Las comunidades de México que han tomado el control del combate al crimen

Municipios de zonas rurales del país han establecido sus propias policías ante el crecimiento del crimen y la ineficacia de las autoridades
| Otra fuente: 1

Nota del editor: Última actualización 15-02-13 a las 13:00 horas

(CNNMéxico)— La inseguridad en algunas regiones rurales de México ha puesto contra la pared a sus pobladores, por lo que habitantes de las comunidades decidieron enfrentar a la delincuencia con la creación de grupos de autodefensa o policías comunitarias armadas.

Siete municipios de Guerrero iniciaron 2013 con el establecimiento de policías comunitarias, como tradicionalmente se había realizado desde hace 17 años, pero que ahora además de la vigilancia de sus comunidades agregaron detenciones y juicios a presuntos delincuentes.

Al menos 500 personas se unieron a un grupo similar en Oaxaca, al sur de México, el cual fue disuelto por un acuerdo de mayor seguridad entre el gobierno estatal y las autoridades municipales.

Desde 2011, la lucha de un municipio de Michoacán por defender los bosques de los taladores ilegales siguió al establecimiento de “rondas comunitarias” de autodefensa, que derivó en unos meses en la creación de un gobierno autónomo reconocido por las autoridades estatales.

Mientras que analistas consideran que se trata de una estrategia a la que los pobladores han tenido que llegar ante la ineficiencia de las autoridades, con los riesgos que implica la justicia por propia mano, autoridades del país han reconocido que son grupos al margen de la ley, como en el caso de Guerrero.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la situación que se está viviendo en el sur de México, primero pidiendo a las autoridades de Guerrero que protegieran a las 54 personas que habían sido detenidas, y después solicitando la intervención inmediata del gobierno ante actos que van contra la Constitución.

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, aseguró que los pobladores han accedido a entregar a todas las personas arrestadas en los días pasados, así como la posible disolución de los grupos de autodefensa, no así la policía comunitaria que seguirá bajo su régimen de usos y costumbres.

"Concluye la etapa de autodefensa, a partir de ahí ellos mostrarán su rostro, a partir de ahí ellos van a ajustarse a los procedimientos que tienen", dijo Aguirre en entrevista con la cadena Radio Fórmula este jueves. "Se acaban los juicios populares, se acotan a lo que ellos mismos han estado realizando".

El funcionario estatal explicó que 43 personas que están todavía detenidas serán entregadas "a más tardar" el 19 de febrero al gobierno de Guerrero. 

La histórica lucha de Ayutla

Los pobladores de Ayutla de los Libres, un municipio de la región Costa Chica de Guerrero, iniciaron el año con el establecimiento de las guardias comunitarias para el combate al crimen.

La población fue escenario de un histórico levantamiento armado: en 1854 fue la sede que los liberales Ignacio Comonfort, Florencio Villarreal y Juan N. Álvarez eligieron para pactar el derrocamiento del dictador Antonio López de Santa Anna de la presidencia de México, de ahí el nombre “de los Libres”.

“Hay un asedio histórico hacia esta región, porque siempre ha sido de algún modo rebelde, resistente, hay un desprecio hacia los indígenas, un trasfondo de abusos por parte de los caciques, de los grupos políticos, del Ejército, de la Policía Ministerial”, explicó el antropólogo Abel Barrera.  

En ese lugar se cree que la policía “ha sido cómplice de los delincuentes”, por lo que sus pobladores decidieron tomar la seguridad en sus propias manos como “un pueblo que históricamente ha sido lastimado y ha resistido”, de acuerdo con la investigación que ha hecho Barrera.

Desde enero, los pobladores comenzaron a detener a personas que, según su juicio, tienen relación con los grupos criminales de la región. Detuvieron a 54 personas que pusieron bajo sus propias prisiones y a finales de mes organizaron juicios comunitarios en los que los pobladores comenzaron a impartir justicia.

Luego de un mes de actividades de las policías comunitarias, el gobierno de Guerrero y la Secretaría de Gobernación (Segob) establecieron la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas para intentar que los pobladores dejen las armas y concluyan los juicios comunitarios.

Los diálogos entre tres organizaciones que participan en los patrullajes comunitarios llegaron al acuerdo de entregar a 11 personas a las autoridades, y este jueves el gobernador confirmó que el resto será entregado en los siguientes días.

En el municipio de Tixtla, en el centro de Guerrero, la oficina de Seguridad Pública municipal reportó a CNNMéxico que la semana pasada unas 30 personas conformaron un grupo de autodefensa similar a las policías comunitarias en la comunidad de El Durazno.

También hubo presencia de personas que realizaban retenes de seguridad en la comunidad de Acatempa, a unos 25 kilómetros de la capital del estado.

Sin embargo, los patrullajes de los policías municipales no han encontrado que continúen las actividades de policías comunitarias desde hace casi ocho días en que fueron vistos, dijo la oficina de Seguridad Pública.

Cherán y la defensa que se hizo ley

En abril de 2011, los pobladores del municipio indígena de Cherán, en Michoacán, decidieron bloquear los accesos al municipio y conformar guardias de seguridad ante las actividades de los taladores de árboles ilegales y la presencia del crimen organizado de la región.

