México busca cambiar el 'rostro' de la justicia para adolescentes

La mayoría de los menores en centros de detención procede del DF, Nuevo León, Sonora, Jalisco y Baja California y cometió algún tipo de robo
Contra el consumo de alcohol en menores de edad
Mauricio Torres
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) -

Más de la mitad de los 11,684 menores presos en México se concentra en cinco entidades y el Distrito Federal ocupa el primer puesto en ese rubro con 1,983 casos.

Para atenderlos, la capital mexicana cuenta con seis centros de detención, a cargo del Gobierno del DF (GDF).

Antes eran conocidos como "consejos tutelares", pero en 2008 cambiaron su nombre a "comunidades", luego de que una reforma constitucional obligó a las 32 entidades del país a modificar sus instituciones de justicia, con el objetivo de crear un sistema especial para adolescentes que respete sus derechos humanos y sus derechos como "personas en desarrollo".

Hilda, madre de Miguel Ángel, un menor de 17 años sentenciado a 11 meses de detención, dice que el trato de las autoridades de la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes (CTEA) hacia los detenidos y sus familiares es respetuoso, aunque las revisiones para entrar al lugar son "estrictas".

Los alimentos guisados, por ejemplo, únicamente pueden ingresar si están en recipientes de plástico transparentes, y los empaquetados, como las galletas, son abiertos e inspeccionados por los guardias antes de llegar a los dormitorios. 

Los menores detenidos en la CTEA solo pueden recibir visitantes los sábados y los domingos, cuando sus familiares les llevan agua, comida y ropa. Una vez al mes también deben llevarles productos de aseo personal.

Miguel Ángel, aprehendido junto con un amigo por el robo de un celular en la delegación Iztapalapa, es uno de los 11,684 adolescentes en centros de detención mexicanos, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2012, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Como ocurrió con él, la mayoría de los adolescentes aprehendidos a nivel nacional cometió algún tipo de robo. Las diferentes modalidades de ese delito —a casa habitación, vehículo, transeúnte, negocio o transporte— condujeron al 67.5% de las detenciones.

Aunque el Distrito Federal no tiene las primeras posiciones en delitos de alto impacto como el homicidio, el secuestro o la extorsión, ocupa el tercer sitio en robo con violencia con una tasa de 415.21 casos por cada 100,000 habitantes, más del doble de la media nacional (192 casos), sin importar la edad.

El cambio de enfoque 

Fermín, padre de Alberto, dice que su hijo fue detenido en 2012 después de participar en una riña en un bar de la delegación Azcapotzalco, donde un hombre resultó herido en el rostro. 

El lesionado, según Fermín, le exigía 35,000 pesos como indemnización (unos 2,900 dólares), en tanto el agente del Ministerio Público pedía 20,000 adicionales para "facilitar" el arreglo (otros 1,600 dólares). 

Molesto, dijo a ambos que no tenía el dinero y decidió que Alberto, quien ahora ya tiene 18 años, cumpliera su sentencia: 11 meses de detención que terminan en mayo. 

Al igual que Hilda, Fermín dice que los adolescentes detenidos reciben buen trato de las autoridades de la CTEA, según lo que su hijo le cuenta. Ángela, madre de Alejandro, un joven de 21 años sentenciado a los 16 por homicidio, coincide con esa opinión. 

"Acá ya no les pegan, los problemas ya nada más son entre ellos", señala. "Se preocupa el personal por ellos, por que estudien, por que hagan algún deporte". 

Un guardia dice que se han producido "muchos cambios" en la CTEA a raíz de las reformas a las leyes locales de 2008, que a su vez derivaron de la reforma constitucional de 2005.

La reforma ordenó a las 32 entidades del país crear "sistemas integrales" para atender a los menores de 18 años involucrados en delitos del fuero común. Para el caso de los delitos federales, la nueva legislación fue promulgada en diciembre pasado y entrará en vigor a finales de 2014.

Entre sus principales puntos, la reforma de 2005 estableció que los adolescentes solamente podrán ser procesados por tribunales especiales y que únicamente serán sentenciados a internamiento cuando tengan más de 14 años y cometan "conductas antisociales calificadas como graves". 

Avances y pendientes 

Algunas organizaciones civiles consideran que la reforma fue positiva porque representó un giro de 180 grados en el trato que las autoridades en México daban a los menores en conflicto con la ley. Sin embargo, advierten que no todas las entidades del país han adoptado normas que protejan los derechos de ese sector. 

"A nivel nacional tenemos situaciones muy irregulares, estados muy avanzados en su legislación como Morelos y estados sumamente atrasados como Chihuahua o San Luis Potosí, donde se prioriza la privación de la libertad", dice Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). 

En su opinión, incluso la ley del DF, de carácter "garantista", sigue privilegiando el internamiento de los menores por encima de otro tipo de medidas socioeducativas.

"Los adolescentes en conflicto con la ley son víctimas que requieren tratamiento. Eso no los exime de su responsabilidad penal. Implica en algunos casos privar de la libertad, pero sobre todo, la responsabilidad está en la posibilidad de que reparen el daño, que puedan resarcir a las personas afectadas y a la sociedad", agrega. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha llamado al gobierno a combatir los factores sociales que alientan la delincuencia juvenil, al señalar que la mayoría de los menores mexicanos en conflicto con la ley son hombres que dejaron la escuela y viven en zonas urbanas marginales o en entornos violentos. 

La mayoría de los adolescentes de la CTEA, por ejemplo, procede de delegaciones como Iztapalapa, Iztacalco o Cuauhtémoc, que tienen la mayor incidencia delitiva del Distrito Federal y donde existen numerosos barrios populares. 

El regreso a la sociedad

La reforma de 2005 también estableció que las autoridades estatales deberán ayudar a los menores a reintegrarse a la sociedad. Desde entonces, en algunos centros de detención se imparten más terapias psicológicas o socioeducativas. 

Fermín, el padre de Alberto, dice que en la CTEA hay talleres de contabilidad, carpintería y dibujo en los que se enseña a los adolescentes una actividad.

Al quedar en libertad, la institución también los canaliza a una bolsa de trabajo con el propósito de que puedan obtener un empleo. 

"Hay chavos a los que después de que llegan aquí la sociedad los ve mal y esa es una forma de ayudarlos", dice Fermín. 

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Al igual que él, Hilda, la madre de Miguel Ángel, cuenta las semanas para que su hijo quede en libertad, lo que se prevé que ocurra en enero próximo.

Cuando eso suceda, su deseo es que Miguel Ángel retome sus estudios y no vuelva a acercarse a lo que ella describe como "malas amistades".

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