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La PGR gastó más de 178 mdp en testigos protegidos durante dos sexenios

La Procuraduría detalló los gastos anuales relacionados con la protección de testigos colaboradores, en el periodo 2006-2012
dom 12 mayo 2013 04:44 PM

En los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012), las autoridades mexicanas destinaron 178 millones 261,493 pesos para cubrir “gastos relacionados con la protección de testigos colaboradores”, de acuerdo con un reporte de la Procuraduría General de la República (PGR).

La información revelada este domingo por la Procuraduría responde a una solicitud que presentó un particular a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

El pleno del IFAI pidió desglosar el gasto año por año, por lo cual la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) especificó el monto económico que se asignó.

La cifra más alta corresponde a 2012 —el último año del sexenio de Felipe Calderón—, con un gasto de 22 millones 169,096 pesos, de acuerdo con el comunicado del IFAI. Un total de 379 personas se acogieron a la figura de “testigos colaboradores” , durante su administración (2006-2012).

En total, durante el sexenio de Vicente Fox (de 2001 a 2006), el gasto fue de 74 millones, 530,875 pesos. Y en el de Calderón, de 2007 a 2012, la cifra aumentó a 101 millones, 333, 991 pesos. Eso representa un aumento del 27%.

Las autoridades registraron 614 testigos “colaboradores y/o protegidos” de 2000 a 2012, periodo que corresponde a los años en que gobernó en México el Partido Acción Nacional (PAN). Desde el 1 de diciembre pasado, gobierna Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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¿Cuál es el perfil de un testigo protegido?

El particular también solicitó información respecto a cuáles son las causas legales que originan la “pérdida del carácter como testigo protegido”, y el perfil criminológico o los requisitos que debe cumplir una persona que funge como testigo protegido.

La PGR indicó que esos datos se encuentran establecidos en el artículo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO), “pero dijo no contar con el resto de lo solicitado.

“Apuntó que de existir, serían datos inmersos en averiguaciones previas y, por ende, se trata de información reservada y confidencial (…) por lo que podría permanecer bajo ese carácter por un periodo de 12 años”.

El Pleno del IFAI instruyó a la PGR que informara al particular sobre la existencia del “Acuerdo A/059/10 emitido por el entonces Procurador General de la República, el cual se refiere al procedimiento bajo el cual opera el programa de protección de testigos, mismo que no podrá ser entregado, toda vez que se encuentra clasificado como reservado”.

Sin embargo, el periodo de reserva bajará de 12 a 6 años, “en atención a la revaluación que hace la PGR a la política de testigos colaboradores”, indicó el IFAI en un comunicado.

La PGR informó el 18 de abril pasado que iniciaría una investigación al testigo protegido cuyas declaraciones llevaron a prisión al ex zar antidrogas, Noé Ramírez Mandujano, y al general de División, Tomás Ángeles Dauahare.

Tras la liberación de Dauahare, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, dijo que la figura de los testigos protegidos está “en entredicho”. 

El funcionario pidió distinguir entre “testigos protegidos y delincuentes colaboradores”.

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