Llega a México relator de la ONU para revisar asesinatos y violencia

El sudafricano Christof Heyns se reunirá con víctimas y autoridades para recabar de primera mano los testimonios sobre hechos violentos
Movimiento por la Paz  Movimiento por la Paz
Autor: Daniela Rea | Otra fuente: CNNMéxico

Los casos de homicidios de civiles por parte de elementos federales en México serán analizados por un relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El sudafricano Christof Heyns se reunirá —desde este lunes y hasta el 2 de mayo — con víctimas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Heyns visitará Chihuahua, Guerrero y Nuevo León para recabar los testimonios de casos como el de Juan Carlos Peña y Rocío Elías, quienes resultaron heridos en un fuego cruzado en Nuevo León en 2010 y que, a pesar de pedir auxilio a los uniformados con las manos en alto, fueron asesinados por los militares, según la recomendación 42/2011 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El relator de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias tiene especial interés en las agresiones y la atención a víctimas como mujeres, niños, migrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos en el país, según un comunicado de organización.

Antes de iniciar la visita oficial, el relator se reunió este domingo con organizaciones de la sociedad civil y víctimas. En el encuentro estuvieron Daniel Joloy, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia, entre otros defensores.

Durante la reunión, los defensores alertaron sobre el incremento de homicidios presuntamente cometidos por las fuerzas federales como parte de la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), asesinatos y desapariciones de migrantes, falta de información sobre estas muertes e impunidad generalizada.

Los defensores propusieron al relator, en el caso de ejecuciones por parte de las fuerzas armadas, el retiro de las fuerzas federales en las tareas de seguridad pública, terminar con la criminalización de las víctimas, investigar y sancionar a los responsables.

Acerca de los casos sobre desapariciones y asesinato de migrantes, pidieron crear mecanismos de búsqueda inmediata, conformar un banco de datos forense regional México-Centroamérica, creación de una comisión de expertos forenses y un programa de atención a víctimas y familiares, entre otras.

Matar al “enemigo interno”

Para los defensores de derechos humanos y la CNDH —según sus recomendaciones—, una de las causas de los asesinatos de civiles es el uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos federales.

En un informe presentado ante la ONU en agosto de 2011, el relator Heyns señaló que este uso excesivo de la fuerza se basa en la “estigmatización del enemigo” o la creación de un “enemigo interno” al que hay que acabar.

Entre los motivos que causan esa estigmatización, según el informe mundial del relator, está el consentimiento de la sociedad de acabar con “los malos”, la percepción de que los pobres son peligrosos, las presiones a los oficiales desde los altos mandos para acabar con el crimen y el uso de la retórica oficial como “guerra al terrorismo o guerra a las drogas”.

“Estos elementos los encontramos en México. La estrategia de militarización de la seguridad pública ha estado acompañada por una estrategia mediática que ha hecho uso de un discurso retórico con el fin de sumar adeptos y acallar las críticas en su contra”, señala Daniel Joloy, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

En el informe que la CMDPDH entregó al relator refiere que autoridades estatales y federales han llegado a justificar el homicidio de personas bajo el argumento de pertenecer a la delincuencia organizada.

Los patrones de los asesinatos

Entre el año 2007 y 2012, la CNDH emitió 35 recomendaciones por asesinatos de civiles cometidas por militares, marinos, policías federales y estatales. La mitad de ellas fueron emitidas al Ejército y pese a que los soldados responsables argumentaron defensa propia, solo en un caso se logró acreditar necesidad de defensa personal.

Las víctimas fueron asesinadas por pasarse un retén, hacer un movimiento “sospechoso”, correr asustado o estar en un supuesto “fuego cruzado”. En una veintena de casos las víctimas fueron heridas y murieron abandonadas sin recibir atención médica. 

En siete casos, la CNDH acreditó que las víctimas recibieron el tiro de gracia o les dispararon a menos de un metro de distancia. En al menos cinco más las víctimas fueron desaparecidas y luego encontradas muertas.

Otro patrón es que las fuerzas armadas colocan armas a las víctimas para incriminarlas y justificar así su muerte, como fue el caso de Joaquín Figueroa, quien fue asesinado junto con otras 10 personas en un supuesto enfrentamiento entre miliares, policías federales y estatales en junio de 2011; a su cuerpo le pusieron armas largas y lo presentaron como un criminal, de acuerdo con la CMDPDH.

El gobierno busca regular uso de la fuerza

En abril de 2012, el gobierno federal emitió el Protocolo del Uso Legítimo de la Fuerza en México para las fuerzas militares, marinas y policía federal.

En él se prohíbe a los militares disparar en contra de conductores que no se detengan en retenes, salvo que se resistan de manera agresiva o representen un peligro inminente de muerte o lesiones graves a los soldados.

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Agrega que si se aplicó la fuerza de forma excesiva las autoridades deberán brindar atención médica inmediata.

También se incluyen los “derechos del policía”: derecho a proteger su vida e integridad física, a que se respete su dignidad por parte de sus superiores y de la sociedad.

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