Los diputados aprueban una ley de amparo que molesta a las empresas

La reforma limita la facultad del sector privado para ampararse contra actos de autoridad que considere arbitrarios
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Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma a la ley reglamentaria del juicio de amparo, que ha generado polémica entre los partidos políticos porque limita la posibilidad de que las empresas recurran a esa figura legal para protegerse de los actos de una autoridad. 

La reforma establece que cuando una compañía que explote bienes concesionados por el Estado se ampare contra un acto de autoridad, no podrá pedir que esa medida se suspenda o deje de aplicarse mientras se resuelve el caso.

La norma involucra a empresas que explotan bienes como el espectro radioeléctrico o las minas, o que operan bancos.

El punto —contenido en el artículo 129 de la legislación— señala que el juez podrá otorgar la suspensión “excepcionalmente” cuando concluya que, de no hacerlo, puede afectarse el “interés social”.

Durante la discusión del dictamen, legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la izquierda señalaron que esa parte de la reforma da facultades excesivas al gobierno y puede afectar la economía.

“No podemos, por la vía de limitación de derechos, caer en un régimen autoritario y discrecional”, dijo en tribuna Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo líder del sector privado, señaló el lunes en un comunicado que algunos puntos de la reforma representan “un avance importante”, pero advirtió que la modificación al artículo 129 “provocaría un grave impacto en los derechos de los ciudadanos, y en particular en los sectores productivos del país”.

“Un amparo sin suspensión no es una protección efectiva porque permite que se prolongue la violación de derechos durante toda la vida del juicio y, en ocasiones, que el daño se haga irreparable. Un acto de autoridad arbitrario, con base en los cambios que se proponen, puede provocar la quiebra de una empresa o de cualquier individuo antes de que la autoridad judicial determine el fondo del asunto”, señaló la agrupación. 

Los legisladores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), principal promotor de la reforma, aseguran que los cambios buscan evitar “abusos” en la utilización del amparo y representan otros beneficios para la ciudadanía. 

La reforma implica cambios a varias normas: la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Congreso, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) y la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional.

Con su aprobación, se permite que las personas puedan ampararse para proteger derechos contenidos en tratados internacionales, no sólo de aquellos incluidos en la Constitución.

También se establece que los efectos de un amparo serán aplicables a otros posibles afectados, no únicamente para quien promovió el juicio, como ocurre actualmente, y que el gobierno federal o alguna de las cámaras del Congreso podrán pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resuelva un caso de forma expedita cuando el asunto sea urgente.

Esos puntos fueron aprobados con el apoyo de la mayoría de los diputados.

La reforma fue presentada al Congreso en la pasada Legislatura (2009-2012) por legisladores de varios partidos, la mayoría del PRI.

El Senado la aprobó en octubre de 2011 y la envió a la Cámara de Diputados, donde fue analizada en comisiones durante las últimas semanas.

Dado que los diputados le hicieron modificaciones, el documento tendrá que regresar a la Cámara alta para una nueva revisión.

La aprobación de la ley reglamentaria del amparo es uno de los 95 compromisos contenidos en el Pacto por México, al que están suscritos los cuatro principales partidos del país: el PRI, el PAN, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En conjunto, todos representan más del 90% de ambas cámaras del Congreso.

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