Gobernador atribuye asesinato de hermanos Páramo a deuda por drogas

Una deuda de 10,000 pesos por compra de drogas motivó el asesinato el sábado pasado de los hermanos Páramo González, hijos de los periodistas David Páramo y Martha González Nicholson, según el gobernador de Chihuahua, César Duarte.

A 35 horas del crimen, las autoridades llegaron a esta conclusión con base en los mensajes de texto hallados en el teléfono celular de Diego Alejandro Páramo González y de las declaraciones de Jonathan Lozoya, que fue detenido este lunes por su presunta participación en los asesinatos, de acuerdo con la versión del gobernador.

“Al ser detenido (Lozoya) nos ha declarado que sirvió de señuelo (para) el autor material e intelectual de este homicidio, para hacer posible el cobro de 10,000 pesos que adeudaba Diego Alejandro Páramo González, por enervantes que a su vez se comercializaban”, dijo Duarte a periodistas la noche del lunes en el aeropuerto de Chihuahua, al norte de México.

Lozoya, de 25 años, supuestamente mantuvo comunicación a través de mensajes de texto con Alejandro Páramo hasta 10 minutos antes del doble homicidio, lo cual permitió identificar a los otros responsables, indicó el mandatario estatal.

“Ha sido perfectamente cotejado el uso de los teléfonos, por lo tanto tenemos plenamente identificado al autor material y al autor intelectual, los dos autores”, dijo Duarte, y agregó que los dos sospechosos son buscados por “todas las policías en el estado”, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR).

¿Criminalización o impartición de justicia?

Para el activista Javier Sicilia, las declaraciones del gobernador criminalizan a los jóvenes, pues la investigación aún no ha terminado.

“Justo por esto salimos a las calles, por eso se aprobó una ley a favor de las víctimas”, agregó el poeta que fundó el Movimiento de la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) luego del asesinato de su hijo Juan Francisco en marzo de 2011.

Sicilia exhortó a que “el gobierno no abdique en su responsabilidad de perseguir al crimen ante una criminalización”; por su parte, el director de Amnistía Internacional México, Daniel Zapico, dijo que el Estado debe investigar todos los delitos sin importar una posible participación de las víctimas en actividades criminales, pues criminalizarlas implica "contaminar" el proceso judicial.

“El Estado no puede no solo dejar sus funciones, sino además haciéndolo cuestionando la integridad de las personas que están siendo víctimas del crimen sin aportar pruebas y sin hacerlo en el marco de un proceso judicial”, dijo Zapico a CNNMéxico.

Cuestionado sobre una posible criminalización de las víctimas a través de las declaraciones del gobernador, el vocero de la Fiscalía General de Chihuahua, Carlos González, dijo a CNNMéxico que solo “se proporcionó información con motivo de la detención de Jonathan (Lozoya)” y que “la investigación sigue su marcha y no hay ninguna difusión de información sensible”.

“Lo importante es que se está resolviendo un crimen que conmocionó a la opinión pública”, dijo González. “Se está impartiendo justicia sin la menor intención de victimizar y revictimizar a las personas. La Fiscalía, en el ámbito de los ordenamientos legales, tendrá que difundir en la medida que lo permita la investigación”.

Alfredo David y Diego Alejandro Páramo González, de 20 y 21 años respectivamente, fueron asesinados a tiros la madrugada del sábado pasado en la colonia Arboledas, Chihuahua, capital del estado del mismo nombre.

El padre de las víctimas, David Páramo, informa sobre temas económicos en medios nacionales como Proyecto 40 y el diario Excélsior, mientras que Martha González Nicholson, la madre, es directora del diario local El Peso, filial de El Diario de Chihuahua.

Nicholson descartó durante los funerales de sus hijos que el doble crimen tuviera alguna relación con su labor periodística, un señalamiento el gobernador Duarte ha respaldado.

David Páramo pidió respeto “a quienes, por las razones que sea, olvidan que se trata de una tragedia”, a través de su cuenta en Twitter.

Chihuahua, ubicado en el norte de México, fue uno de los estados más afectados por la ola de violencia derivada del crimen organizado durante el sexenio pasado, en el que murieron unas 70,000 personas , según estimaciones de la PGR.