El Congreso eleva a 40 años de prisión las penas por terrorismo

Las reformas, a las que sólo falta ser promulgadas, también castigan a quienes financien o planeen actos terroristas en territorio mexicano
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| Otra fuente: CNNMéxico

El Congreso mexicano aprobó este martes elevar a 40 años de prisión las penas para quienes cometan actos de terrorismo o los financien y envió la reforma al presidente Enrique Peña Nieto para que sea promulgada. 

La propuesta fue presentada por el propio mandatario en junio de 2013.

Este martes, la iniciativa recibió el visto bueno del Senado, luego de que fuera avalada por la Cámara de Diputados en diciembre. 

La reforma establece que se castigará con penas de entre 15 y 40 años de prisión, así como con multas de 27,000 a 80,000 pesos, a quienes utilicen armas químicas, biológicas, radiactivas, de fuego u otro tipo para llevar a cabo actos que busquen generar temor entre la ciudadanía.

"(Se castigará a quien) intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación", señala el dictamen aprobado.

Las mismas penas se aplicarán a quienes financien ese tipo de ataques; atenten contra jefes de Estado, de gobierno o cancilleres de otros países, o planeen en territorio mexicano atentados terroristas en otros países.

Para quienes cometan actos de terrorismo, el castigo aumentará en 50% si la acción afecta inmuebles de acceso público, afecta la economía nacional o si en ella los responsables toman rehenes. 

La reforma implica modificaciones a seis leyes: el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal de Delincuencia Organizada, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Extinción de Dominio y la Ley Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución.

Durante la sesión del Senado, legisladores de izquierda criticaron el dictamen y votaron en contra, pues consideraron que la reforma abre la posibilidad de que se criminalice la protesta social.

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"Los términos en que viene establecido el decreto vulneran profundamente los derechos sociales y las garantías individuales de los ciudadano mexicanos al establecer de manera muy difusa, profusa y confusa en el artículo 139 (del Código Penal Federal) a quiénes se les establecerán las penas y sanciones en materia de terrorismo", dijo Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En respuesta, el senador Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Comisión de Justicia, rechazó que el propósito de la reforma sea limitar la protesta social. En cambio, señaló que su objetivo ayudar a que México enfrente un fenómeno global.

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