Activistas aceptan con reservas reforma para combatir ataques a la prensa

Garantizar recursos para investigar los delitos, restituir los expedientes y restaurar la confianza con las autoridades son los pendientes
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| Otra fuente: CNNMéxico
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) -

La reforma para combatir la violencia contra los periodistas en México representa "un paso hacia adelante" que no debe quedarse solamente en el papel, señalaron este viernes organizaciones que defienden la libertad de prensa.

"Antes de gritar victoria hay que ver cómo se empieza a aplicar (la reforma)", dijo en entrevista con CNNMéxico Benoit Hervieu, jefe del despacho para las Américas de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El Senado aprobó el jueves reglas para que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga la investigación de los delitos del fuero común que afecten a los periodistas, una medida que busca reducir la impunidad de las agresiones contra comunicadores.

La reforma avalada por unanimidad reglamenta una reforma previa al artículo 73 de la Constitución.

RSF, con sede en París, Francia, había urgido en los últimos meses a que se aprobara la reglamentación para que las autoridades federales atrajeran los casos.

Tras la aprobación de la reforma este jueves, la cual aún tiene que ser discutida en la Cámara de Diputados, "ahora tenemos que ver si realmente hay la voluntad política" para proteger a los periodistas, afirmó Hervieu.

Por su parte, la organización Artículo 19 reconoció el avance en materia legislativa, pero afirmó que "si bien no se alcanzó el máximo estándar son los mínimos necesarios para lograr su objetivo".

Desaparecerá una fiscalía "sin dientes"

Artículo 19, que desde 2008 junto con las organizaciones Freedom House y Cimac, buscó que se aprobaran reformas a la ley para castigar los delitos contra periodistas, afirmó que la actual fiscalía especial para atender los delitos contra la libertad de expresión deberá desaparecer.

Al igual que RSF, la agrupación pidió garantizar que se tengan "las facultades y los recursos necesarios para cumplir la investigación de las agresiones".

"En México las cosas tomaron mucho tiempo, la burocracia es muy fuerte, por eso hay que saber cómo concretamente se implementarán esos nuevos mecanismos", dijo Hervieu, quien también hizo un llamado a que se garanticen los recursos y los medios humanos para implementar las modificaciones a la ley.

En el mismo sentido, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), una asociación civil que registra casos de agresiones contra periodistas, afirmó que se debe "tener presupuesto y tener un ámbito que le permita la atracción de los casos".

La actual fiscalía ya había sido criticada por RSF, que la calificó de inoperante. "Hay una impunidad total en la mayoría de los casos que afectaron la profesión en la última década", dijo Hervieu, que llamó a que un nuevo órgano reconstituya los expedientes.

Brisa Maya Solís, directora de Cencos, dijo en entrevista con CNNMéxico que la fiscalía aperturada en 2010 no cumplió con las expectativas, principalmente debido a la falta de facultades.

Según Solís, del 1 de enero al 31 de octubre de 2012, la fiscalía recibió 131 denuncias, de las cuales abrió 99 averiguaciones, en las que a dos se negó el ejercicio de la acción penal. En dicho periodo dictó 69 medidas cautelares a favor de los periodistas, pero no giró órdenes de aprehensión ni citatorios para llamar a comparecer a los agresores.

Falta restaurar la confianza entre periodistas y autoridades

Para RSF, aún queda pendiente dar la cara a familiares de periodistas que han sido afectados por la violencia, los cuales no han sido apoyados por las autoridades.

“De parte de las autoridades, (los familiares) te dicen que no han tenido apoyo, o muy poco”, asegura Hervieu, quien recientemente se reunió con varios de ellos.

Los familiares son apoyados por organismos que defensa de la libertad de expresión en sus reclamos por saber la verdad, según Hervieu, pero afirmó que “ninguna organización puede sustituir a las autoridades de un país”.

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Según RSF, en 2012 en México se registraron seis asesinatos de periodistas, solo por debajo de países como Siria, Somalia y Paquistán.

Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), al menos uno de los seis periodistas asesinados —el independiente Adrián Silva Moreno— murió por su labor periodística.

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