Causa en Común denuncia omisiones para sancionar desvío de recursos
Causa en Común, la organización social encabezada por María Elena Morera, anunció esta semana acciones legales contra la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la que acusa de omisa al no sancionar el uso indebido de recursos destinados a seguridad en los estados y la capital del país.
Causa en Común, A.C. señaló que analizó los informes de la ASF de 2009, 2010 y 2011 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), y descubrió que aunque se identificaron las consecuencias del mal manejo de recursos y su impacto en la seguridad, no hubo sanción para los funcionarios que incurrieron involucrados.
Luego de que Causa en Común anunciara los amparos que interpuso contra la ASF, la dependencia respondió con un comunicado señalando que ha cumplido con su labor fiscalizadora, y que presentará las pruebas pertinentes ante las autoridades judiciales.
En el comunicado emitido este, la ASF señaló que "no comparte los argumentos" expresados en el recurso legal de Causa en Común y aseguró que hasta ahora "ha cumplido cabalmente" su mandado en la fiscalización del FASP.
Entre las irregularidades más graves detectadas por la organización, Morera señaló el caso de Baja California, donde no se pudo comprobar en qué se gastaron 145 millones de pesos en 2009. En el informe de la ASF de ese año se establece que "no se cuenta con documentación comprobatoria" de dichos gastos, por lo que el estado tuvo que regresar a la cuenta dicho dinero, según se establece en el área de recuperaciones del informe. Baja California recibió ese año recursos del fondo por 281 millones de pesos.
En tanto en 2010, en Veracruz, según el informe de la ASF de ese año consultado por CNNMéxico, se registró un faltante de 122 millones de pesos de la cuenta del fondo, lo que significa "un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal". Ese año, Veracruz recibió 332 millones de pesos del fondo, y el estado "no cumplió con las disposiciones normativas aplicables", afirmó la Auditoría.
Además, la activista citó el informe de la ASF de 2011 , donde se afirma que Veracruz ese año rentó carpas, sillas, realizó la impresión de lonas, rentó audio, compró combustible, compró gorras, pagó bordados y rentó pantallas por un monto de más de 2 millones de pesos, los cuales no están aprobados en la mecánica operativa. Ese año Veracruz recibió recursos por 341 millones de pesos, y solo ejerció el 78% de los recursos.
Morera también citó el caso de Michoacán en 2011, cuando los gastos no comprobados ascendieron 238 millones de pesos, la mayor parte de los 258 millones de pesos que ese año recibió el estado, según el informe de la ASF.
CNNMéxico solicitó su postura a los gobiernos de Baja California y Michoacán, pero aun no ha recibido respuesta. El gobierno de Veracruz, a través de su área de comunicación social, negó que los recursos a los que hace mención Causa en Común hayan desaparecido, y afirmó que estos fueron reembolsados a la federación al no ser ejercidos.
La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas establece que luego de observaciones emitidas por la ASF, los estados pueden reembolsar dinero que había declarado como faltante a la Tesorería de la Federación.
Según el análisis de la organización, que dice buscar la recuperación de la confianza entre la población y sus instituciones, en esos tres años solo el estado de Durango pudo comprobar en qué gastó los recursos del FASP.
En el resto de los estados hubo pagos y gratificaciones por diversas cantidades que no cumplen con las mecánicas del programa, recursos faltantes de cuentas bancarias, pagos de bienes que no se recibieron, así como pagos de bienes con sobreprecio, según Morena.
La también expresidenta de la organización México Unido contra la Delincuencia dijo en entrevista que la ASF por ley "tiene la obligación de dar vista al Ministerio Público, y si se hubiera dado por ejemplo por las irregularidades de Michoacán pues todos lo supiéramos".
"Hay responsabilidad de altos funcionarios y la Auditoría no ha hecho su trabajo completo", acusó.
Según la Ley de Fiscalización, la ASF genera un pliego de observaciones cuando son detectadas irregularidades en el gasto público.
De no ser solventadas, entonces debe promover ante las autoridades competentes las responsabilidades administrativas, civiles, políticas y penales a que haya lugar, tal como lo ha hecho en al menos 265 casos entre 1998 y 2011, según información publicada en su sitio de internet.
Según Morera —quien se volvió activista contra la delincuencia a raíz del secuestro de su marido en 2001—, el objetivo de las acciones legales de su organización —que tiene alianzas con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y organizaciones como el Movimiento por La Paz, México Unido contra la Delincuencia, México SOS, Mexicanos Primero y el Centro de Investigación para el Desarrollo, entre otras— es "fortalecer a la ASF" y que se siente precedente. "Si no tiene dientes que se le ponga dientes, si es negligencia que solucione su negligencia, y si en realidad dieron vista al Ministerio Público que lo digan".
Los recursos federales del FASP están destinados exclusivamente al reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de las policías locales, al equipamiento de las policías preventivas y los custodios de centros penitenciarios, al establecimiento de una red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública, y a la construcción y mejoramiento de instalaciones para la impartición de justicia.