La regulación de las marchas confronta a diputados y autoridades del DF

La ley para regular las manifestaciones que avanza en la Cámara de Diputados disgustó al jefe de gobierno, legisladores locales y la CDHDF
Legisladores buscan regular marchas en el DF
Lizbeth Padilla Fajardo
Autor: Lizbeth Padilla Fajardo | Otra fuente: CNNMéxico
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) -

El avance de una ley que busca regular las manifestaciones en la Ciudad de México enfrenta a legisladores federales con las autoridades capitalinas y los diputados locales, quienes ya amenazaron con utilizar recursos legales para echar atrás la norma.

El Partido Acción Nacional (PAN) tomó la delantera en el tema en la Cámara de Diputados y, con apoyo del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), consiguió que este mes se aprobara en comisiones el dictamen de la Ley de Manifestaciones Públicas en la Ciudad de México, que limita los bloqueos de vialidades y sanciona los actos violentos.

El documento establece que los organizadores de una marcha deben informar 48 horas antes a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), y prohíbe el bloqueo total de vialidades primarias, así como que los manifestantes profieran insultos o amenazas, empleen violencia contra las personas y sus bienes, o intimiden u obliguen a la autoridad a resolver algún asunto en el sentido que deseen.

La regulación de las marchas en el DF es una demanda recurrente del PAN. El partido argumenta que las movilizaciones afectan los derechos de terceros porque dificultan la movilidad de los ciudadanos y la actividad de los comercios.

Este año, los panistas arreciaron sus exigencias a raíz de los disturbios que ocurrieron en algunas marchas en el centro de la ciudad y de los bloqueos que grupos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) montaron en torno a las sedes del Congreso, en protesta contra reformas estructurales.

La diputada local panista Laura Ballesteros dijo en entrevista que las autoridades locales "han rehuido del tema", en referencia al Gobierno del DF (GDF), encabezado por Miguel Ángel Mancera, y a los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la fuerza que gobierna en la ciudad desde 1997.

Para Ballesteros, por esa razón es necesario que el asunto se resuelva desde el nivel federal, pues los derechos de los manifestantes no pueden estar encima del derecho al libre tránsito.

En contraste, el perredista Manuel Granados, presidente de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), ha asegurado en varias ocasiones que la legislatura local no entra al tema porque no tiene atribuciones para regular un derecho constitucional como es la libre manifestación.

"¿En qué sí tenemos atribuciones como asamblea? En regular los bloqueos como una falta administrativa, que es una cosa muy distinta. En justicia cívica y buen gobierno", dijo en septiembre pasado.

El GDF alista sus 'armas'

Aunque la Ley de Manifestaciones Públicas en la Ciudad de México no pasó al pleno de la Cámara de Diputados en el pasado periodo de sesiones y deberá esperar hasta febrero para ser votada, autoridades y legisladores locales ya preparan una estrategia contra la norma.

El jefe de gobierno ordenó a la Consejería Jurídica que analice los posibles recursos que el GDF podría interponer en caso de que la propuesta de ley sea aprobada por el Congreso federal.

En la ALDF, la diputada perredista Ernestina Godoy consideró que la propuesta de los diputados federales "no tiene bases constitucionales ni legales, (por lo que) podría ser impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)". 

Raúl Flores, dirigente del PRD en el DF, también pidió a legisladores del PAN y del PRI en la Cámara baja que no caigan en excesos al querer legislar desde el ámbito federal una cuestión local.

"Nos vamos a oponer y vamos a recurrir en todos los foros políticos y jurídicos contra la medida que atenta contra las garantías individuales de los capitalinos", dijo en entrevista.

Según Flores, los poderes locales podrían emprender una controversia constitucional por posible invasión de facultades. 

Históricamente, el PRD ha sido promotor de protestas y movilizaciones en la ciudad.

La ALDF, donde el partido de izquierda es primera fuerza, ha rechazado poner límites a las manifestaciones, pero recientemente, tras disturbios en algunas marchas, aprobó aumentar hasta en 50% las penas por los delitos de lesiones dolosas y homicidio contra los policías que vigilen actos públicos.

"Tendencia punitiva"

La Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) también se opone a la propuesta para regular las marchas, pero no por un exceso de facultades, sino porque considera que tanto la propuesta del PAN federal como las que han presentado legisladores panistas en la ALDF violan los derechos humanos y son inconstitucionales.

Según la titular del organismo, Perla Gómez Gallardo, no se requiere de una regulación de marchas sino de contar con un "modelo integral de armonización de derechos, a partir de un enfoque de prevención, diálogo y atención basada en derechos humanos, generando una buena interlocución entre autoridades".

"Nos llama la atención, incluso en las regulaciones que se están plasmando (a nivel local y federal), que todas tienen una tendencia punitiva o abolicionista, no tienen una tendencia integral de respeto y armonización de los derechos de todas y todos", señaló recientemente.

En 2006 y 2012, hubo dos iniciativas que buscaron regular las manifestaciones en la capital. Una fue presentada por los partidos del Trabajo, Convergencia y Alternativa Socialdemócrata y Campesina. La otra fue del Partido Verde, pero ninguna prosperó.

El PAN en la ALDF también presentó sus propuestas. En todas se plantean horarios y lugares para realizar las marchas, así como establecer el requisito de que una persona se haga responsable de la manifestación.

Para la CDHDF, todos estos planteamientos tienen una "sobrecarga de obligaciones y responsabilidades" para quien participa en una marcha, lo que pone a los manifestantes en desventaja frente a las autoridades. Por ello, la comisión también se prepara para dar la batalla legal contra la propuesta de regulación.

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