La CIDH pide a autoridades de México frenar la violencia en las cárceles

El organismo internacional pidió que se adopten medidas o incluso se realice una reforma para acabar con los motines y enfrentamientos
| Otra fuente: CNNMéxico

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una llamado este jueves a las autoridades mexicanas para que adopten medidas, incluidas reformas estructurales, para prevenir brotes de violencia en las prisiones del país, así como para investigar y sancionar a quienes hayan participado en alguno.

La organización internacional pidió al gobierno mexicano, a través de un comunicado, realizar un control efectivo para evitar el ingreso de armas y objetos ilícitos en las cárceles, así como prevenir las actividades de las organizaciones criminales en estos centros.

El llamado de la CIDH surge tras a un intento de fuga ocurrido el pasado diciembre en el Centro de Reinserción Social (Cereso) 2 de Durango que provocó la muerte de 24 personas, entre ellos 15 reos y nueve custodios.

A raíz de ello, los internos fueron trasladados al Centro de Reclusión Social 1, en la capital de Durango y el gobierno del Estado dio a conocer que el Cereso será remodelado y convertido en un cuartel policial y de elementos del Ejército debido a que no existía un control sobre los internos y personal que ahí laboraba.

Este jueves, la CIDH manifestó “su profunda preocupación por los altos niveles de violencia en los centros penales del norte de México, en los que constantemente se registran motines, enfrentamientos entre miembros de bandas criminales, fugas y otros desórdenes e irregularidades”, señaló.

El organismo internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dijo al gobierno mexicano que tiene el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna en las cárceles, así como de investigar las muertes de las personas que se encuentran encarceladas.

“Estas investigaciones no solo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran haber tenido algún grado de responsabilidad”, explicó la organización en el comunicado.

El Centro de Reinserción Social 2 de Gómez Palacio, Durango, ha sido escenario de motines y fugas de reos desde 2009, sumando desde entonces 78 muertes al interior de sus instalaciones. También ha estado relacionado con acusaciones por corrupción de sus vigilantes.

En julio de 2010 fue detenida la entonces directora del penal Margarita Rojas Rodríguez y otros 10 servidores públicos de esa cárcel que presuntamente colaboraban con el cártel de Sinaloa.

La CIDH ha hecho recomendaciones anteriormente al gobierno mexicano sobre hechos violentos en las cárceles del país. Hizo un llamado tras la muerte de 44 internos del Centro Penal de Apodaca, Nuevo León, el 20 de febrero de 2012 por una pelea entre bandas criminales.

También por las muertes de al menos 30 reclusos del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, Tamaulipas, el 4 de enero de 2012 en donde internos utilizaron armas blancas para atacar a sus compañeros.

Otra recomendación fue emitida tras las muertes de 17 reos del Cereso de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 25 de julio de 2011 ocurridas durante un motin y las de 23 reclusos en el Cereso 1 de Durango ocurrida el 20 de enero de 2010 en tres riñas simultáneas.

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