La justicia mexicana absuelve extitular de la SIEDO de crimen organizado

El Consejo de la Judicatura indicó que el principal testigo colaborador del caso, por delincuencia organizada, mintió en sus declaraciones
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| Otra fuente: CNNMéxico

Un juez mexicano dictó sentencia absolutoria a favor de Noé Ramírez Mandujano, extitular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), “respecto del delito de delincuencia organizada”, indicó este lunes en un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En noviembre de 2008, Ramírez Mandujano fue acusado por las autoridades mexicanas de haber recibido 450,000 dólares del cártel del Pacífico, que dirige Joaquín El Chapo Guzmán. En febrero de 2009 ingresó a prisión.

La Operación Limpieza, de 2008, llevo al arresto de varios medios y altos mandos, así como agentes, presuntamente involucrados con el crimen organizado, entre ellos Ramírez Mandujano.

Las autoridades también señalaron que el cártel de los Beltrán Leyva había entregado recursos a Ramírez Mandujano, para corromperlo.

“En la sentencia se analizaron declaraciones de testigos colaboradores en las cuales la representación social de la Federación sustentó su acusación”, detalló el comunicado del CJF. 

“En relación con el principal testigo colaborador con nombre clave Jennifer, se demostró que se condujo con falta de probidad, pues se evidenció que éste mintió al rendir sus declaraciones”, agregó el mensaje oficial.

También se advirtió que otros testigos colaboradores, informó el Consejo, no hicieron imputación directa en contra del acusado, y otras declaraciones de testigos “se obtuvieron de manera ilegal”.

En octubre de 2012, la SIEDO cambió su nombre a Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Durante el gobierno de Felipe Calderón, que planteó un combate frontal contra el crimen organizado, la Procuraduría General de la República (PGR) perdió varios casos contra funcionarios.

En 2009, un operativo de autoridades mexicanas llevó a la detención de 35 funcionarios estatales en Michoacán, por presuntos vínculos con el narcotráfico. La PGR no logró sostener la acusación, y a fin de cuentas fueron liberados, en lo que se conoció como el caso del Michoacanazo.

El Consejo de la Judicatura Federal informó que, en la diligencia de careo entre Ramírez Mandujano y el testigo colaborador, Jennifer, se advirtió una posible fabricación de pruebas.

“Motivo por el cual se dio vista al Procurador General de la República, para que conforme a sus atribuciones procediera a la investigación de posibles delitos cometidos por parte de la fiscalía que recabó dichos testimonios”, de acuerdo con el Consejo.

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"Existieron indicios suficientes de que efectivamente, altos funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada incurrieron en actos de corrupción, incluso, algunos de ellos, se integraron al programa de testigos colaboradores”, agregó.

"Sin embargo, no se aportó prueba idónea y legal que estableciera que el acusado Noé Ramírez Mandujano, formara parte de esa red de corrupción, ni tampoco que se advirtiera alguna irregularidad en su encargo como subprocurador”.

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