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Ajustes a la presa 'El Zapotillo' causan controversia a Guadalajara y León

El gobierno de León afirma que el abasto de agua está garantizado en contraste con Guadalajara, que advierte escasez
mié 06 febrero 2013 07:34 PM
Barda en Temacapulín
Barda en Temacapulín

El abasto de agua durante los próximos 25 años para Guadalajara, en Jalisco, y León Guanajuato, dos de las ciudades con mayor potencial industrial en México, depende de posibles ajustes en la  construcción de la presa El Zapotillo.

“No vamos a inundar Temacapulín” , escribió en Twitter el gobernador electo de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, el 29 de enero. La publicación inició una controversia por implicar la modificación de un proyecto que amenazó la  supervivencia de tres poblados  en la región de Los Altos, al norte del estado, con poco más de 1,000 habitantes: Acasico, Palmarejo y Temacapulín.

El gobierno federal suscribió en el año 2005 la autorización de la construcción de la presa  El Zapotillo, para dotar de agua a Jalisco y Guanajuato .

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los estados de Jalisco y Guanajuato firmaron en el año 2007 un "acuerdo de entendimiento" para la realización de la presa y por petición de Jalisco se autorizó elevar la cortina de 80 a 105 metros a fin de destinar el volumen adicional (3 metros cúbicos por segundo) a la zona metropolitana de Guadalajara.

¿Cómo conseguir no inundar al menos uno de los tres poblados? “Reduciendo de 105 a 80 metros la altura de la cortina que forma parte de la presa, esto implica menor captación de agua, pero también implica salvar Temaca”, informó a CNNMéxico, Magdalena Ruiz Mejía, coordinadora de Fomento y Regulación para la sustentabilidad del equipo de transición nombrado por Sandoval Díaz.

Dejar la cortina a una altura de 105 metros como está proyectada actualmente, implica garantizar agua por tres décadas a unos 2.3 millones de habitantes en Guadalajara, León y 14 municipios de la región de Los Altos de Jalisco, pero a la vez obligaría la desaparición de tres poblados con más de 1,000 habitantes y un amplio  patrimonio histórico y cultural  catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

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Disminuir la cortina a 80 metros de altura significa rescatar Temacapulín, uno de los tres poblados en riesgo de desaparecer, pero reduciría el volumen de distribución en tres metros cúbicos por segundo, lo que equivale al déficit de agua que tienen actualmente la zona metropolitana de Guadalajara, integrada por ocho municipios conurbados.

El director de la Comisión Estatal del Agua Jalisco (Cea), César Coll Carabias, precisó que bajar el tamaño de la cortina implicará además reducir la captación de la presa de 910 millones de metros cúbicos como está proyectada actualmente a 440 millones de metros cúbicos, “estamos perdiendo poco más de la mitad de almacenaje”.

“Otro problema grave es que se tienen que hacer dos presas para proteger Temacapulín, tendremos un costo mayor y tendremos menos de la mitad del agua, sería muy mala inversión”, indicó a CNNMéxico, Coll Carabias.

La controversia

Ruiz Mejía admitió que la merma en la captación repercutirá directamente en el abasto previsto para la zona metropolitana de Guadalajara y agregó que ante este escenario el equipo de transición prepara alternativas de solución entre las que se incluyen un diagnóstico “verdadero” del gasto actual para detectar posibilidades de ahorro, conservación y recuperación de acuíferos, tratamiento integral de aguas pluviales y manejo de tecnologías alternativas.

Autoridades del Sistema Operador del Agua en León (Sapal), dijeron a CNNMéxico que una eventual reducción en la altura de la cortina no modifica la cantidad de agua que se ha comprometido para esta ciudad, sin embargo su contraparte en Jalisco, desmiente esta afirmación y aclara que al reducirse el volumen tendría que ajustarse a los convenios de reparto para todos los beneficiados.

CNNMéxico buscó a autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Jalisco, responsable del proyecto por parte del gobierno federal, para conocer las condiciones en qué se resolvería el reparto del agua, pero hasta ahora no hubo respuesta.

Carlos Hernández Solís, superintendente de Obras y Proyectos del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) en Guadalajara, explicó a CNNMéxico que los decretos presidenciales de distribución de agua se establecieron con base en la cantidad de agua almacenada y no en cuotas fijas.

“En estos decretos se establece que del total de agua almacenada en esta presa,  76% es para Jalisco y 24% para León, a partir de ese razonamiento lo que generaría la presa El Zapotillo en caso de construir los 80 metros es del orden 5.6 metros cúbicos por segundo, esto quiere decir que a Siapa le corresponderían 4.2 metros cúbicos”, calculó.

Esta cantidad de agua, más el 1.2 metros por segundo que aportará la presa El Salto a la zona metropolitana de Guadalajara, es suficiente para garantizar el abasto de sus habitantes para los próximos dos o tres años, según dijo.

“Esto nos da tiempo para en los próximo dos o tres años satisfacer las demandas futuras y prever la realización de obras que aseguren la demanda para los próximo 30 o 40”, agregó Hernández Solís.

El funcionario advirtió que de bajarse la cortina a 80 metros, será necesario construir una presa intermedia como parte de las obras complementarias para “subsanar” lo que se dejaría de recibir vía El Zapotillo.

En contraparte, el gobierno de León asegura que los convenios firmados entre el gobierno federal, Jalisco y Guanajuato garantizan a esa ciudad recibir 3.8 metros cúbicos por segundo de agua durante los próximos 25 años.

“No nos preocupa (modificaciones al proyecto) por dos razones: la federación está trabajando adecuadamente y está coordinando las acciones y en segundo lugar porque en cualquier escenario cumple las expectativas de León”, manifestó a CNNMéxico, el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), Enrique Torres López.

El funcionario informó que la obra registra avances del 50% y se espera que esté terminada a finales del 2013.

La ejecución fue adjudicada mediante licitación a la Asociación de Empresas, La Peninsular Constructora, cuyo brazo financiero es Grupo Hermes y la firma española, FCC Construcción.

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