La Corte prevé fijar límites a ubicación de celulares sin orden judicial

El fallo se pospuso para que el proyecto sea modificado y se señalen las excepciones en que un teléfono podrá ser rastreado
Tu teléfono inteligente, ¿un espía móvil?
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico

A pesar de que la mayoría de los ministros se ha declarado a favor de que autoridades federales localicen teléfonos celulares relacionados con crímenes sin orden judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso su fallo para que el proyecto de resolución sea modificado y se incluyan las excepciones en las que esa facultad podrá utilizarse.

La propuesta de modificación será presentada, discutida y votada el jueves, informó la ministra Margarita Luna Ramos durante la sesión de este martes.

Luna Ramos es la autora del proyecto que plantea declarar constitucional la llamada ley de geolocalización, una medida que genera polémica porque permite a la Procuraduría General de la República (PGR) solicitar a las compañías telefónicas que rastreen aparatos vinculados con delitos graves, sin tener que contar con autorización de un juez. La norma está vigente desde 2012.

Ocho de los 11 ministros están a favor del proyecto. Sin embargo, cuatro de ellos consideran que es necesario que la SCJN fije los criterios que deberá seguir la PGR, a fin de evitar abusos contra ciudadanos.

Arturo Zaldívar, uno de esos cuatro ministros, consideró que no basta con que la ley señale que la medida únicamente podrá emplearse cuando se trate de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, amenazas y extorsión, sino que debe restringirse a "casos de urgencia", es decir, cuando peligre la vida o la integridad de una persona o el objeto del delito pueda desaparecer.

"En mi opinión, sólo mencionar los tipos de delitos no es suficiente para que se surtan los estándares constitucionales y convencionales", dijo Zaldívar.

12 claves de la 'ley de geolocalización'

Los otros tres ministros que apoyan la ley pero piden ponerle límites son Juan Silva Meza —presidente de la SCJN—, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Fernando Franco, quien el lunes propuso establecer que toda solicitud de la PGR haga a una compañía telefónica justifique por qué debe rastrearse un aparato.

Luna Ramos dijo que reunirá esos planteamientos y presentará una sola propuesta de redacción.

Hasta ahora, los cuatro ministros que respaldan en proyecto en sus términos son Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y la propia Luna Ramos.

Los cuatro consideran que la ley es una herramienta necesaria para combatir delitos graves como el secuestro y la extorsión, que aumentaron en el último año, y que no representa una violación a la intimidad porque localizar un teléfono celular no conlleva la intervención de llamadas o de sus mensajes.

El secuestro y la extorsión son dos delitos de alto impacto que más han crecido en México en los últimos meses. De enero a noviembre de 2013 se denunciaron 1,583 casos, 32% más que el año anterior en todo el país. En tanto, con respecto a la extorsión, de enero a noviembre se registraron 7,441 denuncias, 11% más que en 2012.

En contraste, los tres ministros que están en contra son Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls y José Ramón Cossío, para quienes la ley es inconstitucional porque viola el derecho humano a la privacidad.

"La norma, a mí juicio también, es eminente y frontalmente inconstitucional por no contener los elementos suficientes para salvaguardar el derecho humano a la privacidad. (…) El punto de partida debe ser el derecho humano que protege la Constitución y no la facultad de investigación (de la PGR)", dijo Cossío.

La PGR tomará el control de tu celular

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La ley de geolocalización data de 2012, cuando el Congreso mexicano reformó el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Esas reformas fueron impugnadas ante la SCJN por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para la que la ley derivará en abusos contra ciudadanos. Sin embargo, de mantenerse las posturas en el máximo tribunal, el recurso de la CNDH no prosperará pues se necesitan los votos de al menos ocho ministros para que una norma sea declarada inconstitucional.

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