Los derechos indígenas, una tarea inconclusa entre el EZLN y el gobierno

Tras 19 años de lucha, las comunidades chiapanecas adherentes al grupo demandan el reconocimiento constitucional de sus derechos
Autor: Ángeles Mariscal | Otra fuente: CNNMéxico

Aunque los integrantes y adherentes de las comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) consideran que se ha avanzado en la libre determinación de sus formas de gobierno y desarrollo, uno de los motivos del levantamiento armado que protagonizaron en enero de 1994, aún demandan el reconocimiento constitucional de sus derechos. 

Este reconocimiento está contenido en los Acuerdos de San Andrés, un documento resultado de las reuniones entre representantes del EZLN y el gobierno de México en 1995 y 1996, que se llevaron a cabo en el poblado San Andrés.

Al aceptar el diálogo con el gobierno federal, el EZLN propuso cinco temas a discutir: Derechos y Cultura Indígena, Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo, Conciliación y  Derechos de la Mujer.

En un comunicado del 30 de diciembre, en el 19 aniversario de su aparición pública, el EZLN reiteró la petición al gobierno federal “para reconocer y cumplir sus compromisos”, elevando a rango constitucional los derechos y la cultura indígenas como dictan los Acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno federal en 1996, encabezado por el expresidente Ernesto Zedilo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se unió a esta petición.

El pasado 8 de diciembre, al tomar posesión como gobernador, Velasco, saludó “a los miembros del movimiento zapatista” y a las Juntas de Buen Gobierno (JBG). Dijo que las acciones de su administración “abonarán en todo momento al clima de distención entre comunidades zapatistas y no zapatistas”, y que tendrá “plena disposición, para establecer los canales de comunicación que sean necesarios, con la finalidad de fortalecer la concordia, la paz y el desarrollo de los pueblos”.

El 1 de enero, a través de un comunicado, el gobierno de Chiapas pidió al Congreso de la Unión reconocer constitucionalmente los Acuerdos de San Andrés y añadió que las autoridades estatales respetarán la posesión de tierras que tienen los zapatistas y la autodeterminación y resistencia de los insurgentes.

También se comprometió a dar solución a la demanda de liberación de los presos zapatistas Francisco Sántiz y Alberto Patishtán. Por su parte, integrantes del Congreso de Chiapas pidieron a sus homólogos federales la reactivación de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), para dar seguimiento a las demandas del EZLN.

Los acuerdos pendientes

Según Jorge Santiago Santiago, exasesor y colaborador cercano de Samuel Ruiz - obispo emérito de San Cristobal, quien colaboró a frenar la declaración de guerra contra el gobierno federal - solo al tema sobre Derechos y Cultura Indígena se le dio solución.

Los acuerdos derivados fueron llevados a consulta por el EZLN y en febrero de 1996 se firmaron por ambas partes en un acuerdo mutuo. 

A partir de los contenidos pactados, los integrantes de la Cocopa elaboraron la Iniciativa de Reformas Constitucionales en materia de Derechos y Cultura Indígena —conocida como Ley Cocopa— que propone reformas a la Constitución para reconocer la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, en sus formas de gobierno y desarrollo como parte del Estado mexicano.

Esta iniciativa de Ley fue rechazada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo 81994-2000). En 2001, bajo la presidencia de Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), el mandatario la presentó como iniciativa ante el Congreso federal, pero la llamada Ley Cocopa fue rechazada y a cambio, los legisladores elaboraron algunas modificaciones constitucionales en materia de derechos indígenas. Ese año el EZLN rompió el diálogo con el gobierno.

Las comunidades se organizan

Luego de la ruptura con el gobierno panista de Fox, el EZLN asumió los Acuerdos de San Andrés como su carta magna e impulsó que los pueblos organizados trabajaran en la construcción de sus autonomías.

Los zapatistas y las comunidades adherentes a su causa, entre ellos  la organización Las Abejas de Acteal, empezaron a construir escuelas, hospitales, sistemas económicos, gobiernos y justicia propia, dijeron especialistas en temas indígenas que se reunieron el pasado fin de año en la ciudad de San Cristóbal de las Casas para analizar el desarrollo de los movimientos sociales de Chiapas, México y otros países.

Pablo González Casanova, considerado uno de los sociólogos más importantes en América Latina, dijo que en estos 19 años los zapatistas lograron erigir un “proyecto político indigenista, autónomo, de emancipación humana, de transición en la medida posible pacífica, y a partir de una política de la resistencia para vivir, para defender al tierra, el agua, el bosque y la vida”.

Estas comunidades dejaron el “paternalismo y el clientelismo en el que el PRI fundamentó sus programas sociales, para ejercer su autonomía", aseguró Gustavo Esteva, escritor y académico de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, similar a la Universidad de la Tierra de Chiapas, a donde asisten jóvenes bases de apoyo del EZLN.

En su comunicado del 30 de diciembre, el movimiento zapatista enumeró una serie de logros en las comunidades donde habitan integrantes de este grupo, en materia de desarrollo, educación, salud y derechos de las mujeres.

“Gobernamos y nos gobernamos a nosotros mismos”, dijo y reiteró su demanda para el reconocimiento en la Constitución de los derechos de los pueblos indios, “tal y como lo establecen los llamados Acuerdos de San Andrés.

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