La PGR "revictimizó" a los familiares de los jóvenes del Heaven

La procuraduría incumplió el principio de la debida diligencia al hacer pública la identificación de cuerpos antes de avisar a las familias
"Caiga quien caiga, queremos justicia"
Autor: Lizbeth Padilla Fajardo | Otra fuente: CNNMéxico

La Procuraduría General de la República (PGR) violó la Ley General de Víctimas al dar a conocer primero a los medios de comunicación, y no a las familias, que los cuerpos encontrados en una fosa en el Estado de México pertenecían a los jóvenes desaparecidos del bar Heaven hace tres meses.

Los familiares fueron "revictimizados" cuando la PGR expuso públicamente los resultados de las investigaciones y afectó su derecho a la verdad, que en casos de desapariciones implica "que las autoridades mantengan un contacto sobre los avances de la investigación y actúen con la sensibilidad adecuada en el manejo de estas noticias", dijo Octavio Amezcua, director de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

El viernes pasado, la PGR informó a medios que al menos cinco de los 13 cuerpos ubicados en una fosa en Tlalmanalco, Estado de México, eran de los desaparecidos del bar Heaven.

El titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, explicó este lunes a periodistas que se reportó con rapidez de la identificación para evitar "especulaciones" sobre la identidad de los cadáveres.

"En forma inmediata, lo hicimos del conocimiento público, de manera tal que no hubiese especulaciones al respecto", dijo.

Los familiares se enteraron de la identificación de los cuerpos a través de la prensa, consideran que debieron haber sido informados primero y exigen una disculpa pública.

"Nos tienen que pedir una disculpa pública, la queremos. Porque no se vale que te enteres en la calle, o te enteres… así no era, ya habíamos hablado con el procurador, y así no tenía que haber sido", dijo a periodistas Josefina García, madre de Said Sánchez, uno de los 12 desaparecidos.

Consultado al respecto, el vocero de la PGR, Alejandro Cuadros, dijo a CNNMéxico este lunes que por el momento la dependencia no emitirá comentarios al respecto porque se mantiene concentrada en las investigaciones del caso.

"Siguen realizándose los trabajos, el peritaje y la identificación de los restos, todavía no se dará información hasta que no haya un avance preciso", señaló.

El artículo quinto de la ley de víctimas, aprobada en abril de 2012, señala que "el Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable (...), en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho".

También establece que el Estado "deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos".

El procurador del Distrito Federal, Rodolfo Ríos, informó este lunes que los jóvenes murieron en represalia por el reciente homicidio del presunto delincuente Horacio Vite, en un bar de la Condesa. La agrupación conocida como La Unión de Insurgentes, dedicada a la distribución de droga en la Ciudad de México, fue señalada como responsable de la desaparición de los jóvenes.

La opinión pública antes que las víctimas

Los familiares de los desaparecidos se enteraron por la prensa de que los restos encontrados en una fosa en Tlalmanalco podrían ser de algunos de los jóvenes desaparecidos en mayo.

También por los medios, los familiares supieron que el procurador capitalino daría una conferencia el jueves para dar mayor información; entonces acudieron a las instalaciones de la PGJDF para recibir las primeras informaciones.

La forma en que se presentaron los resultados de ADN tomados a los cuerpos encontrados en una fosa en Tlalmanalco, Estado de México, hacía parecer que "la preocupación principal de los funcionarios era los medios de comunicación y no las familias", dijo Pilar Tavera, directora de la asociación Propuesta Cívica.

Infografía: El caso del bar Heaven: ¿Cuáles son los avances?

El jueves pasado, tras el hallazgo de los cuerpos, el procurador Murillo Karam dijo que se harían pruebas de ADN a los restos para confirmar o no que pertenecían a los 12 jóvenes desaparecidos en mayo pasado.

"No hemos visto ropa, no nos han enseñado cuerpos, no nos han enseñado nada", señaló Leticia Ponce, madre de Jerzy Ortiz, en entrevista con CNN en Español. Por ello, pedirán un peritaje alterno al realizado por la PGR.

El descuidar la comunicación con las familias, en un momento crítico de la investigación, causó que las familias "no acepten los resultados que les está dando la autoridad", según Tavera.

Los familiares de los desaparecidos también dijeron que presentarán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), porque se enteraron del hallazgo por los medios y no a través de las autoridades, informó Guadalupe Cabrera, cuarta visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

"Es una información muy sensible que tienes que administrarla con la sensibilidad propia para no lastimar más a los familiares", dijo Tavera.

Falta de manual para atender víctimas

Amezcua considera que es necesario que además de contar con la ley de víctimas, México tenga un manual más detallado para que las autoridades sepan cómo deben atender a las víctimas y sus familiares. 

La falta de ese manual ocasionó un vacío de comunicación entre familiares y autoridades, restando credibilidad a los resultados presentados por la PGR, considera Pilar Tavera.

En Reino Unido, por ejemplo, las autoridades cuentan con la Guía para el manejo, gestión e investigación de desaparición de personas, en la cual se indica que no se debe informar a los medios antes que a los familiares pues la investigación pierde legitimidad. 

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España y la ONU cuentan con manuales que establecen que las víctimas deber ser informados periódicamente sobre los avances de las investigaciones de un suceso. 

Tavera y Amezcua coinciden en que en necesario que México cuente con un protocolo para dar certeza jurídica a las víctimas, el cual debería ser público para que las personas conocieran cuáles son sus derechos como víctimas o familiares y cómo deben actuar las autoridades.

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