La Corte inicia debate sobre validez de Ley de Extinción de Dominio del DF
La validez de la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal, que permite a las autoridades de la capital mexicana apropiarse de bienes de la delincuencia, avanzó este lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los ministros iniciaron el debate sobre la constitucionalidad de la legislación.
La norma fue impugnada en 2010 por la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), que entonces presentó una acción de inconstitucionalidad señalando la violación de derechos fundamentales, como el derecho de los propietarios a la seguridad jurídica o el derecho de audiencia.
Hasta ahora, seis de los 11 ministros del máximo tribunal se han pronunciado a favor de que la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) legisle en la materia, pues consideran que la Constitución no lo prohíbe.
Los ministros que apoyaron ese poder de la ALDF son Luis María Aguilar, José Ramón Cossío, Fernando Franco —responsable de analizar el tema—, Alberto Pérez Dayán, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar.
En contraste, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena consideró que la Constitución "no establece ninguna facultad de manera expresa" para que la ALDF cree leyes que permitan a las autoridades apropiarse de bienes de la delincuencia, previa orden judicial.
Las leyes de Extinción de Dominio, tanto federal como locales, fueron impulsadas por el expresidente Felipe Calderón, que durante su gobierno (2006-2012) argumentó que ese instrumento jurídico permitiría a las autoridades debilitar las finanzas de los grupos delictivos quitándoles la propiedad de los bienes que les fueran decomisados.
De 2009 a octubre de 2013, la Federación obtuvo 23 inmuebles en varios estados del país —no específica la distribución—, según la Procuraduría General de la República (PGR).
Una vez que concluya la discusión sobre las facultades de la ALDF —lo que se prevé que ocurra este martes—, los ministros tendrán que pronunciarse sobre si la Ley de Extinción de Dominio local es constitucional o no.
El proyecto del ministro Franco propone declarar válida la ley, que para ser desechada como inconstitucional requeriría los votos de al menos ocho ministros.
El debate en la Corte inició tres días después de que el actual gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, pidiera a los diputados de Michoacán aprobar una ley local en la materia , para "asfixiar financieramente a las organizaciones criminales" que operan en el estado.