El caso New's Divine cumple cinco años sin altos funcionarios sancionados

Familiares piden justicia contra los responsables por el operativo policial en que murieron 12 personas en junio de 2008 en el DF
Marcelo Ebrard, pros y contras de su gobierno
| Otra fuente: CNNMéxico

Jennifer cumplió 20 años el pasado 2 de junio, pero desde 2008, su mente funciona como si tuviera cinco. Ese año, durante un tumulto generado por un operativo de seguridad ocurrido en una discoteca, sufrió asfixia y permaneció en coma un mes; cuando despertó, estaba paralizada.

A veces sus ojos derraman lágrimas, algo que su madre, Claudia Martínez, interpreta como una buena señal: "Mi hija sí entiende, está mejorando".

El 20 de junio de 2008, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) —unificadas en el Sistema de Coordinación Policial (Unipol)— irrumpieron en la discoteca New's Divine, ubicada en la colonia Nueva Aztacoalco, un barrio popular del oriente de la Ciudad de México, como parte de un operativo para impedir la venta de bebidas alcohólicas y drogas a menores de edad.

Algunos policías intentaban sacar masivamente a los jóvenes que se encontraban en el establecimiento, mientras que otros obstaculizaban el desalojo por la puerta principal. Según la Procuraduría, algunos accesos tenían candados. Nueve jóvenes —incluidos cuatro menores de edad— y tres policías murieron por asfixia tras quedar aplastados entre la turba.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señaló como responsables a funcionarios de la delegación Gustavo A. Madero, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría locales, incluidos los titulares de estas últimas dependencias, Joel Ortega y Rodolfo Félix Cárdenas. Pero a un lustro de la tragedia, ningún funcionario de alto perfil involucrado ha sido condenado.

Según la CHDHF, la muerte de los jóvenes y servidores públicos fue producto de una "acción concertada" para la cual no se previeron escenarios de riesgo y donde hubo un uso desproporcionado de la fuerza.

El hecho, ocurrido durante el gobierno de Marcelo Ebrard (2006-2012), provocó las renuncias de Ortega y Félix Cárdenas. Fue entonces cuando Miguel Ángel Mancera, actual jefe de Gobierno del DF, llegó a la escena pública al ser nombrado procurador.

La hermana de Jennifer, Jessica, también pasó 12 días en coma, pero no tuvo mayores secuelas.

La hija de Hilda Barragán, Isis Tapia, tenía 15 años cuando murió en el New's Divine. “Esto es de todos los días. Ver una mesa con un lugar vacío, su cama vacía. No hay un solo día que no piense en lo que pasó”, dice Hilda con voz entrecortada.

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"Es muy poco lo que nos queda hacer"

El pasado 9 de abril, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) dictó 22 sentencias en contra de 35 mandos, funcionarios y policías por penas de hasta 24 años de cárcel, por delitos que van desde lesiones, ejercicio ilegal del servicio público, abuso de autoridad y hasta homicidio culposo.

Once servidores públicos fueron absueltos y dos sentencias quedaron pendientes, entre ellas la de Guillermo Zayas, exmando de la Unipol que encabezó el operativo y sigue en libertad por un amparo otorgado por el Poder Judicial.

Los familiares de las víctimas consideran que no habrá justicia mientras los exfuncionarios de alto rango señalados como responsables por la CDHDF sigan gozando de impunidad.

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"No hemos visto justicia. La única persona que continúa en la cárcel es el dueño del lugar, pero él no fue el culpable de los homicidios. A los servidores de bajo rango que les habían fincado responsabilidad, los acaban de exonerar en abril pasado. Es muy poco lo que nos queda hacer”, dice Barragán.

Asegura que aun cuando todavía se encuentran en pláticas con funcionarios del GDF para convertir el inmueble en un memorial para las víctimas, acudir a tribunales internacionales parece la única posibilidad de acceder a la justicia.

Los avances para el memorial

Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del DF, comenta que para cerrar el capítulo de reparación de daños y cumplir la recomendación de la CDHDF se alista la construcción del memorial.

"Es una colonia (Nueva Aztacoalco, ubicada en la delegación Gustavo A. Madero) con una problemática fuerte de falta de espacios, deterioro urbano, informalidad incluso de delincuencia, es una zona difícil", señala.

"Por eso el memorial debe tener un espacio de atención a jóvenes, para reivindicar que la política de la ciudad debe estar orientada a atender las demandas de los jóvenes, cuidar su espacios, generarles oportunidades, más que a una política de contención delincuencial".

Los padres de familia, quienes se reúnen cada semana con García Ochoa, comentan que hay avances en el diseño de la obra, pero aún no hay certeza de que se realizará porque el gobierno de la ciudad asegura que no tiene presupuesto.

¿Un pendiente de Mancera?

Carmen Rivas, madre de Leonardo Amador, joven de 24 años fallecido en el operativo, dice que ha perdido la confianza en las autoridades locales, por lo que ahora busca llevar el caso ante instancias internacionales.

"Los altos funcionarios que ordenaron el operativo están libres y no solo eso, sino unos en campaña, como Marcelo Ebrard, y otros como Joel Ortega y Luis Rosales Gamboa (entonces subsecretario de la SSP) son funcionarios del gobierno de (Miguel Ángel) Mancera", reprocha Rivas.

Ella considera que mientras Mancera estuvo al frente de la procuraduría, no hizo una investigación exhaustiva del caso. "Nos decía que se solidarizaba con nuestra pena, pero ya sabíamos que no haría nada contra sus jefes", afirma.

El jefe de Gobierno pidió apelar las sentencias dictadas en abril para que las revise una instancia superior y respaldó a los padres de las víctimas en su estrategia jurídica.

"Las pérdidas que no hay forma de pagarlas, no hay forma de cubrirlas, pero las acciones y la garantía de no repetición es firme del gobierno de la ciudad”, dijo Mancera en mayo pasado. 

Daniel Gershenson, activista y acompañante de los padres, considera que "se ha privilegiado un modelo de absoluta impunidad".

Los funcionarios involucrados

El exprocurador Rodolfo Félix Cárdenas se retiró de la política y se ha concentrado en la vida académica y jurídica.

Luis Rosales Gamboa colaboró como subsecretario de Control de Tránsito cuando Manuel Mondragón y Kalb estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del DF. Tras la salida de este último para integrarse al gabinete federal, Rosales fue designado encargado del despacho de la SSP local.

En ese cargo, volvió a quedar en el ojo del huracán debido a los disturbios durante del 1 de diciembre en la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto.

El entonces delegado de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil, renunció a su puesto y en 2009 fungió como asesor de su esposa, la exasambleísta del PRD, Beatriz Rojas. En 2011, durante el proceso interno de su partido para la selección de candidaturas, Chiguil buscó anotase para una diputación, pero no tuvo éxito y ahora trabaja como consejero nacional del partido.

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En cinco años, el GDF ha erogado más de 28 millones de pesos para dotar de vivienda a los familiares de las víctimas del New's Divine e incluirlos en diversos programas sociales para garantizarles un ingreso económico fijo.

Sin embargo, García Ochoa admite que "el principal reclamo, más allá del memorial o de las políticas de juventud o la reparación del daño, el principal reclamo es el de justicia".

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