La reforma sobre libertad religiosa cumple 10 meses sin ser promulgada
La reforma al artículo 24 constitucional sobre libertad religiosa, que permite la práctica de actos de culto en público, cumple 10 meses sin ser promulgada.
La medida quedó aprobada por ambas cámaras del Congreso federal a finales de marzo de 2012, pero no ha recibido el aval de suficientes congresos locales.
Su discusión coincidió entonces con una visita del papa Benedicto XVI, que en uno de sus primeros mensajes en México señaló que la libertad religiosa es parte de la dignidad humana.
"Esta dignidad se expresa de manera eminente en el derecho fundamental a la libertad religiosa, en su genuino sentido y en su plena integridad", dijo.
La declaración causó molestia entre opositores a la reforma, para quienes ésta vulnera al Estado laico.
Al implicar modificaciones a la Constitución, la reforma no solo requiere el visto bueno del Congreso federal para ser publicada y entrar en vigor, sino el apoyo de al menos 17 legislaturas estatales.
Hasta enero, había sido avalada por 16 entidades: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.
En contraste, otras seis la habían rechazado: Baja California, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Zacatecas.
Los cambios al artículo 24
Presentada en 2010 por el entonces diputado José Ricardo López Pescador, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la reforma modifica el artículo 24 de la Constitución sobre la libertad religiosa.
"Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política", señala el texto de la reforma.
"Todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley", establece el artículo actual.
Los opositores de la reforma consideran que ésta es contraria al principio de Estado laico porque puede dar pie a que la Iglesia católica se involucre en la educación pública, entre otras cosas.
"Siempre hemos pugnado por la defensa y reconocimiento de los derechos fundamentales, y éstos se encuentran ya reconocidos por el Estado mexicano. (…) El dictamen sobre el artículo 24 propuesto es, en síntesis, una verdadera contrarreforma que atenta contra la laicidad, piedra angular y fundamental del Estado mexicano", dijo en marzo el entonces senador Leonel Godoy, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Al respecto, la jerarquía de la Iglesia católica niega que la reforma coloque al clero por encima del Estado.
"De ningún modo supone darle un trato privilegiado a la Iglesia católica, por lo que quienes sostengan tal afirmación incurren en manipular la información para sus intereses", dijo el año pasado el vocero del Arzobispado de Guadalajara, Antonio Gutiérrez.
El Papa 'interrumpió' el debate
La reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2011. El Senado inició su análisis a principios de 2012 y la aprobó el 28 de marzo, con 72 votos a favor y 35 en contra.
El debate en torno al tema fue suspendido durante algunos días debido a la visita que el papa Benedicto XVI realizó a México del 23 al 26 de ese mes.
Antes de la discusión en el pleno, ciudadanos protestaron afuera de la Cámara alta y acusaron a los legisladores de buscar aprobar la reforma durante la estancia del pontífice para quedar bien con la jerarquía católica.
Los senadores acordaron entonces posponer el debate hasta que el Papa dejara el país, argumentando que de esa manera evitarían dar la impresión de que su presencia influía en el asunto.
Mientras Benedicto XVI estuvo en México, el presidente Felipe Calderón, militante del Partido Acción Nacional (PAN), se reunió en privado con el pontífice y habló con él de la reforma religiosa , entre otros temas, según informó entonces el gobierno mexicano.
Durante la misma sesión del 28 de marzo, los senadores también aprobaron por 97 votos a favor una reforma al artículo 40 de la Constitución, con la que se establece que México se define como una República laica.
Esa reforma recibió el aval de los congresos locales suficientes en 2012 y fue promulgada el 30 de noviembre, el último día del mandato de Calderón (2006-2012).