Medio millón de desplazados en 50 años espera atención en Chiapas

Los conflictos políticos, religiosos o sociales en Chiapas han desplazado de sus comunidades a alrededor de 500,000 personas durante los últimos 50 años, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El número hace de Chiapas la entidad mexicana con la más desplazados, indica el reporte, que destaca el caso de las 25,000 personas que desde 1994 se han visto forzadas a dejar sus localidades tras el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Óscar Torrens, director del Programa Conjunto por una Cultura de Paz de las Naciones Unidas, consideró que el Estudio sobre los desplazados por el conflicto armado en Chiapas, publicado en 2012, representa el diagnóstico más sólido de la situación en la entidad ubicada al sur del país, dado que el gobierno de México carece de un censo oficial en la materia.

"A 18 años del inicio del conflicto entre el EZLN y el gobierno federal, se estima que alrededor de 70% de los desplazados no ha recibido atención por parte de las autoridades estatales y federales", señala el reporte. "(Para el 30% restante) la atención que recibió fue de carácter asistencialista, parcial, condicionada, y sin acciones en materia de justicia".

Otro caso registrado en los últimos años es el de los indígenas involucrados en la masacre de Acteal, que ocurrió en 1997 en medio de las tensiones que generó el levantamiento zapatista.

Tras permanecer más de una década en prisión, 73 de los detenidos fueron liberados por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que encontró irregularidades en los procesos legales en su contra.

El gobierno chiapaneco, sin embargo, les pidió no regresar a sus comunidades de origen para evitar nuevos conflictos y, para reubicarlos, destinó recursos para instalarlos en otros municipios, donde ellos y sus familias recibirán casas y tierras de cultivo.

La radiografía de los desplazados

El desplazamiento en Chiapas ha tenido varios orígenes.

Fernando Briones Gamboa, especialista en condiciones de riesgo y vulnerabilidad del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), explicó que una de sus principales causas es la construcción de hidroeléctricas que inundaron miles de hectáreas entre 1959 y 1982, pues Chiapas es uno de los estados con más recursos hídricos en el país.

Otros motivos de desplazamiento han sido fenómenos naturales como la erupción del volcán Chichonal en 1982 y los huracanes Mitch y Stan —en 1998 y 2005, respectivamente—, así como los conflictos religiosos. Chiapas, un estado con un 25% de población indígena, tiene decenas de grupos religiosos que se han confrontado en algunas regiones y promovido la expulsión de las personas ajenas a su credo.

En cuanto al conflicto zapatista, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) instrumentó, tras el alzamiento zapatista, programas de prevención de conflictos y construcción de paz entre personas desplazadas. En 2010, detectó que los 25,000 desplazados por causa del conflicto zapatista podían dividirse en dos grupos.

Uno corresponde a los afectados por paramilitares que se confrontan con los simpatizantes del EZLN. Los municipios afectados son Tila, Sabanilla, Salto de Agua y Tumbalá, en la zona norte del estado, y Chenalhó y otros municipios de Los Altos. Algunos de estos pobladores se fueron a vivir a los estados de Campeche y Tabasco, y otros, a comunidades cercanas a sus lugares de origen.

El segundo grupo lo conforman las personas que dejaron sus tierras por diferencias con el EZLN y que habitaban en los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. Algunos migraron a cabeceras municipales, y otros, al norte del país.

Acciones de lento avance

De 2010 a 2012, el PNUD trabajó con un sector de desplazados para elaborar programas de paz, y a comienzos de este año, el Congreso de Chiapas aprobó la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, única en su tipo en México.

Sin embargo, el personal del PNUD e integrantes de la coalición de organizaciones de desplazados señalaron a CNNMéxico que las acciones promovidas para atender al sector son inoperantes, porque el gobierno estatal no ha creado el reglamento de la legislación ni el Consejo de Atención que debe instrumentarla.

"Sólo se tocó la punta del iceberg, porque faltó voluntad polítca por parte del gobierno chiapaneco, para reconstruir el tejido social y crear un ambiente de paz social que permitiera el retorno o una solición duradera a la problemática", dijo Torrens.

En febrero, el gobernador Manuel Velasco —que asumió el cargo en diciembre— se reunió con la coordinadora residente del Sistema de la ONU en México, Marcia de Castro, para discutir la continuidad de programas de atención a diversos grupos, entre ellos los desplazados. A la fecha, no se han concretado acuerdos en la materia.

El coordinador de asesores del gobierno estatal, Eduardo Zenteno Núñez, dijo que las autoridades están atendiendo el problema, a través de acciones como acuerdos que permitan a grupos de indígenas y campesinos regresar a sus localidades.

Legisladores chiapaneos —entre ellos la diputada local Rhosbita López Aquino, presidenta de la Comisión de Población, y el senador Zoé Robledo— se comprometieron a impulsar la creación del consejo y del reglamento de la Ley de Desplazados estatal, así como a promover una norma federal.

"El mayor número hoy ya no está nada más en los estados del sur o en Chiapas (…) sino que gran parte de estos desplazados se encuentran en estados del norte del país: Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, que tienen que ver con situaciones de violencia producto del crimen organizado", dijo Robledo, quien presentó una iniciativa que espera sea dictaminada en el próximo periodo de sesiones.

Los conflictos latentes

Tanto el PNUD como las organizaciones de desplazados consideran que la tensión entre las personas afectadas continúa, por lo que llamaron al gobierno a acelerar la aplicación de las acciones para apoyar a ese sector.

"En la mayoría de las zonas de desplazados se vive una paz tensa. Los conflictos siguen estando ahí debajo de la mesa, y pueden volver a detonar en cualquier momento, porque sigue habiendo contradicciones de tipo económico, social y político", dijo Torrens.

Manuel Pérez García, representante de los desplazados de la zona norte, señaló que la tensión social "no ha cambiado si la comparamos a los primeros años de conflicto" en los municipios como Tila, Sabanilla y Salto de Agua.

Otro desplazado, Julián Méndez Córdova, explicó que sus compañeros viven en "cinturones de miseria", sin posibilidades de regresar, empleándose como albañiles o empleadas domésticas, y en otros casos alquilando tierra para sembrar, o migrando por temporadas.

Torrens señaló que el PNUD no podrá seguir colaborando en la atención del problema porque su programa concluirá este mes debido a falta de recursos.

"Mi balance al final de tres años es que Naciones Unidas hizo su mejor esfuerzo al poner sobre la mesa el tema del desplazamiento", dijo. "Lo demás queda hacer a las autoridades de México".