El costo de los desastres naturales se acentúa por la pobreza y corrupción

Los daños que han causado las lluvias, sequías y huracanes de 2000 a 2012 han ido en aumento en México y acumulan pérdidas económicas por 284,351 millones de pesos, equivalentes a más del presupuesto anual conjunto de las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Seguridad Pública.

Entre las causas que explican este incremento en el costo y frecuencia de los desastres, se encuentran los efectos del cambio climático y fenómenos sociales como la pobreza.

"Hay una clara correlación entre el aumento de las temperaturas promedio en la región y una asociación directa con las precipitaciones. Definitivamente el cambio climático es un detonante", dice Simone Lucatello, investigador asociado del Panel Intergubernamental de Cambio Climático al expicar que uno de los efectos de este cambio es que los eventos hidrometeorológicos son cada vez más recurrentes y de mayor magnitud.

Sin embargo, el incremento de la precipitación por el calentamiento global no es suficiente para explicar la magnitud de los desastres, como los causados recientemente a estados como Guerrero, Oaxaca y Veracruz, a raíz de las tormentas Ingrid y Manuel de septiembre pasado.

“Los desastres no son naturales, como se dice, sino que son socialmente construidos por familias que por precariedad económica se asientan en zonas irregulares o desarrollos que se autorizan sin un diagnóstico previo”, apunta Norlang García Arróliga, subdirector de estudios económicos y sociales del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

“La pobreza también es un problema estructural que se va gestando igual que los desastres (…) El desastre se exacerba por la pobreza”, señala García, al referir que alrededor del 71% de los municipios con declaratorias de desastre en los últimos meses tienen índices de marginación entre alto y muy alto.

“Los estados del sureste - Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tabasco - son los que presentan más declaratorias de desastre en los últimos años, pero esto también está muy ligado a que son los estados más marginados, donde se exacerban los desastres”, agrega.

Se prevé que este lunes, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto dé a conocer el balance de los daños por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, las cuales dejaron al menos 153 muertos y que afectaron principalmente al estado de Guerrero.

Según el Índice de vulnerabilidad frente a inundaciones, desarrollado con el aval del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), se calcula que el 25% de la población, equivalente a 28 millones de mexicanos, vive en áreas susceptibles a inundación. De ahí que la vulnerabilidad de la población se incremente “debido a sus ingresos, su condición social, las condiciones materiales de su vivienda y el acceso a servicios de comunicación”, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El costo de los daños aumenta... pero las cuentas son poco claras

El récord histórico por pérdidas económicas derivadas de desastres naturales se registró en 2010, cuando el huracán Karl, en Veracruz y Alex, en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, dejaron daños por 82,540 millones de pesos.

Dichas pérdidas superaron el monto asignado al Programa Oportunidades ese mismo año (62,335 millones de pesos), según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2010, así como las pérdidas ocasionadas por el terremoto de 1985.

Las pérdidas económicas ocasionadas por tormentas y huracanes se disparó a partir de 2005, año en que los huracanes Wilma, Stan y Emily sumaron 45,096 millones de pesos en costos para los estados Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Veracruz, de acuerdo con información del Cenapred, obtenida por CNNMéxico a través de una solicitud de transparencia.

El aumento en los montos de pérdidas económicas ha provocado que en México los recursos destinados a la prevención y atención del problema se incrementen paulatinamente a través de instrumentos como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden).

Sin embargo, las cuentas de cómo se han invertido estos recursos no han sido claras, considera Daniel Rodríguez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y vicepresidente de la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres.

“En la política de prevención de desastre hay una serie de contradicciones entre el marco normativo, donde se dice que debe haber una planeación para la prevención, y la respuesta en la reconstrucción, porque acaba siendo una especie de oportunidad para negocios y para lucrar”, señaló Rodríguez.

Un documento elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP),  titulado Control y seguimiento del Fonden , señala que las irregularidades más frecuentes se detectaron en las auditorías a obras ejecutadas con recursos del Fonden, entre las que destacan “conceptos de obra pagados o no ejecutados, adquisiciones pagadas en exceso, adquisiciones suministradas no instaladas y faltante de documentación comprobatoria”, así como “incumplimiento de contratos y saldos no ejercidos”.

El documento también menciona la existencia de “pagos improcedentes” que utilizan recursos del Fonden para otro tipo de programas, la realización de obra pública en municipios no considerados dentro de la Declaratoria de Desastre Natural emitida por la Secretaría de Gobernación.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó que se creó un Comité de Transparencia integrado por funcionarioos junto con la sociedad civil para supervisar lo que se destina a la reconstrucción y mejoramiento tras los desastres.

Tras los efectos de las tormentas Ingrid y Manuel, el gobierno federal considera que los daños rebasan los 12,000 millones de pesos provenientes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para atender la emergencia en 20 estados del país, siendo Guerrero la entidad más afectada del país y espera dar a conocer el balance el 21 de octubre.

Cálculos preliminares de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) calculan que las pérdidas podrían ascender a 75,000 millones de pesos, cifra que de ser confirmada por autoridades gubernamentales, representaría el segundo año con mayores pérdidas económicas de la última década.