Once presos, a tres años de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas

La masacre marcó un antes y un después en el tema de la migración de centroamericanos y los riesgos que enfrentan ante el crimen organizado
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Autor: Daniela Rea | Otra fuente: CNNMéxico

Tres años después de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, solo 60 cadáveres fueron identificados y enviados a sus países de origen, y 11 personas han sido detenidas. 

En agosto de 2010, los cadáveres fueron hallados, apilados atados de manos y pies y asesinados con un balazo, dentro de una bodega en uno de los estados con mayor violencia en México.

Las víctimas de la masacre fueron 58 hombres y 14 mujeres provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Brasil y Ecuador, quienes se dirigían a Estados Unidos.

Dos días después, un joven ecuatoriano que escapó y llegó a un retén de fuerzas federales reveló que migrantes centro y sudamericanos fueron secuestrados y obligados a pertenecer al crimen organizado; además dijo que fueron forzados a dar los números telefónicos de su familia para exigir un pago para no matarlos.

Para Amnistía Internacional (AI), esta "escalofriante tragedia" marcó un antes y un después en la historia de la migración de personas indocumentadas a México. 

Cuerpos sin nombre, cuerpos borrados

Doce de los cadáveres permanecen en las fosas comunes del Panteón Dolores en espera de ser identificados, mientras algunos de los otros cadáveres tuvieron un largo recorrido para regresar a casa.

En septiembre del 2010, el gobierno hondureño en voz del canciller Mario Canahuati recibió 16 cadáveres que supuestamente eran sus connacionales y decidió suspender la repatriación de más cuerpos, pues cuatro de ellos tenían identidad desconocida.

"Las autoridades nos dijeron que tenían los mejores aparatos para identificar cuerpos y nos han entregado cuerpos sin pruebas de ADN, sin información, incluso se nos ha prohibido abrir los féretros", dijo a CNN Rosa Neli Santos, madre integrante del Comité de Familiares Desaparecidos de Honduras.

Ana Lorena Delgadillo, abogada y directora de la Fundación para la Justicia que acompaña a familias de migrantes centroamericanos en la búsqueda de sus desaparecidos, lamentó que en noviembre de 2012 el gobierno saliente incinerara los restos de 11 guatemaltecos que supuestamente fueron identificados y entregados a sus familiares, sin que ellos conocieran el proceso y tuvieran certeza en los resultados. Por estos hechos interpusieron una queja ante la CNDH.

“Hay casos de Centroamérica donde las familias han manifestado dudas de los restos que ya se les han entregado porque no hubo un protocolo a la hora de recibir los cuerpos, no se les dio información forense, del expediente, no se les permitió abrir los féretros”, dijo la abogada.

Reclaman acciones

Ana Lorena Delgadillo, abogada de la Fundación para la Justicia, ha acompañado a las familias en la búsqueda de sus desaparecidos.

“Las familias han pasado por un calvario, viven la incertidumbre de no saber si sus familiares están en las fosas, no tienen ninguna puerta en su país para dar seguimiento a la investigación, las familias migrantes enfrentan vulnerabilidad adicional porque no tienen acceso a las autoridades”, afirmó.

“El llegar a un aniversario más de esta masacre sin justicia ni verdad es un recordatorio para los estados mexicano y centroamericanos de que tenemos la obligación de proteger a los más vulnerables, marginados, excluidos. Nos dejan ese recordatorio y esa deuda de dar justicia y nunca más”.

Por su parte, Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, quien diariamente convive con migrantes en los albergues y los caminos ferroviarios, señaló que desde ese 22 de octubre del 2010 cientos de migrantes han sido asesinados de manera aislada en el camino.

“La herida de San Fernando no se cierra, continúan las agresiones a los migrantes y a los defensores de migrantes. Esto porque las autoridades por omisión o complicidad siguen operando, hay una violencia institucionalizada, fomentada desde las autoridades. Cada día, cada semana sabemos de compañeros migrantes que son asesinados, secuestrados y desaparecidos en el anonimato”, afirmó.

Los detenidos

Once presuntos responsables de la masacre han sido detenidos, según han informado la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Actualmente, la organización Artículo 19 emprende una lucha ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) para que ordene a la PGR presentar una versión pública de la investigación.

La primera noticia de los detenidos la dio el entonces titular de Segob, Alejandro Poiré, quien el 7 de septiembre de 2010, dos semanas después del hallazgo de los cuerpos, informó que siete integrantes de Los Zetas habían sido detenidos en dos operativos.

El 16 de abril del 2011 se informó de la detención de Omar Martín Estrada, El Kilo, a quien presentaron como jefe zeta en la plaza de San Fernando y uno de los responsables de la “ejecución” de los 72 migrantes.

Dos meses después, el 17 de junio, la SSP emitió un comunicado en el que informó sobre la detención Édgar Huerta Montiel, El Wache, presunto lugarteniente de Los Zetas en Tamaulipas. Según la información difundida entonces por la SSP, el detenido confesó que "encabezó personalmente el secuestro de dos camiones de carga, en cuyo interior viajaban escondidos más de 70 indocumentados centroamericanos, quienes fueron privados de la vida".

El 6 de octubre de 2012 la Secretaría de Marina detuvo a Salvador Alfonso Martínez Escobedo, La Ardilla, a quien responsabilizó de ser jefe regional de los zetas en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila y estar vinculado a la masacre de centro y sudamericanos.

La última detención relacionada con el crimen fue la de Miguel Ángel Treviño, El Z-40, líder de Los Zetas, que ocurrió este 14 de julio. 

Sin embargo, hasta ahora las autoridades federales no han dado a conocer información sobre el proceso en su contra o la emisión de sentencias.

Las violaciones siguen

Las violaciones a migrantes continuaron después de la masacre de San Fernando, según documentó la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Seis meses después del crimen, en febrero de 2011, el organismo dio a conocer su segundo Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México que registró 214 secuestros con un total de 11,333 víctimas en solo seis meses.

“Esta cifra refleja que no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices del secuestro en perjuicio de la población migrante”, refirió.

Sin embargo, la cifra había aumentado respecto al año 2009 cuando presentó el primer informe, pues entonces se registró en 198 casos con 9,758 víctimas.

En esos informes, la CNDH ha señalado la falta de capacidad de las autoridades para proteger a los migrantes, lo cual continúa registrando en su Sistema Nacional de Alerta Temprana pues solo este año el Instituto Nacional de Migración ha recibido solo este año 229 quejas siendo los estados de Chiapas, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca donde más presuntas violaciones contra migrantes indocumentados se registran.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil continúan denunciando la existencia de secuestros, asesinatos y extorsiones. 

Este 2 de mayo, en Cosoleacaque, Veracruz, el Movimiento Migrante Mesoamericano señaló que 300 centroamericanos fueron atacados con armas de fuego y machetes, además de ser lanzados del tren por no pagar “derecho de piso” de mil pesos.

En junio, los días 4 y 25, militares y policías federales en dos poéticos distintos rescataron en Tamaulipas a 165 y a 52 migrantes casi todos centroamericanos —algunos mexicanos entre ellos— quienes habían sido detenidos y secuestrados durante varias semanas por elementos del crimen organizado.

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