El 49% de los diputados del PRI violó el tope de gastos de campaña en 2012

De los 213 diputados federales que integran la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 104 violaron la ley electoral al rebasar el tope de gastos de campaña en las elecciones de 2012, según el Instituto Federal Electoral (IFE).

La cifra equivale al 49% de los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados, donde el partido en el que milita el presidente Enrique Peña Nieto representa la primera fuerza en la Legislatura.

Por esa y otras faltas electorales, el IFE plantea multar al PRI y a su aliado tradicional, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 169 millones de pesos, aunque la ley no contempla otro tipo de sanción para los diputados que rebasaron el límite de gastos.

Entre esos 104 priistas hay 14 presidentes de comisión, cinco exdirigentes estatales del partido y excolaboradores de campaña de Peña Nieto. El 50% de ellos rebasó por un margen de 100,000 a 200,000 pesos el tope establecido por el IFE, esto es, entre el 9% y el 18% del gasto total autorizado —un millon 120,000 pesos—, pero otros se excedieron mucho más.

El que más gastó fue José Antonio Rojo García de Alba , de Hidalgo, que desembolsó un millón 457,000 pesos extra, es decir, el 130% más de lo que debió gastar. 

El legislador —exlíder del PRI en Hidalgo, exfuncionario del gobierno estatal y presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara baja— únicamente reportó 635,000 pesos, aunque la Unidad de Fiscalización del IFE detectó otros gastos por un millón 461,000 pesos en propaganda y organización de mítines.

Durante la contienda del 2012, el IFE no recibió quejas por presuntas irregularidades en contra de Rojo García de Alba, según el informe de la Dirección Jurídica del instituto correspondiente a 2012.

CNNMéxico trató de contactar al diputado para conocer su opinión sobre el tema, pero no pudo localizarlo.

El PRI fue el partido que tuvo más candidatos con rebase en el tope de gastos de campaña en 2012, cuando 1,605 personas compitieron por la Presidencia de la República (cuatro), una senaduría (300) o una diputación (1,301).

De ese total, 195 violaron el límite de erogaciones. La mayoría, 188, correspondió a la elección de diputados y, de esa cifra, los aspirantes priistas fueron responsables de 177 faltas (el 94%). 

Lee la lista completa de los diputados que rebasaron el tope de gatos

Legisladores bajo la lupa

Además de Rojo García de Alba, otros 13 priistas que presiden comisiones en la actual Legislatura rebasaron el tope de gastos establecido por el IFE.

Uno de ellos fue Héctor Gutiérrez de la Garza , diputado por Nuevo León, vicecoordinador de la bancada priista y presidente de la Comisión de Comunicaciones, y que según el dictamen del IFE, gastó 506,000 pesos extra.

"No tengo ningún comentario", dijo el legislador al ser cuestionado sobre el tema.

Los otros 12 presidentes de comisión que violaron el tope de gastos son Alfonso Inzunza (Pesca), Francisca Elena Corrales (Participación Ciudadana), Pedro Gómez (Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas), Sergio Chávez Dávalos (Cuenca Lerma-Chapala Santiago), Claudia Delgadillo (Trabajo y Previsión Social), Salvador Barajas del Toro (Ganadería), José Rangel (Jurisdiccional), José Manzur (Presupuesto y Cuenta Pública), Blanca Estela Gómez (Cuenca del Sistema Cutzamala), Laura Barrera (Distrito Federal), Alberto Curi Naime (Infraestructura) y Héctor García (Cuenca de Burgos).

De los 104 priistas que superaron el límite de erogaciones, 32 son originarios del Estado de México, tierra natal del presidente Peña Nieto y entidad de la que fue gobernador de 2005 a 2011. 

Tres de ellos —Paulina Alejandra del Moral, Brenda Alvarado Sánchez y Juan Manuel Carbajal Hernández— trabajaron en la campaña de Peña Nieto cuando compitió por el gobierno estatal.

El PRI rebate al IFE 

José Antonio Hernández Fraguas, representante del PRI ante el IFE, dijo que su partido está inconforme con el dictamen del instituto y lo impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El documento fue elaborado por la Unidad de Fiscalización del IFE con base en los reportes que por ley deben entregar todos los candidatos.

Entre otras cosas, el organismo debe corroborar que todas las erogaciones estén comprobadas y que el origen de los recursos gastados sea legal. Si detecta irregularidades, debe plantear que se impongan multas a los partidos.

Hernández Fraguas consideró que la Unidad de Fiscalización sumó gastos ordinarios como gastos de campaña y señaló que, una vez que el TEPJF revise el dictamen, al menos 50 diputados priistas quedarán por debajo del tope de erogaciones.

"Nosotros impugnamos el criterio con el que se asignó el gasto de campaña y esperamos que una vez que se resuelva lo conducente en la Sala Superior (del TEPJF), se reduzcan considerablemente las multas y, por lo tanto, el rebase de muchos compañeros diputados y senadores", dijo a CNNMéxico. 

Samuel Aguilar Solís, secretario de Acción Electoral del PRI, señaló que el partido acatará las resoluciones finales del TEPJF y analizará imponer sanciones a los militantes que no hayan respetado los límites.

"El partido tendrá que valorar si es una sanción al partido o nosotros hacemos que los propios candidatos tengan que pagar esa sanción", dijo.

Por las faltas que detectó en las cuentas de todos sus aspirantes, el IFE busca multar al PRI y al PVEM  con 169 millones de pesos , un monto que el TEPJF aún puede modificar.

La coalición de izquierda Movimiento Progresista —que conformaron los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano— también impugnó el dictamen de la Unidad de Fiscalización porque niega que su entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, haya rebasado el límite de erogaciones, como concluyó el IFE.

Por esa y otras irregularidades, como el rebase del tope de gastos de 11 de sus aspirantes al Congreso, Movimiento Progresista podría ser multado con 135 millones de pesos.

Las menores sanciones propuestas por el IFE corresponden al PAN, por cinco millones 500,000 pesos, y al Partido Nueva Alianza (Panal), por dos millones 500,000 pesos.