El gobierno de Guerrero amenaza con intervenir para liberar a militares

Grupos de autodefensa tienen retenidos a 60 militares que desarmaron a la policía comunitaria y mantienen bloqueos en dos puntos del estado
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Autor: Laura Reyes | Otra fuente: CNNMéxico

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, advirtió a habitantes de la comunidad de Pericón, en la región de la Costa Chica, que "aplicará la ley" para que liberen a 60 elementos del Ejército mexicano que mantienen retenidos desde hace 29 horas y para que levanten bloqueos que mantienen en carreteras del estado.

“No podemos permitir que se cometan actos al margen de la ley (...) Entiendo que son elementos de presión, que ellos están implementando pero que desde luego que yo no los comparto. Vamos a actuar con apego a la ley. De ser necesario procederemos al desalojo también”, dijo Aguirre Rivero este martes tras terminar una gira de trabajo en Chilpancingo.

Habitantes de la comunidad del Pericón, localidad en Guerrero, impiden desde hace 29 horas el paso a por lo menos 60 militares del Ejército mexicano por haberles decomisado armas de alto poder que de acuerdo con el gobierno del estado son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El grupo de militares se encuentra retenido desde las 09:00 horas del lunes.

“Los efectivos del Ejército están seguros, estas personas no se han metido con ellos simplemente no los dejan circular”, dijo Sergio Javier Lara Montellanos, secretario de Seguridad Pública estatal en entrevista con CNNMéxico.

Además de impedir la circulación de los militares, miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) bloquearon desde la mañana del lunes la carretera interestatal que conecta al municipio de Ayutla con Tierra Colorada, afectando el paso de pobladores de cinco municipios de la región de la Costa Chica.

Miembros del UPOEG en el poblado de Xaltianguis, comunidad de la zona rural de Acapulco, también se sumaron a las protestas y bloquearon por 14 horas la carretera federal México-Acapulco.

El secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Sergio Javier Lara Montellanos, informó a CNNMéxico que aproximadamente a las 10:00 horas de este martes se liberaron las dos carreteras que estaban bloqueadas.

Sin embargo, los integrantes del UPOEG mantienen bloqueado el paso vehicular en la comunidad de El Pericón, la zona en donde están retenidos los militares. Mientras que miembros de la policía comunitaria del municipio de Tixtla, mantienen bloqueada la carretera federal que conecta a esa localidad con Chilpancingo, la capital de Guerrero, en apoyo a las personas a quienes el ejército quitó las armas. El segundo bloqueo inició desde las 08:00 horas de este martes.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal señaló que en Tixtla grupos comunitarios cerraron la carretera con piedras, palos y camionetas, para exigir “respeto” a la policía comunitaria por parte de las fuerzas armadas.

Gobierno respalda las labores del ejército

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero,  señaló que su administración mantiene un “respecto irrestricto” a las labores que mantiene el Ejército en las comunidades del estado para “garantizar” la seguridad.

Por medio de un comunicado, Aguirre Rivero, señaló que el convenio suscrito por la UPOEG y el gobierno del estado, en su cláusula quinta se establece que la policía comunitaria no podrá portar armas de uso exclusivo del Ejército y que no pueden andar armados fuera de sus comunidades.

“El gobierno de Guerrero mantiene dialogo constante con los representantes de la UPOEG para que se considere la propuesta del mandatario Ángel Aguirre Rivero de que los policías comunitarios se integren a lo que será la Policía Rural, para adecuar su actuación en el marco de la ley”, indica el comunicado.

El 4 de enero, pobladores de los municipios de Ayutla y Tecoanapa, ambos de la región de la Costa Chica de Guerrero, crearon e instalaron grupos civiles de autodefensa, para combatir el crecimiento de la delincuencia organizada en sus zonas.

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Los pobladores, encapuchados y armados, instalaron retenes de revisión sobre carreteras y puntos de vigilancia en sus comunidades, principalmente en donde se habían registrado hechos violentos como asesinatos, secuestros, extorsiones y violaciones.

El 12 de junio, más de 250 integrantes de la Policía Comunitaria se establecieron en el poblado de Xaltianguis, perteneciente a la zona rural del puerto turístico de Acapulco, con el objetivo de “dar seguridad a petición de la población", donde permanecen hasta el momento.

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