En las esquinas de las calles de la cabecera municipal instalaron barricadas y fogatas en las que los hombres vigilaban de día y noche las actividades del pueblo, mientras las mujeres se turnaron para establecer comedores comunitarios e incluso participaron en apoyo a las tareas de vigilancia.

“Éramos como quince señoras. Faltaba poco para las cinco de la mañana. Nosotras, nerviosas, empezamos a atajar los carros que bajaban. Quién sabe de dónde salieron, pero llegaron puros jovencitos a apoyarnos. Cuando se escucha­ron las campanadas se juntó más y más gente”, relató Rosario en el libro El pueblo que espantó al miedo de la periodista Thelma Gómez Durán.

El estadio de sitio en el que se pusieron por decisión propia comenzó a tener resultados en la defensa de los bosques, y además de la actuación de las organizaciones criminales que, según los propios comuneros, protegen a los talamontes y comenten delitos, todo ante la desprotección de las autoridades.

La organización siguió creciendo hasta que los comuneros decidieron establecer su propio gobierno, eliminando la participación de los partidos políticos y bloqueando las votaciones de gobernador y presidente del país en los siguientes meses.

Sin embargo, los pobladores que usan sus propias armas y equipos de defensa también han solicitado la presencia de autoridades federales para detener los ataques del crimen organizado que continúan afectado al municipio autónomo.

Marcha atrás en Oaxaca

Tras el surgimiento de las policías comunitarias de Guerrero, el municipio de Santos Reyes Nopala, en el vecino estado de Oaxaca, conformó un grupo similar el 11 de febrero pero bajo la dirección del presidente municipal, Fredy Gil Pineda Gopar.

Sin embargo, el gobierno del estado acordó este miércoles la disolución “de manera inmediata” del grupo —que había alcanzado 500 integrantes— luego de que se alcanzó un acuerdo con el alcalde para evaluar a los policías del municipio.

“Las labores de prevención y vigilancia en Santos Reyes Nopala y sus 8 agencias municipales las realizará la Policía Municipal de esta comunidad, cuyos elementos iniciarán en breve el proceso de certificación y evaluación del control de confianza”, dijo el gobierno estatal en un comunicado.

Además, la propuesta del gobierno incluyó el establecimiento de “estrategias coordinadas de vigilancia y patrullaje” con las fuerzas de seguridad estatales, y la creación de programas de empleo temporal para evitar que los pobladores se acerquen al crimen.

Reflejo de la falta de confianza en las autoridades

La situación de estas comunidades es considerada como un fenómeno en el que se ha combinado la defensa legítima de las personas por su seguridad, la ineficacia de las policías para aportar seguridad, e incluso la tolerancia a los grupos por parte de las autoridades.

Así lo explica el doctor Jorge Chabat, experto en seguridad nacional, quien consideró que existe una “tolerancia de facto” hacia los civiles armados ante la imposibilidad de brindar seguridad eficaz.

Las policías en esas zonas "no pueden hacer detenciones como ciertos grupos de autodefensa en Guerrero y Michoacán, que están mucho menos regulados y se ubican en una zona gris entre lo legal y lo ilegal", indicó el académico del Centro de Investigación y Docencia Económica a la agencia EFE.

"El Estado mexicano está un poco acorralado", pues por un lado no satisface la necesidad de protección de la ciudadanía y, por el otro, "no tiene capacidad real para prohibir estos grupos, ya que ello tendría un costo político", expuso.

"La gente desesperada se organiza como puede, obviamente con el riesgo de que se cometan abusos”, dijo Chabat, quien advirtió que en ocasiones estas organizaciones pueden ser corrompidas por el crimen y conformar grupos paramilitares como los colombianos “dedicadas al narcotráfico, al secuestro”, dijo a EFE.

El activista Javier Sicilia, quien lideraba el Movimiento por la Paz, consideró que estos grupos son “legítimos” frente a la “inoperancia del Estado” en sus comunidades, pero advirtió que al mismo tiempo representan un peligro si surgen grupos que “no son de autodefensa y que pueden hacer mucho más daño al país”, según palabras recogidas por Notimex.

El líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido, justificó las acciones de una de las policías comunitarias que establecieron.

"El movimiento surge para prevenir el delito y evitar muertes, y nosotros planteamos abatir y erradicar la delincuencia desde su origen, que es la pobreza, y después restablecer el derecho que tienen los ciudadanos de recuperar la dignidad perdida", dijo a la agencia EFE.

Pero la Coordinadora del Proyecto de Negociación y Mediación del CIDE, Luz Paula Parra, alertó que en la lógica de los movimientos irregulares.

"Quienes estén mejor organizados o armados se podrán defender, y el tipo de seguridad que ofrezcan dependerá de los aliados que tengan, que pueden ser narcotraficantes o guerrilleros", dijo Parra a EFE.

Y por el contrario, "los menos organizados van a tener menos posibilidades de asegurarse en este sistema de selva".

Ahora ve
No te pierdas