PRI y PAN avalan en el Senado la apertura del petróleo al capital privado

La reforma en materia de hidrocarburos más relevante en los últimos 75 años quedó avalada a pesar del rechazo de la izquierda
La reforma energética se discute en México
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico

La apertura del sector energético a la inversión privada, una reforma que buscaron fallidamente los últimos dos presidentes de México, quedó aprobada este miércoles en el Senado, con el apoyo del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) ante la oposición de la izquierda, que hizo lo posible por alargar la discusión e incluso tomó la tribuna durante unos minutos.

Con la aprobación, el documento pasará a la Cámara de Diputados, donde el PRI tratará de que la principal propuesta del presidente Enrique Peña Nieto quede avalada antes del 15 de diciembre, fecha en la que termina el periodo ordinario de sesiones del Congreso.

La reforma energética modifica tres artículos de la Constitución —25, 27 y 28— para permitir que el Estado celebre contratos con particulares nacionales o extranjeros para la producción de energéticos.

“Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad) o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la ley reglamentaria”, señala el nuevo artículo 27 constitucional, referente al petróleo, el gas y otros hidrocarburos sólidos o líquidos.

El cambio representa un giro de 180 grados respecto de la legislación vigente desde hace 75 años. La expropiación petrolera de 1938, decretada por el entonces presidente Lázaro Cárdena (1934-1940), estableció que esas tareas serían exclusivas del Estado.

Desde esa época, el petróleo es uno de los principales símbolos del nacionalismo mexicano.

Los partidarios de la reforma —el PRI, su aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el PAN— argumentan que ésta es necesaria para modernizar el sector e impulsar el crecimiento económico. También aseguran que el documento especifica que Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los hidrocarburos seguirán siendo “propiedad de la nación”.

Para los partidos de izquierda, sin embargo, la propuesta es privatizadora porque contempla que el Estado ceda control sobre el territorio y pague a los particulares con recursos estratégicos.

La reforma indica que México podrá celebrar con las empresas contratos de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida o de licencia, y que el pago en cada modalidad será diferente. Para los primeros se plantea pagar en efectivo; para los segundos, con una parte de la utilidad generada, y para los terceros y cuartos, con un porcentaje de los combustibles que se produzcan.

De último momento, el PAN y el PRI incluyeron en el dictamen votado que México tendrá como opciones esas modalidades de contratación, “entre otras”, una frase que la izquierda consideró un intento disfrazado por abrir más el sector e incluso dar concesiones a particulares.

“Dictaminaron marginando a la segunda fuerza política del país. Dictaminaron en secreto”, acusó ante el pleno la vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna.

Más tarde, el priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía y uno de los principales promotores de la reforma, afirmó que el debate estuvo abierto a todos los partidos y negó que se vayan a permitir las concesiones a particulares.

“Se mantiene la prohibición de concesiones que, quiero puntualizar, no es sinónimo de un contrato de licencia. La nación mantiene el monopolio sobre la exploración y explotación de los hidrocarburos, así como sobre la planeación y el control del sistema eléctrico nacional”, dijo.

La negociación PRI-PAN

La apertura del sector energético a particulares fue una reforma que en su momento buscaron los entonces presidentes panistas Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012). Sin embargo, ninguno contó con apoyo suficiente en el Congreso.

En esta ocasión, el priista Peña Nieto consiguió el respaldo para reformar la Constitución —que requiere de mayoría calificada—, gracias a que logró negociar con el PAN, segunda fuerza en ambas cámaras legislativas.

A cambio del respaldo panista, el PRI accedió a incluir en la reforma las propuestas de crear un fondo petrolero que administre los ingresos derivados de los contratos con particulares, permitir que empresas participen en la distribución de energía eléctrica y sacar al sindicato petrolero del Consejo de Administración de Pemex.

El PAN es un partido tradicionalmente promotor de la inversión privada en actividades del sector público. Sin embargo, no toda su bancada votó a favor de la reforma energética.

Los senadores Javier Corral y Ernesto Ruffo Appel rechazaron el documento, argumentando que privatiza los energéticos y que fue negociado únicamente entre el gobierno y las cúpulas de los partidos.

“La experiencia privatizadora no ha conseguido ni mejores servicios ni precios más baratos. (…) Lo que se avista no es nada prometedor”, dijo Corral en tribuna.

Ruffo Appel, exgobernador del norteño estado de Baja California —el primero que tuvo un gobierno de oposición en el régimen priista—, había advertido que votaría en contra en represalia por la reforma fiscal que promovió el PRI en octubre, con la que aumentó del 11% al 16% el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las zonas fronterizas.

“No a la privatización”

La reforma quedó aprobada en una sesión que se prolongó durante más de 19 horas, desde las 14:30 del martes a las 9:32 de este miércoles.

Todo el debate estuvo marcado por intercambios de críticas entre los legisladores y protestas de la izquierda.

Antes de la votación en lo general, el panista Jorge Luis Lavalle, integrante de la Comisión de Energía, tachó de “mentirosos” a quienes afirman que la reforma implicará la privatización de los energéticos.

“Mienten quienes dicen que esta reforma privatiza la riqueza de la nación”, dijo.

Momentos después, encabezados por Dolores Padierna y Manuel Camacho Solís, los perredistas subieron a la tribuna, donde extendieron mantas con lemas como “No a la privatización” y acusaron a priistas y panistas de “traición a la patria” y a la expropiación petrolera promovida por Lázaro Cárdenas.

“Quien empieza comprando la presidencia termina vendiendo la patria”, decía otra de las pancartas, mientras el senador Camacho Solís reproducía a través de su tableta electrónica un discurso de Cárdenas.

La protesta de la izquierda únicamente duró unos minutos, al cabo de los cuales los legisladores volvieron a sus escaños a continuar con la sesión.

Antes, sin embargo, los líderes de la bancada advirtieron que a pesar de su desventaja en la votación en el Senado, tratarán de detener la reforma en la Cámara de Diputados o de revertirla por la vía jurídica.

La principal apuesta del PRD consiste en convocar a una consulta popular, en la que se pregunte a la ciudadanía si está a favor o no de la apertura del sector energético a particulares.

“Nos vemos en la consulta popular en 2015”, advirtió el senador Zoé Robledo al concluir la sesión.

“Esto no termina aquí”, dijo el perredista Alejandro Encinas, una de las figuras del grupo parlamentario. “El petróleo, insistimos, es un bien propiedad de la nación, no del gobierno federal ni de ningún partido”.

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