La Corte se inclina a favor de localizar celulares sin orden judicial

Aunque la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha inclinado hasta este lunes por considerar constitucional que las autoridades federales conozcan la ubicación geográfica de un teléfono celular sin tener la orden de un juez, algunos de ellos mantienen sus reservas y piden que antes de que se emita el fallo, se fijen límites a esta medida de manera que se eviten abusos contra ciudadanos.

Siete de los 11 ministros se han pronunciado por la constitucionalidad de la llamada ley de geolocalización, que permite a la Procuraduría General de la República (PGR) solicitar la georreferenciación de celulares a las empresas telefónicas directamente, con lo cual se busca combatir delitos graves como  el secuestro y la extorsión .

En el segundo día de discusión, los ministros Luis María Aguilar, Fernando Franco y Arturo Zaldívar se manifestaron este lunes a favor de que la ley sea declarada constitucional, mientras Olga Sánchez Cordero rechazó la norma.

Con esto, la votación que se perfila en el pleno es de siete votos en pro y tres en contra, con lo que la ley sería declarada válida. El ministro presidente, Juan Silva Meza, dará su posición en el tema en la sesión de este martes.

Para algunos ministros que apoyan la ley, sin embargo, la SCJN debe analizar el asunto a fondo y establecer en su fallo que la medida debe apegarse a normas internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos.

El ministro Fernando Franco, por ejemplo, consideró que la ley es "indispensable" para que la PGR investigue y persiga delitos graves como el narcotráfico o el secuestro. Sin embargo, reconoció que con la medida "en los hechos se podrían generar muchas situaciones indebidas e irregulares" que afecten la privacidad de los ciudadanos.

Por ello, llamó a que el fallo de la SCJN no se limite a declarar si la ley es constitucional o no, sino que señale que las autoridades que ejerzan esta facultad estarán obligadas a justificar su uso.

La ley de geolocalización se refiere a las reformas que el Congreso mexicano hizo en 2012 al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, en las que estableció que la PGR podrá, sin previa autorización de un juez, solicitar a compañías de telefonía celular que localicen aparatos en tiempo real.

Los casos en los que la autoridad podrá acudir a este recurso son cuando se trate de delincuencia organizada, delitos contra la salud (narcotráfico), secuestro, extorsión o amenazas.

Franco dijo en la sesión que la SCJN debe aclarar, entre otros puntos, que toda solicitud de la PGR a las empresas telefónicas debe contener razones detalladas.

El ministro Zaldívar coincidió en que la ley implica una intromisión en la vida privada de los ciudadanos, por lo que su uso sólo estará justificado si las autoridades argumentan que la localización de un aparato está "debidamente motivada" para resolver un delito grave o si la vida o la integridad de una persona está en riesgo.

"Creo que efectivamente sí hay una afectación a la intimidad y a la vida privada. Sin embargo, me parece que lo que tenemos que analizar es si esta intromisión está o no justificada constitucionalmente", dijo el ministro, quien pidió incluir en el proyecto una ponderación de los convenios internacionales.

Para la ministra Sánchez Cordero, por el contrario, aunque el objetivo de la ley sea perseguir delitos, su utilización no está justificada y es violatoria de los derechos humanos.

"La medida busca un fin legítimo (…) pero carece de garantías suficientes para ser una medida absolutamente necesaria. (…) La lucha contra la inseguridad ciudadana no legitima cualquier interferencia", dijo.

En México existen alrededor de 103 millones de teléfonos celulares. La mayor parte del mercado (68%) es controlada por Telcel, seguido de Telefónica (19%), Iusacell (7%) y Nextel (4%).

El secuestro y la extorsión son dos delitos de alto impacto que más han crecido en México en los últimos meses . De enero a noviembre de 2013 se denunciaron 1,583 casos, 32% más que el año anterior en todo el país. En tanto, con respecto a la extorsión, de enero a noviembre se registraron 7,441 denuncias, 11% más que en 2012.

El tema llegó a la SCJN debido a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley, argumentando que afecta la privacidad de los ciudadanos.

Los siete ministros que hasta ahora apoyan la ley son Margarita Luna Ramos —ponente—, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Aguilar, Franco y Zaldívar. Los tres que están en contra son José Ramón Cossío, Sergio Valls y Sánchez Cordero.

De mantenerse esas posiciones, el recurso de la CNDH se vendría abajo, ya que para que la SCJN declare inconstitucional una ley se necesitan los votos de al menos ocho de los 11 ministros.