México inicia una larga cuesta para ser un país de internet para todos

En abril, el Congreso estableció el acceso a la red como un derecho ciudadano, pero aún se requieren leyes y políticas que lo hagan realidad
La legislación en internet
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico

Con la aprobación de la reforma en telecomunicaciones, México inició un proceso con el que busca garantizar el acceso a internet para toda su población: 112 millones de personas de las cuales solo el 40% se declara usuaria de la red, según datos de organizaciones civiles.  

La reforma fue aprobada en abril pasado por el Congreso y estableció en la Constitución que el acceso a internet es un derecho de todos los ciudadanos que debe ser garantizado por el Estado.

Esa demanda fue planteada a los legisladores por varias organizaciones, para las cuales se trata de una medida necesaria para combatir la desigualdad social.

Óscar Mondragón, activista del colectivo #InternetParaTodos, señaló que la aprobación de la reforma constitucional es un paso positivo, aunque todavía requiere de leyes secundarias y políticas públicas para que el acceso a internet sea una realidad.

“Esto es únicamente un primer peldaño de una gran escalera que solamente culminará el día que al menos el 70% de la población del país tenga acceso a internet”, dijo.

La Asociación Mexicana de Internet informó el jueves —en vísperas del Día de Internet que se conmemora este 17 de mayo— que en el país existen 45.1 millones de usuarios de la red, una cifra que equivale al 40% de la población.

Armando Ríos Piter, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reconoció que esa cifra refleja el atraso de México respecto de otras naciones. En Chile, por ejemplo, el porcentaje de internautas representa el 45% de sus habitantes, mientras en Uruguay es el 47%.

“México está, en cuanto a su tamaño y en cuanto a la dimensión de una economía tan importante, muy retrasado, especialmente cuando nos comparamos con países que han vivido condiciones críticas”, dijo.

Según el legislador, para revertir ese atraso y que la reforma constitucional no se convierta en “letra muerta”, es necesario que en la elaboración de las leyes secundarias se analice de qué forma combatir los factores que dificultan el acceso a internet, como las desigualdades socioeconómicas o las condiciones geográficas.

En la legislación reglamentaria podrán establecerse mecanismos para que el Estado coopere con la iniciativa privada para ampliar la cobertura, de acuerdo con Ríos Piter.

“(Hay que) generar una política pública en donde se contemplen recursos, infraestructura, porciones del espectro (radioeléctrico), funciones de la entidad paraestatal de telecomunicaciones de México… que todo esto se combine para lograr el internet para todos”, agregó Mondragón al respecto.

La reforma en telecomunicaciones también establece que un nuevo organismo regule el sector, así como medidas para fomentar la competencia en radio, televisión y telefonía a través de límites al porcentaje de mercado que podrán controlar los concesionarios.

La elaboración de las leyes secundarias tendrá que realizarse en los seis meses siguientes a que el documento se promulgue, lo que se prevé que ocurra en las próximas semanas.

Ríos Piter consideró que el Congreso deberá ser cuidadoso en ese proceso para evitar que los sectores afectados presionen para que se aprueben normas a su favor, como algunos diputados de izquierda denunciaron en marzo.

“Creo que en la ley reglamentaria, donde se dan los puntos finos, pudiera haber intereses que quieran distorsionar, como en su momento quisieron distorsionar la reforma constitucional”, dijo.

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La reforma en telecomunicaciones es uno de los primeros productos del Pacto por México, como se conoce al acuerdo político que en diciembre firmaron el gobierno de Enrique Peña Nieto y los tres principales partidos del país: el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el PRD.

El presidente y la oposición coinciden en que ampliar el acceso a internet es una medida necesaria para impulsar la educación y el crecimiento económico.

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