La reforma energética pasa a revisión en los congresos de los estados
Aunque la polémica reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto quedó aprobada por el Congreso de la Unión, todavía le resta un largo camino por recorrer, puesto que requiere el aval de los congresos estatales para poder convertirse en realidad.
El documento que plantea la apertura del sector energético a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, fue remitido este mismo jueves a las legislaturas estatales, un requisito que deben cumplir las modificaciones a la Constitución.
El texto que el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron esta semana en tres días incluye cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, así como 21 artículos transitorios que establecen, entre otras cosas, los plazos para la elaboración de las leyes secundarias y para que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se conviertan en "empresas productivas" del Estado.
Se trata del cambio más relevante en este sector desde la expropiación petrolera de 1938 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, un hecho considerado símbolo del nacionalismo en México.
La reforma necesita el visto bueno de más de la mitad de los congresos estatales para que Peña Nieto pueda promulgarla y que entre en vigor.
El cumplimiento de ese requisito tiene a su favor que el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), impulsores del documento, representan la primera fuerza en 28 de las 32 legislaturas locales.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), principal partido de la izquierda y opositor a la reforma, únicamente es la primera fuerza en tres (Distrito Federal, Guerrero y Tabasco) y empata en curules con el PRI en uno (Morelos).
Ante el avance de la reforma —que el PRI y el PAN defienden argumentando que modernizará el sector e impulsará el crecimiento económico—, la izquierda busca alternativas para frenar lo que considera un intento por privatizar los energéticos.
El PRD, por un lado, ha advertido que insistirá en que el documento sea sometido a una consulta popular, una figura incluida en la Constitución con la reforma política de 2012.
Los perredistas afirman que los ciudadanos tienen derecho a que se les consulte sobre cambios tan relevantes para el país. Sin embargo, el ejercicio aún carece de una legislación reglamentaria y el PRI considera que el tema energético no puede ser consultado porque está relacionado con la hacienda pública.
El artículo 35 constitucional indica que, entre otros asuntos, no podrán ser objeto de consulta "los ingresos y gastos del Estado".
"La Constitución dice que las materias de ingresos y de gasto no son una materia de plebiscito. (…) Lo cierto es que lo que genera (el petróleo) a la nación son ingresos. Entonces, eso es un debate que tendrá que tener una interpretación en su momento", dijo el martes el senador priista David Penchyna en una entrevista para MVS Radio.
Penchyna es presidente de la Comisión de Energía del Senado y desde esa posición fue uno de los principales promotores de la reforma de Peña Nieto.
Una vez reglamentada la consulta popular, la autoridad electoral tendrá que verificar la validez del millón 700,000 firmas reunidas por el PRD y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá que resolver si el tema es procedente o no.
Otro sector de la izquierda, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), encabezado por el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado por su parte que realizará cercos en las sedes de los congresos estatales , con el fin de impedir el avance de la propuesta presidencial.
Desde el 1 de diciembre, simpatizantes Morena instalaron un cerco alrededor del Senado, que estuvo blindado desde un día antes con vallas metálicas de casi tres metros de altura y al menos 600 policías.
Día y noche, entre 100 y 300 manifestantes se manifestaron golpeando la valla o lanzando consignas. Desde ahí exhibían las fotos de los senadores que impulsaron la iniciativa de Peña Nieto.
Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas y fundador del PRD, ha expresado que lo aprobado implica un retroceso a la época porfiriato (finales del siglo XIX y principios del XX), cuando la explotación del petróleo estaba en manos de compañías extranjeras.
La izquierda no pudo frenar la reforma debido a que fue superada en número por el PRI y el PAN. Sin embargo, no ha dejado el camino libre.
Los legisladores del PRD dieron sendos debates de más de 20 horas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y señalan que las modificaciones representan la privatización de los recursos energéticos.
Una vez que cuente con el aval de la mayoría de los congresos estatales, la reforma podrá ser promulgada. A partir de entonces, el Congreso tendrá cuatro meses para aprobar las leyes secundarias, que solo requieren mayoría simple para ser aprobadas.
Es justo en la legislación reglamentaria donde algunos panistas consideran que debe tenerse mayor cuidado, pues en las "letras pequeñas" pueden fijarse controles para garantizar transparencia en la aplicación de la reforma o, por el contrario, dejarse huecos que permitan un uso discrecional.
De las reformas impulsadas por Peña Nieto, la educativa es la única ya avalada a nivel constitucional y con leyes secundarias. La de telecomunicaciones todavía tiene pendiente su reglamentación, mientras que la política está en el Senado para una nueva revisión.
El PRD insiste en que no piensa dejar las cosas así. Desde ahora, busca que se apruebe la ley de consulta popular —ya avalada por los diputados—, como instrumento para tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos, y apuesta a revertir la reforma energética en 2015.
Por ahora, eso no preocupa al PRI, que cierra su primer año de regreso a la presidencia con la reforma más anhelada para los últimos tres presidentes de México.