La Cámara de Diputados aprueba la Ley de Consulta Popular
La Ley de Consulta Popular, condición de la izquierda para iniciar el debate de la reforma energética, fue aprobada este martes por el pleno de la Cámara de Diputados con 431 votos a favor, 36 en contra y una abstención y fue turnada al Senado para su discusión.
La legislación establece que se podrá realizar consultas ciudadanas vinculatorias si cuentan con el apoyo de al menos 2% de la lista nominal de electores.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) entregó en noviembre pasado un millón 700,000 firmas al Senado de la República para que se someta a consulta la reforma energética que se prevé sea aprobada antes del 15 de diciembre.
La izquierda busca que se tome en cuenta la opinión de los ciudadanos en la decisión de abrir o no a la iniciativa privada las labores de exploración y explotación del petróleo y otros hidrocarburos.
El 9 de agosto de 2012, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionó una fracción VII al artículo 35 constitucional, que instaura el derecho a los ciudadanos a votar en las consultas populares, respecto de temas de trascendencia nacional.
Según el dictamen, no podrán ser objeto de consulta popular: la restricción de los derechos humanos, los principios del artículo 40 de la Constitución, los asuntos electorales, los ingresos y egresos del Estado, la seguridad nacional ni el funcionamiento de la Fuerza Armada.
La ley estable que podrán solicitar una consulta popular el Presidente de la República, el equivalente al 33 % de los integrantes de la cámaras de Senadores o de Diputados, o al menos el 2% de los ciudadanos de la lista nominal de electores.
El resultado será vinculante cuando participen al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
Los diputados aprobaron más tarde un dictamen para regular la difusión de la consulta popular, el cual también fue turnado a la Cámara alta para su ratificación.
En el documento se adiciona un párrafo al artículo 35 de la Constitución para establecer que el Instituto Federal Electoral (IFE) será quien promueva la difusión y la discusión informada de las consultas populares. El proyecto fue aprobado por 329 votos a favor, cero en contra y 128 abstenciones, por parte de la izquierda.
La reforma establece que “ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular”.