La reforma penal coloca a México en una carrera contra el tiempo

El país tiene poco más de tres años para aprobar leyes secundarias a nivel federal y que los juicios orales operen en todas las entidades
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Mauricio Torres
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) -

México tiene poco más de tres años para lograr que la reforma de justicia penal opere en todo el país, lo que obliga a gobiernos, congresos y tribunales a acelerar el paso en la ejecución de las “acciones indispensables” pendientes, dicen autoridades y analistas. 

Con la promulgación de la reforma en junio de 2008, se estableció un plazo de ocho años para que, entre otras cosas, el Congreso aprobara leyes secundarias a nivel federal, las 32 entidades ajustaran sus legislaciones y los poderes judiciales adecuaran sus instalaciones y capacitaran a su personal. 

A casi cinco años de su publicación, sin embargo, el Poder Legislativo aún no ha aprobado normatividades clave como el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, en tanto la reforma ha comenzado a operar en menos de la mitad de las entidades, señaló en entrevista en marzo pasado María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec). 

“Falta mucho por hacer. Hay que ver entidades donde tenemos que impulsarnos entre todos para lograr que el sistema pueda funcionar en el 2016. Estamos en un contexto en el que requerimos un esfuerzo mayor. Estamos a tres años con una serie de acciones indispensables para que verdaderamente el sistema pueda estar de forma eficaz implementado en todo el país”, dijo. 

Entre otros puntos, la reforma obliga a que los juicios sean orales y públicos en vez de basarse en expedientes escritos, establece derechos mínimos para detenidos y víctimas, ordena que el Estado fortalezca sus defensorías públicas y crea mecanismos alternativos para que dos partes acuerden la solución a un conflicto, en lugar de tener que sostener todo un litigio. 

A nivel local, en agosto de 2012 la reforma había empezado a operar total o parcialmente en 11 entidades, estaba por entrar en vigor en cinco y su planeación tenía “niveles bajos de avance” en las 16 restantes, según el Libro Blanco de la Setec para el periodo 2009-2012

Para mayo de este año, el número de entidades donde opera se elevó a 13 —con Chihuahua, Estado de México y Morelos como las más avanzadas—, en tanto en siete más comenzará a hacerlo en los próximos meses, señaló Fromow. 

La Setec, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), fue creada para dar seguimiento a la implementación de esos cambios, así como para coordinar la entrega y la aplicación de subsidios federales a los gobiernos locales.

Este martes da inicio el Quinto Foro sobre Seguridad y Justicia, convocado por la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso. En la inauguración se prevé la participación de Alejandro Martí, presidente de la organización México SOS; del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, y del presidente Enrique Peña Nieto.

En el foro, que tendrá una duración de tres días, se busca crear compromisos por parte de los principales actores del sistema de justicia penal para implementar las nuevas reglas.

Los retos legales y técnicos 

Algunos especialistas consideran que el desafío inmediato de la reforma penal es que el Congreso de la Unión termine de aprobar las leyes secundarias necesarias a nivel federal y, en el ámbito local, que los legislativos hagan los ajustes normativos correspondientes. 

“Un primer reto es la armonización de leyes. Sin esa dimensión legislativa, es imposible que la reforma opere”, dijo Pedro Salazar Ugarte, profesor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

En diciembre, los tres principales partidos —el Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)— acordaron en el Pacto por México que una de sus prioridades para este año será aprobar un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales. 

Comisiones del Senado han iniciado reuniones con distintos sectores sociales para recabar opiniones sobre los puntos que tendrá que incluir ese documento. 

Un segundo desafío consiste en que los legisladores federales y locales aprueben los recursos suficientes para la transformación de instalaciones en juzgados y la capacitación de agentes del Ministerio Público, abogados y jueces, dijo Iliana Rodríguez Santibáñez, profesora de Derecho del Tecnológico de Monterrey. 

Además de infraestructura, se requiere capacitar a los funcionarios involucrados en el tema para que adecuen su desempeño a las nuevas reglas, señaló.

En 2013, la Segob entregará a las entidades subsidios por 458 millones de pesos para la implementación del nuevo sistema de justicia, según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). La cifra representa un aumento del 3.3% en comparación a lo distribuido en 2012. 

La confianza en la justicia 

Fromow consideró que las autoridades no solo deben concentrarse en avanzar en la implementación de la reforma, sino en que su funcionamiento se difunda y genere confianza entre la ciudadanía. 

“Yo pondría un primer gran reto, que es que este sistema pueda ser percibido por la sociedad como un sistema que le da mayor efectividad a la justicia, mayor capacidad de que la sociedad tenga certeza de que su sistema de justicia está funcionando, que es algo que la sociedad está requiriendo y está exigiendo de las autoridades”, dijo. 

Con 6% de confianza, las instituciones de procuración de justicia están entre las peor evaluadas entre la ciudadanía, según la Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México (Ensijup) elaborada por la Segob en 2012

Los promotores de la reforma penal de 2008 afirman que uno de sus objetivos es que los ciudadanos confíen en las autoridades instaurando un sistema de justicia más transparente y efectivo. 

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Sin embargo, algunos especialistas advierten que la desconfianza ciudadana incluso podría crecer si los cambios planteados no se implementan en los plazos fijados porque, entre otras cosas, no existiría certidumbre sobre la forma en que tendrían que llevarse a cabo los procesos penales. 

“Se nos acaba el tiempo para que la reforma opere y sería sumamente delicado que no lo hiciera por las consecuencias que tendría”, dijo Salazar Ugarte.

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