PAN y PRD exigen reforma político-electoral antes que reforma energética

Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron por separado este lunes sus propuestas de reforma político-electoral, al tiempo que exigieron al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) que el tema se discuta en el Congreso mexicano antes que la reforma energética, una iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto considera clave para su mandato. 

Los dirigentes de las principales fuerzas de la oposición afirmaron que ese punto es uno de los compromisos del adéndum del Pacto por México, que los tres partidos y el gobierno firmaron en mayo pasado.

“Ellos firmaron un compromiso de que primero irían estas reformas y luego las otras. Y lo único que queremos es que se cumpla. Así de sencillo. No son chantajes”, dijo el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, durante una rueda de prensa. 

En otro encuentro con periodistas, el líder del PAN, Gustavo Madero, se expresó en los mismos términos. 

“Es absolutamente una condición sine qua non para aprobar una reforma energética, para que el PAN vote una reforma energética, que antes se haya aprobado una reforma político-electoral como ésta. (…) Es un condicionamiento que fue aceptado y aprobado en el seno del Pacto por México, en el adéndum, por el propio gobierno federal”, dijo. 

Peña Nieto, que el 1 de octubre cumple 10 meses en el poder, ha dicho que la reforma energética permitiría impulsar el crecimiento económico del país, por lo que llama a la oposición a respaldar su propuesta. En ella pide modificar la Constitución para que Petróleos Mexicanos (Pemex) pueda asociarse con particulares en la producción de hidrocarburos, una idea que causa polémica en México.

Las coincidencias 

Las propuestas de reforma político-electoral del PAN y del PRD —que ambos partidos entregarán a las cámaras del Congreso esta semana— coinciden en varios puntos, según resúmenes que distribuyeron a la prensa. 

Algunos de ellos son la creación de un Instituto Nacional Electoral (INE) que organice todas las elecciones en el país y sustituya a los organismos actuales, así como acelerar los procesos para que éste fiscalice los recursos de los partidos y endurecer las sanciones para quien viole la ley. Por ejemplo, se plantea que un candidato pierda el registro o se anule su triunfo si incurre en gastos excesivos de campaña. 

También coinciden en establecer la reelección de legisladores, la figura de gobiernos de coalición —para cuando el partido del presidente no cuente con mayoría en el Congreso— y en dar a las cámaras la facultad de ratificar a los miembros del gabinete presidencial. 

En ese tema, sin embargo, tienen puntos de vista distintos. El PAN considera que si se entabla un gobierno de coalición, los legisladores podrán ratificar a todo el gabinete y, si no lo hay, cuando menos al canciller, al comisionado nacional de Seguridad y al secretario de Hacienda. En cambio, el PRD propone que se ratifique a todo el gabinete sin importar si existe gobierno de coalición o no. 

Las diferencias 

Los dos partidos están de acuerdo en crear una ley de partidos políticos, pero el PAN plantea que en ella se eleve del 2% al 5% el mínimo de votos que una fuerza política deberá conseguir en una elección para conservar el registro, mientras el PRD —que tradicionalmente forma alianzas con partidos de izquierda pequeños— no se ha pronunciado sobre ese requisito. 

Difieren en el tema de la segunda vuelta, que el PAN quiere implantar en los comicios para presidente, gobernadores y jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando el candidato puntero no alcance más de la mitad de los sufragios o al menos el 40% con 10 puntos de diferencia respecto de sus rivales. 

El PAN, además, plantea que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se conviertan en instituciones autónomas, en vez de depender del gobierno federal.

Por otra parte, el PRD exige crear una ley de salarios máximos para los servidores públicos, para que ningún funcionario gane más que el presidente de la República, y una ley de propaganda gubernamental, en la que se establecería que los gobiernos sólo podrían gastar en publicidad hasta el 0.05% de su presupuesto anual.

Las dos propuestas implicarían cambios a la Constitución, por lo que requerirían los votos de dos terceras partes de cada cámara legislativa, en las que el PRI representa la primera fuerza pero carece del peso suficiente para aprobar reformas por sí solo.