La CIDH pide a EU y Texas frenar la ejecución del mexicano Édgar Tamayo

Las autoridades de EU deben revisar el juicio contra el mexicano porque en él se violaron sus derechos humanos, según la comisión
Rick Perry  Rick Perry
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico

A menos de una semana de la fecha en la que el gobierno de Texas prevé ejecutar al mexicano Édgar Tamayo Arias por el homicidio de un policía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a los gobiernos estatal y de Estados Unidos suspender la condena y revisar el juicio. 

"(La CIDH) insta a Estados Unidos de América a suspender la ejecución de Édgar Tamayo Arias, la cual está programada para el 22 de enero de 2014 en el estado de Texas, y a otorgar al señor Tamayo una reparación efectiva que incluya la revisión de su juicio conforme con las garantías del debido proceso y de un juicio justo", informó el organismo este viernes en un comunicado. 

El exhorto de la CIDH se produce mientras la familia de Tamayo, sus abogados y organizaciones internacionales de derechos humanos buscan también detener la condena y solicitan que le sea conmutada. 

La defensa del mexicano, encabezada por la abogada estadounidense Sandra Babcock, informó al mediodía en un comunicado que solicitó a la Corte de Apelaciones Criminales de Texas y a la Corte de Distrito del condado de Harris que ordenen suspender la ejecución. 

CNNMéxico buscó a los abogados de Tamayo para conocer su punto de vista sobre la petición de la CIDH, pero no ha obtenido respuesta. 

Tamayo, de 46 años, fue detenido y condenado a muerte en 1994 acusado de asesinar a un policía estadounidense en Houston, Texas. 

La defensa, sin embargo, argumenta que el juicio debe ser revisado porque el mexicano no recibió asistencia consular cuando fue detenido, porque el defensor de oficio entonces designado a su caso hizo una labor deficiente y porque Tamayo padece retraso mental. 

Un documento que Babcock entregó a la CIDH en 2012 indica que Tamayo estuvo en coma a los 17 años después de que un toro lo golpeó y, tras el accidente, el mexicano se volvió más agresivo y comenzó a consumir drogas y alcohol para aminorar los dolores de cabeza. 

Los abogados argumentan que los problemas mentales de Tamayo no fueron tomados en cuenta durante el juicio, sino que salieron a la luz años más tarde, luego de que un neuropsicólogo pagado por el consulado mexicano en Houston revisó al acusado. 

El médico entonces concluyó que la lesión en la cabeza le causó "significativas discapacidades intelectuales" comparables al retraso mental. 

Durante las últimas semanas, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, la Cancillería mexicana y el gobierno de Morelos —de donde Tamayo es originario— han solicitado a Texas que suspenda la ejecución e incluso que conmute la condena por cadena perpetua. Hasta ahora, sin embargo, el gobernador Rick Perry se ha negado argumentando que Tamayo debe pagar por su crimen. 

La familia del mexicano viajó recientemente a Estados Unidos para encontrarse con él, informó en entrevista el diputado Francisco Coronato, de Movimiento Ciudadano. Coronato es uno de los legisladores mexicanos que han seguido el caso y era presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos cuando Tamayo fue sentenciado. 

"La defensa ha planteado que se seguirá luchando hasta el último momento para salvar la vida de Édgar Tamayo", dijo. 

Amnistía Internacional (AI) también ha intensificado su campaña para frenar la ejecución de Tamayo, que considera contraria a los derechos humanos. En días pasados, la organización entregó más de 17,000 firmas a autoridades estadounidenses, solicitando la suspensión de la condena. 

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"Desde Amnistía Internacional y otras organizaciones estamos tratando de visibilizar el caso y contribuir a la presión pública", dijo en entrevista Daniel Zapico, representante de AI en México. 

Para las organizaciones civiles, la situación de Tamayo es relevante porque forma parte del llamado caso Avena, como se conoce a la resolución de la Corte Internacional de Justicia que ordenó a Estados Unidos revisar los juicios contra más de 50 mexicanos sentenciados sin haber tenido un debido proceso.

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