Los casos que cimbraron al sindicalismo mexicano

Por: Mauricio Torres

Desvío de recursos, intervención en elecciones y regalos lujosos empañaron el historial de algunos de los sindicatos más fuertes del país

La PGR detiene a Elba Esther

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Este martes, la Procuraduría General de la República detuvo a Elba Esther Gordillo. (Foto: Notimex)
Elba Esther  (Foto: Notimex, )

Cuatro meses después de haber sido reelegida como dirigente del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo fue detenida por la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de recursos de la organización gremial a cuentas personales. 

El procurador Jesús Murillo Karam informó este martes a medios que autoridades federales detectaron que 2,600 millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fueron depositados en cuentas de personas físicas, entre ellas algunas a nombre de Gordillo.

La orden de aprehensión fue emitida por el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal, indicó Murillo Karam.

El hecho ocurre un día después de que el gobierno federal promulgara una reforma constitucional en materia educativa a la que el SNTE se opone. Entre otros puntos, la reforma hace obligatoria la evaluación de los profesores y entrega al Estado el control de las plazas docentes. 

Gordillo ha señalado en varias ocasiones que la reforma atenta contra los derechos laborales de los profesores y había anunciado protestas “pacíficas”. El gobierno de Enrique Peña Nieto niega que la reforma busque afectar a los docentes y afirma que su principal objetivo es combatir el rezago educativo.

La destitución de Jonguitud

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Elba-Salinas
Elba-Salinas  Elba-Salinas  (Foto: Cuartoscuro Archivo)

En 1989, Gordillo llegó a la dirigencia del SNTE luego de que el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, destituyera del cargo a Carlos Jonguitud Barrios. 

Salinas exigió a Jonguitud separarse de la dirección del sindicato luego de una serie de protestas de profesores disidentes. Jonguitud era líder del movimiento Vanguardia Revolucionaria, una corriente dentro del SNTE.

En 2006, Gordillo reconoció que Salinas la apoyó durante sus primeros años al frente del SNTE, aunque rechazó pertenecer a su grupo político.

Además de dirigente sindical, Jonguitud fue gobernador de San Luis Potosí (1979-1985), senador e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Murió en noviembre de 2011 a los 87 años.

En 2009, Carlos Jonguitud Carrillo, hijo del exgobernador, culpó a Gordillo del “desastre” en la educación mexicana e inició una campaña para destituirla de la dirigencia del SNTE. “Lo que queremos es quitar a los líderes permanentes. Si causan vicios, hay que hacerlo, porque si no perfeccionan sus estrategias. Ella es responsable del desastre del sistema educativo mexicano”, dijo entonces al diario El Universal.

El 'Quinazo'

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La Quina
La Quina  La Quina  (Foto: Cuartoscuro Archivo)

El 10 de enero de 1989, el Ejército detuvo en su casa de Ciudad Madero, Tamaulipas, al entonces líder del sindicato de trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), Joaquín Hernández Galicia, La Quina, a quien las autoridades federales acusaron de homicidio y acopio de armas. 

La detención ocurrió poco más de un mes después de que el priista Salinas de Gortari asumiera la presidencia del país, luego de unas elecciones que la oposición tachó de fraudulentas. 

Algunos analistas consideran que la captura del dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) —un episodio conocido popularmente como Quinazo— fue una maniobra de Salinas para mejorar la imagen de su gobierno, al actuar contra un hombre que algunos sectores sociales acusaban de corrupto. 

Para otros, la medida fue una represalia contra Hernández Galicia por supuestamente no haber apoyado a Salinas en los comicios de 1988. “(El mensaje fue) se le va a hacer pagar su desacato al sistema y a Salinas en lo particular, y se va a hacer un castigo ejemplar: lo que le pasó a La Quina le puede pasar a cualquier otro de los líderes obreros”, dijo el historiador Lorenzo Meyer para un documental sobre el tema producido por grupo editorial Clío. 

Hernández Galicia fue condenado a más de 30 años de prisión, pero el gobierno le concedió la amnistía en 1997. En 2009, declaró al diario Milenio que a pesar de los señalamientos en su contra votó por Salinas y, en septiembre pasado, tras un incendio en una refinería de Pemex donde murieron 30 personas, aseguró que el actual dirigente petrolero, Carlos Romero Deschamps, es responsable de que ocurran hechos de ese tipo.

