Las reformas a la ley de víctimas son avaladas en comisiones del Senado
Las reformas a la Ley General de Víctimas impulsadas por un grupo de activistas quedaron aprobadas este miércoles en comisiones del Senado mexicano y fueron enviadas al pleno para su discusión y votación.
Los senadores buscan que el documento se vote en la sesión de este jueves.
El texto fue apoyado principalmente por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), que a mediados de febrero adoptaron las propuestas promovidas por algunos activistas contra la violencia, entre ellos el poeta Javier Sicilia, Isabel Miranda de Wallace y María Elena Morera.
Las dos últimas asistieron este miércoles a la dictaminación del documento.
El Partido Acción Nacional (PAN), en tanto, votó a favor de la reforma en lo general, pero presentó 21 reservas en la discusión particular —la mayoría rechazadas— y advirtió que insistirá ante el pleno para que sus planteamientos sean tomados en cuenta.
La reforma propone modificar la legislación publicada a principios de 2013, a fin de detallar quiénes serán considerados víctimas de la violencia y qué tribunales podrán ordenar que el Estado las indemnice.
Para el PAN, sin embargo, la propuesta impulsada por los activistas es insuficiente porque no establece cómo se conformarán los fondos de apoyo a las víctimas.
Horas antes de la sesión de comisiones, los panistas presentaron al Senado su propia iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas, uno de cuyos puntos clave es obligar a los gobiernos estatales a integrar fondos en la materia, en vez de que esos recursos dependan únicamente de la Federación.
“Creemos que nuestras iniciativas presentan un modelo más completo, más coherente, más eficaz y sobre todo económicamente solvente”, dijo a medios por la tarde el panista Roberto Gil Zuarth.
La discusión de cambios a la legislación se realiza luego de que la normatividad actual generara controversia entre partidos, activistas y el expresidente panista Felipe Calderón, cuyo mandato terminó en noviembre.
Desde 2011, Sicilia y otros activistas exigieron a Calderón impulsar una ley para apoyar a las víctimas de la violencia en el país.
La legislación se aprobó a finales de su mandato, pero el entonces presidente se negó a promulgarla argumentando que tenía inconsistencias. Incluso, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para obligar al Congreso a modificar el documento.
Su negativa a publicar el texto le valió críticas de los activistas cercanos a Sicilia y, cuando dejó el cargo, su sucesor, el priista Enrique Peña Nieto, retiró la controversia constitucional y en enero decidió promulgar la normatividad.
En su mandato (2006-2012), Calderón desplegó una estrategia de lucha contra la delincuencia a la que grupos defensores de derechos humanos atribuyen el aumento de la violencia en México. Según el gobierno de Peña Nieto, en los seis años que gobernó Calderón murieron unas 70,000 personas en acciones derivadas de la delincuencia.