Senadores del PAN y PRD impugnan ante la Corte IVA en la frontera y deuda

Los senadores anunciaron dos acciones de inconstitucionalidad en contra de aspectos de la Ley de Ingresos propuestos por Enrique Peña Nieto
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| Otra fuente: CNNMéxico
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) -

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera y otra relacionada con la deuda pública, presentada el 6 de diciembre.

El senador panista por Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dijo en conferencia de prensa conjunta que 59 senadores firmaron la acción que presentarán este viernes ante el Alto Tribunal, más otros tres que están por agregarse a la lista, lo que sumaría el apoyo de 62, argumentando "que se violan los principios de razonabilidad y racionalidad".

"Hay senadores que votaron por la homologación del IVA en la frontera y sin embargo, al ver los razonamientos de inconstitucionalidad, entonces decidieron acompañar esta acción", dijo el exgobernador de Baja California.

El panista dijo que las modificaciones aprobadas por el Congreso “violan los (principios) de razonabilidad legislativa (…) en virtud de que los motivos y argumentos de justificación que dieron lugar a la reforma para incrementar la tasa del IVA, fueron falsos".

Algunos razonamientos para la homologación del IVA del 11 al 16% en la frontera fueron que “no se da un trato equitativo a los contribuyentes”, pero los opositores a la propuesta de Enrique Peña Nieto consideran que eso es falso.

"La situación de los contribuyentes de frontera y del interior del país no son iguales, por lo que no se le puede tratar igual y esto hace precisamente que se violen principios de equidad tributaria", señalan. 

Otro argumento de la propuesta de reforma fiscal es que la diferenciación del IVA en la frontera propicia una menor recaudación, pero según los opositores a esta medida, el sistema de Atención Tributaria informó que "los ocho estados fronterizos están dentro de las 10 entidades federativas que más IVA pagan, a pesar de la tasa del 11 por ciento".

El senador del PRD, Mario Delgado, informó en la misma conferencia que la segunda acción de inconstitucionalidad fue respaldada por 44 senadores del PAN, el PRD, el Partido del Trabajo y Layda Sansores, de Movimiento Ciudadano.

Esta va en contra de la aprobación de ampliar el déficit presupuestal de 2013 por 70,000 millones de pesos más, "porque Hacienda dijo que se le podían caer los ingresos en el último trimestre".

"Bajo un supuesto, pide una ampliación de la deuda, que no justifica cuál va a ser su destino. Lo más grave es que viola la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", dijo el exsecretario de Finanzas del Distrito Federal.

Agregó que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que ante una caída en los ingresos, el gobierno primero debe reducir los gastos en comunicación social, y después reducir los bonos extraordinarios en personal.

En tercer lugar, dijo, “debe someter a un programa de ahorro a todas las dependencias públicas del Gobierno y no afectar el gasto que vaya a disminuir los servicios públicos".

"¿Qué dice el presidente Peña?: Pues a mí no me metan en esas molestias de reducir gasto en comunicación social; no quita un solo spot y prefiere que el Congreso le dé más deuda. Es un cheque en blanco por 70,000 millones de pesos adicionales”, dijo Delgado.

Argumentó que la ley tendría vigencia a partir de enero de 2014, por lo tanto, no podría ser retroactiva y esto viola el principio de anualidad de la Ley de Ingresos.

"Si se repitiera este mecanismo, ¿por qué es tan peligroso? Porque ya se pierde seriedad en la aprobación de la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos", advirtió. "Se pierde este equilibrio de poderes (…) donde los representantes de la gente decidan los impuestos y los gastos y que el Ejecutivo simplemente haga lo que el Congreso le ordena. Aquí se perdería este balance".

Con esto, también se busca que se declaren nulos todos los contratos o cualquier acto jurídico, relacionados con la contratación de deuda pública, por el monto de 70,000 millones de pesos adicionales.

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