Los petroleros y las elecciones

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Carlos Romero Deschamps
Carlos Romero Deschamps  Carlos Romero Deschamps  (Foto: Cuartoscuro Archivo)

El sindicato petrolero entró nuevamente en la polémica en 2001, luego de que el gobierno de Vicente Fox, militante del Partido Acción Nacional (PAN), presentara una denuncia contra Pemex por el presunto desvío de 1,500 millones de pesos a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida, en las elecciones de 2000. 

La denuncia fue promovida ante la PGR por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) —ahora llamada de la Función Pública— y señalaba como presuntos responsables a Rogelio Montemayor, exdirector de Pemex, así como a Carlos Romero Deschamps, dirigente del STPRM, y a Ricardo Aldana, tesorero sindical. 

La PGR acusó a los involucrados de robar recursos del erario, pero tras años de litigios judiciales éstos obtuvieron amparos o fueron exonerados. En agosto de 2011, un juzgado federal declaró que el delito había prescrito porque la PGR no aportó más pruebas. 

El caso conocido como Pemexgate también llegó al Instituto Federal Electoral (IFE), que a comienzos de 2003 determinó que el sindicato petrolero desvió al menos 500 millones de pesos a la campaña del PRI y sancionó al partido con 1,000 millones de pesos, la multa más grande que la institución ha impuesto. El PRI terminó de pagar el monto en 2006. 

Romero Deschamps, de 68 años, y Aldana, de 58, son legisladores federales en el Congreso que inició funciones el 1 de septiembre. Romero Deschamps es senador e integrante de la Comisión de Energía. Aldana es diputado y miembro de la Comisión de Trabajo, desde donde se opuso a que se obligue a los sindicatos a elegir a sus dirigentes mediante voto libre, directo y secreto.

El prófugo líder minero

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Napoleón Gómez Urrutia
Napoleón Gómez Urrutia  Napoleón Gómez Urrutia  (Foto: Cuartoscuro Archivo)

En 2006, el gobierno de Vicente Fox inició una investigación y solicitó una orden de aprehensión en contra del líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, por presuntamente disponer de forma indebida de los recursos de un fideicomiso de la organización gremial que ascendían a 55 millones de dólares. 

La indagatoria contra el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) se abrió luego de que una explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, causara la muerte de 67 trabajadores. El hecho generó un intercambio de acusaciones entre autoridades, empresas del sector y sindicalistas. 

Gómez Urrutia —hijo de Napoleón Gómez Sada, líder minero por más de 40 años— aseguró que el gobierno había iniciado una persecución en su contra y se exilió en Vancouver, Canadá. Hasta la fecha, desde ahí ha dirigido al SNTMMSRM. 

En mayo de 2008, una asamblea reeligió a Gómez Urrutia como dirigente para el periodo 2008-2014. El gobierno de Felipe Calderón se negó a reconocerlo, argumentando de que no cumplía requisitos como vivir en el país y carecer de órdenes de aprehensión. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al gremio un amparo que obliga a las autoridades a reconocer a Gómez Urrutia para que se respete la autonomía sindical. 

“La victoria de nuestro sindicato, la victoria de los mineros de México, es la victoria de todos”, dijo Gómez Urrutia para un video publicado en la página web del SNTMMSRM tras el fallo de la Corte. “Hemos logrado vencer a nuestros enemigos, por muy poderosos que parecían al principio”, agregó el líder sindical, cuya orden de aprehensión refrendó un tribunal federal.

Las Hummer de los maestros

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Hummer del SNTE
Hummer del SNTE  Hummer del SNTE  (Foto: Cuartoscuro Archivo)

En octubre de 2008, el sindicato de maestros anunció que repartiría entre sus agremiados 59 camionetas Hummer, vehículos de lujo con un precio unitario de 370,000 pesos (unos 28,400 dólares). 

La dirigente de la organización, Elba Esther Gordillo, en principio dijo durante una reunión del gremio que las camionetas serían un regalo del SNTE para sus dirigentes de sección, a fin de que éstos viajaran en “un buen carro”, según reportaron entonces los medios de comunicación mexicanos. 

