manifestantes. Agregó que el gobierno federal podría iniciar esa indagatoria, debido a la participación de policías federales en los hechos.

En el aniversario del caso, normalistas realizarán una marcha por las principales avenidas de Chilpancingo, la capital guerrerense. El abogado Rosales aseguró que será una manifestación pacífica. 

A finales de noviembre, el gobierno de Guerrero, que encabeza Ángel Aguirre Rivero, ofreció disculpas por lo ocurrido. Sin embargo, los familiares de los estudiantes muertos se negaron a acudir al acto. 

Las autoridades estatales han entregado 33 indemnizaciones a víctimas y familiares de los normalistas, averiguaciones previas por la probable comisión de tortura por parte de servidores públicos y 50 millones de pesos para mejorar la infraestructura de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Hasta ahora se investiga a 24 funcionarios ligados a los hechos, pero solo cuatro han sido detenidos. Los agentes judiciales Ismael Matadamas y Rey David Cortés permanecen en prisión, mientras el ministerio público Gloria Cruz Méndez y el exsubprocurador Alejandro Hernández Paz y Puente salieron libres bajo fianza. 

“(Los servidores públicos son investigados por) no haber prestado auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito, no haber actuado con la decisión necesaria para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, y haber utilizado armas de fuego innecesariamente”, dijo en enero pasado el contralor del estado, Julio César Hernández.

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