Los senadores buscan destrabar la creación de la comision anticorrupción

Las bancadas pactaron que el tema quede aprobado en este periodo, aunque aún tienen diferencias sobre las funciones del nuevo órgano
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Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico

Las principales bancadas en el Senado mexicano buscan que la creación de la comisión nacional de combate a la corrupción quede aprobada en este periodo de sesiones —que concluye el 30 de abril—, lo que las obliga a llegar a consensos en los puntos que las confrontan desde hace tres meses.  

El tema llegó a la Cámara alta a mediados de noviembre, cuando Enrique Peña Nieto pidió a los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de su aliado tradicional, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), conseguir su aprobación antes de que asumiera la presidencia el 1 de diciembre. 

La iniciativa no obtuvo consenso inmediato y desde entonces permanece en comisiones, donde los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), principales fuerzas de la oposición, presentaron sus propias propuestas. 

El tema forma parte del Pacto por México, en el que las principales fuerzas políticas se comprometieron a impulsar 95 reformas en distintas áreas durante el sexenio 2012-2018.

En este contexto, los coordinadores del PRI, Emilio Gamboa; del PAN, Ernesto Cordero, y del PRD, Miguel Barbosa, anunciaron este lunes que pactaron que el tema esté entre las prioridades de la agenda legislativa de este periodo, por lo que sus partidos tendrán que construir acuerdos en los aspectos que los dividen.

Hasta ahora, las tres bancadas coinciden en que el nuevo órgano tenga autonomía constitucional —como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o el Instituto Federal Electoral (IFE) —, pero difieren en numerosos puntos, dijeron senadores que analizan la iniciativa.

Uno de los aspectos que generan división es el número de funcionarios que dirigirían la institución y el método en que serían nombrados, señaló el panista José María Martínez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. 

El PRI y el PAN consideran que el órgano debe ser encabezado por cinco personas —denominados comisionados, consejeros o fiscales—, en tanto el PRD opta por siete. Todos coinciden en que sus mandatos duren siete años, aunque están en desacuerdo en el mecanismo de selección. 

La iniciativa del PRI plantea que sea el presidente quien designe a los integrantes de la comisión anticorrupción, con la ratificación de dos terceras partes del Senado.

Según esa propuesta, si los senadores rechazaran en dos ocasiones a los candidatos, el presidente podría designar de forma directa, como ocurre con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Creemos que es adecuado el sistema que se ha seguido para los nombramientos de los ministros de la Corte. Creemos que funciona, creemos que es bueno, creemos que tenemos my buenos ministros y por eso hemos pensado en replicar este sistema", dijo Pablo Escudero, senador del PVEM e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

En contraste, el PAN y el PRD quieren que la elección de los miembros de la comisión esté a cargo de la Cámara alta, bajo el argumento de que eso daría mayor independencia a los funcionarios seleccionados. 

Las facultades de la comisión

Los tres partidos también coinciden en que el nuevo órgano tenga facultades para investigar presuntos casos de corrupción federal, estatal y local. Sin embargo, difieren en el peso que tendrían sus decisiones. 

El PRI y el PRD proponen que sus sanciones administrativas —multas o la inhabilitación de servidores públicos— puedan ser impugnadas ante tribunales existentes. El PAN plantea que sus resoluciones sean definitivas e inatacables.

Otro punto de conflicto reside en si se otorga al nuevo órgano facultades para perseguir faltas también por la vía penal, dijo el perredista Alejandro Encinas, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. 

El PAN y el PRD plantean que la institución pueda solicitar a los jueces órdenes de aprehensión, el uso de la fuerza, cateos o la incautación de bienes. El PRI se opone a la propuesta porque considera que esa tarea corresponde al Ministerio Público.

Escudero dijo que los especialistas consultados por el Senado han sugerido que no se otorguen al nuevo órgano facultades de acción penal, porque ese tipo de atribuciones deben ser ejercidas por dependencias a cargo de un solo funcionario —como la Procuraduría General de la República (PGR) —, no por organismos colegiados. 

Un sistema anticorrupción

Otra divergencia entre las propuestas está en el modelo de organización de la comisión anticorrupción.

El PRD plantea que la institución tenga un fiscal en cada entidad federativa, en tanto el PAN propone que los dirigentes nombren a un fiscal superior. Para el PRI, ese diseño no debe especificarse en la Constitución, sino en la ley reglamentaria del nuevo órgano.

Las tres bancadas están de acuerdo en que esa legislación secundaria deberá establecer de qué forma la comisión tendría que coordinarse con otras instituciones para combatir la corrupción. Entre ellas están la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los órganos internos de control de los gobiernos estatales (OIC).

Martínez señaló que el objetivo es que el nuevo organismo sea parte de un sistema integral, no otra oficina que "engorde" la democracia.

"Se requiere no solamente un órgano con autonomía constitucional, sino el rediseño de todo un sistema que permita no solamente enfrentar la corrupción y la impunidad, sino también la construcción de una cultura de la legalidad", dijo Encinas por separado. 

Los senadores prevén que esta semana concluyan los encuentros que han sostenido con funcionarios, académicos y organizaciones civiles con el fin de analizar el tema, de manera que para finales de febrero o principios de marzo esté listo el dictamen que será discutido en el pleno.

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