Pero poco después, la propia Gordillo cambió su versión y señaló que los vehículos serían rifados entre los miembros del sindicato, con el objetivo de recabar recursos para mejorar la infraestructura de 320 escuelas, 10 por cada entidad del país. También mencionó que el SNTE invirtió en las Hummer 21 millones 830,000 pesos (aproximadamente, 1.6 millones de dólares) derivados de las cuotas que cada docente aporta al gremio. 

La compra de las camionetas generó numerosas críticas hacia Gordillo. Andrés Manuel López Obrador, excandidato presidencial de la izquierda, criticó que se gastara dinero público en ese tipo de obsequios. Antonio Ortega, entonces diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), describió el hecho como “grotesco, inmoral y poco ético”. 

El SNTE —el sindicato más grande de América Latina con alrededor de 1.5 millones de afiliados— ha enfrentado otras acusaciones por prácticas como la venta de plazas. Una de las metas de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), que el gobierno de Felipe Calderón y el sindicato firmaron en 2008, es acabar con esas acciones.

La 'resistencia' de los electricistas

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El 11 de octubre de 2009, el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) decretó la desaparición de la compañía pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que brindaba servicio de energía eléctrica a los estados del centro del país. 

La medida, una de las más polémicas del gobierno de Calderón, causó molestia en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que agrupaba a los alrededor de 44,000 trabajadores de LyFC. 

Calderón justificó entonces su decisión argumentando que la situación financiera de la LyFC era “insostenible” porque “sus costos de operación eran casi el doble de sus ingresos”. Las autoridades ofrecieron a los integrantes del SME una liquidación y la posibilidad de ser recontratados en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el otro organismo público del ramo, aunque la dirigencia sindical que encabeza Martín Esparza rechazó el ofrecimiento y exigió la reinstalación de los sindicalistas en sus puestos de trabajo. 

Los electricistas se declararon en “resistencia” y, entre otras cosas, han tomado algunas de las viejas instalaciones de LyFC, protestado en algunos eventos de Calderón, convocado marchas y montado campamentos en plazas públicas para reclamar al gobierno que cumpla sus demandas. 

De 2009 a la fecha, el SME ha recibido apoyo de los partidos de izquierda y algunos grupos de ciudadanos. Sin embargo, otros sectores sociales afirman que sus exigencias carecen de fundamento porque, entre otras razones, consideran que el servicio de LyFC y sus trabajadores era ineficiente.

La CTM, el PRI y el 'Sorianagate'

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CTM-Soriana
CTM-Soriana  CTM-Soriana  (Foto: Cuartoscuro Archivo)

Pocos días antes de la elección presidencial del 1 de julio, la coalición de izquierda Movimiento Progresista, que postuló a Andrés Manuel López Obrador, acusó al PRI y a su candidato, Enrique Peña Nieto, de haber comprado votos a través de tarjetas de prepago. 

Algunas de esas tarjetas —según el PRD, el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano— pertenecían a la cadena de tiendas de autoservicio Soriana y tenían el escudo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), una central obrera que agrupa a varios sindicatos ligados al PRI. 

La izquierda señaló entonces que las tarjetas, a las que supuestamente se habían depositado diferentes cantidades, fueron entregadas a ciudadanos a cambio de que votaran por Peña Nieto. El caso se difundió en algunos medios con el nombre de Sorianagate.

El equipo de Peña Nieto, en tanto, negó los señalamientos sobre la presunta compra de votos. “Son tarjetas de la CTM que fueron contratadas hace dos o tres años (para sus agremiados) y que incluso cumplieron ya su periodo de vigencia”, dijo a medios Luis Videgaray, excoordinador de la campaña del priista y ahora secretario de Hacienda y Crédito Público. 

Peña Nieto, que asumió la presidencia el 1 de diciembre, ganó las elecciones con el 38% de los votos, unos seis puntos arriba de López Obrador. El resultado fue impugnado por el Movimiento Progresista, pero el Tribunal Electoral desechó el recurso porque concluyó que el bloque no había aportado pruebas suficientes.